Agencias

Eva Kailí, imputada en el escándalo de lavado de dinero y corrupción en la Eurocámara vinculado a Qatar, se declaró inocente -a través de su abogado- y negó haber recibido dinero de ese país, pero mientras esto ocurría, la policía anunciaba que había encontrado un millonario botín en efectivo en su casa, tras lo cual fue destituida como vicepresidenta del Parlamento Europeo.

"Ella no tiene nada que ver con la financiación de Qatar, nada, explícita e inequívocamente. Esa es su posición", uno de sus abogados, Mijalis Dimitrakópulos, en declaraciones a la cadena de televisión griega OPEN, previo al millonario hallazgo que quitó el piso a las afirmaciones del abogado.

El letrado agregó que Kailí, quien se encuentra en prisión preventiva en Bélgica, no ha "realizado ninguna actividad comercial en su vida".

En cuanto al padre de Kailí, quien, según los medios, fue detenido mientras intentaba escapar con bolsas llenas de billetes, el letrado aclaró que las autoridades belgas no le impusieron condiciones restrictivas y que "es libre si quiere venir a Grecia".

La eurodiputada socialdemócrata griega fue destituida por el pleno de la Eurocámara de todas sus funciones durante la última jornada, tanto en Grecia como en el Parlamento Europeo, dado que es una de las cuatro personas en prisión preventiva bajo la acusación de presunta participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en relación con un país árabe.

Según varios medios belgas, además de la socialdemócrata Kailí, el juez imputó con los mismos delitos a su compañero y asesor en el Parlamento Europeo Francesco Giorgi, a un lobista bruselense y al exeurodiputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panzeri.

Millones en efectivo

Tras las enfáticas declaraciones del abogado, trascendió que la policía judicial federal belga encontró más de un millón y medio de euros en dinero efectivo en los domicilios de la ya exvicepresidenta de la Eurocámara, la griega Eva Kailí, y del exeurodiputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panzeri, confirmaron fuentes de la Fiscalía federal.

Por un lado, los investigadores encontraron alrededor de 600.000 euros en la vivienda de Panzeri, mientras que el resto del dinero fue hallado en el domicilio de Eva Kailí y de su compañero Francesco Giorgi, así como en manos del padre de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo.

Está previsto que Panzeri, Kailí y Giorgi, contra quienes el juez Michel Claise emitió una orden de arresto, así como una cuarta persona detenida por el mismo caso, comparezcan ante la Cámara del consejo de Bruselas hoy, que decidirá si los mantiene o no detenidos.

Organismos argentinos de derechos humanos denunciaron la supuesta persecución judicial o lawfare que, en su opinión, está sufriendo la vicepresidenta, Cristina Fernández, condenada por corrupción a seis años de cárcel, aunque estos grupos aseguran que fue "sin pruebas".

"La democracia está en riesgo en el país, pero está en riesgo en todo el continente", dijo Adolfo Pérez Esquivel, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1980, en una conferencia junto a otros referentes, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Las voceras de esta última, Taty Almeida y Mabel Careaga, leyeron un manifiesto crítico con los jueces que condenaron a Fernández, firmado por más de 40 organismos.

"Este tribunal político busca, a través de una condena sin pruebas, proscribir de por vida a la principal dirigente política de nuestro país, con un fallo que constituye una clara muestra de que en nuestro país existe el lawfare", señala el texto.

Hace una semana, Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la administración pública en una causa por irregularidades en la concesión de obras durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Tras el veredicto, la vicepresidenta, que no puede ser detenida por la inmunidad de su cargo, afirmó ser víctima de la "mafia judicial".

Según los organismos humanitarios, esta es una "persecución del poder judicial, poder mediático y los poderes concentrados de la economía" contra "líderes populares".

Advierten de presuntas "coincidencias" con lo ocurrido al expresidente de Brasil y hoy mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva, que en 2018 fue "encarcelado por casi 2 años en un juicio bochornoso, sin pruebas ni garantías constitucionales, al punto que más tarde debió ser anulado".

Los grupos criticaron, además, la "connivencia entre jueces, fiscales, funcionarios, agentes de inteligencia e importantes empresarios mediáticos".

El Gobierno húngaro anunció ayer que se retrasará hasta fines de febrero el proceso para dar su aprobación a la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia, un paso que ya han dado todos los socios de la Alianza, menos el país centroeuropeo y Turquía.

El debate de ratificación no comenzará hasta que se reanude la actividad parlamentaria el 20 de febrero, según anunció el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, quien indicó que el proceso no se prolongará mucho tiempo.

Previamente, varios miembros del Ejecutivo habían anunciado que la ratificación sería a principios de febrero.

En octubre, el Gobierno húngaro dijo que la aprobación sería en diciembre.

Gulyás añadió que el apoyo de los diputados gubernamentales, que cuentan con una mayoría de dos tercios en el Parlamento húngaro, "parece estar asegurado".

"Igual que podemos contar con nuestros aliados, nuestros aliados pueden contar con nosotros", afirmó.

Finlandia y Suecia solicitaron entrar a la OTAN en reacción a la invasión rusa de Ucrania. Hasta ahora, 28 de los 30 miembros de la Alianza, todos menos Hungría y Turquía, han dado su visto bueno a los dos nuevos socios escandinavos.

Actualmente, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, es el líder de la Unión Europea con más estrechos vínculos con Moscú.

Varios países comunitarios, como Alemania, e incluso aliados tradicionales de Hungría, como República Checa, Polonia y Eslovaquia, han pedido a Budapest que apruebe la ratificación de la entrada de Finlandia y Suecia.

El Gobierno turco, que en un inicio se opuso al ingreso de Suecia y Finlandia, a los que acusó de dar cobijo a militantes kurdos considerados terroristas por Ankara, cree que Estocolmo y Helsinki todavía deben dar más pasos para lograr su visto bueno final.

El Ministerio de Comercio de China presentó una demanda contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las restricciones impuestas por el país norteamericano a las exportaciones de chips. Washington "obstaculiza el comercio internacional de semiconductores" y "amenaza la estabilidad de las cadenas industriales globales", aseguró el Ministerio. Además, China acusa EE.UU. de "perjudicar el desarrollo pacífico global" y de "violar leyes económicas básicas". En octubre, el Departamento estadounidense de Comercio anunció una orden que impedirá a compañías o individuos chinos acceder a microchips o componentes fabricados en Estados Unidos, bajo amenaza de sanciones.

El Parlamento de Nueva Zelanda aprobó una ley que prohíbe de manera progresiva la venta de tabaco a partir de 2027, lo que convertirá al país en el segundo en ilegalizar este producto después de Bután. La norma, que fue presentada por el Gobierno en diciembre del año pasado, establece que los nacidos a partir del 1 de enero de 2009, comenzando por los que este año tienen 13 años y cumplen 18 en 2027, no podrán comprar nunca tabaco legalmente en Nueva Zelanda. La ley, defendida por el Partido Laborista de la primera ministra, Jacinda Ardern, fue aprobada con 76 votos a favor y 43 en contra. "Esta legislación acelera el progreso hacia un futuro libre de tabaco", indicó la ministra asociada de Salud, Ayesha Verral.