Sebastián Mejías O.

Si bien el "Acuerdo por Chile" para reiniciar el proceso constituyente fue transversalmente firmado por representantes políticos, desde el Partido Comunista, pasando por Amarillos por Chile hasta la UDI, también fue objeto de reproches provenientes de diferentes mundos con sus respectivos argumentos. Al igual como ocurrió en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, las críticas llegaron desde el sector que representa el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, pero también hubo cuestionamientos desde el Partido Republicano y de ex convencionales constituyentes que representaron a la región en el fallido proceso anterior.

El propio gobernador regional, Rodrigo Mundaca, aseguró que le parece raro que se apunte a un órgano mixto con convencionales electos y otros designados por el Congreso, argumentando que "es un reflejo de que se carece de confianza respecto a la soberanía popular y en que el pueblo pueda escoger sus propios constituyentes".

Su mayor preocupación es que "se está cometiendo un acto bastante temerario, pensando en que las protestas del 18 de octubre de 2019 también fueron en contra de las formas tradicionales y conservadoras de hacer política desde el Parlamento". En ese sentido, recordó "que la gran mayoría de ese Parlamento hoy día está severamente cuestionado y, por tanto, están dando una discusión que puede generar condiciones de muchísima insatisfacción".

QuE NADA CAMBIE

Desde el comienzo de las negociaciones y de la posibilidad de limitar el porcentaje de convencionales electos por voto popular que el sharpismo y su formación política en gestación, Transformar Chile, vienen siendo críticos y reclamando permanentemente por repetir la fórmula 100% electa de la Convención.

Para el alcalde Jorge Sharp, "el nuevo acuerdo es todo lo contrario a lo que se requiere para resolver una crisis política como la que vive el país, ya que es un proceso tutelado por los poderes políticos y económicos para que nada cambie". Lo que más le llama la atención "son los partidos de la alianza de Gobierno festejando un acuerdo que va en contra de lo que los pueblos de Chile determinaron".

"Se van a fijar las nuevas reglas sin participación de la ciudadanía y eso va a quedar marcado en la historia de Chile", reclamó el jefe comunal, asumiendo que el desafío que tendrá su movimiento político para lo que viene será "a pesar de las condiciones adversas, proponer un camino para que la participación popular no sea excluida como sí lo busca consagrar este acuerdo".

En tanto, la exconvencional representante del sharpismo en el anterior proceso, Tania Madriaga, cuestionó que "una vez más, la clase política demuestra su verdadero interés de que no cambie el sistema con el que se han visto beneficiados los últimos 30 años".

Sobre los expertos que serán designados para la comisión y el comité técnico elegido por el Senado, Madriaga los ve "como un retroceso democrático, porque no será más que un cuoteo político, donde los partidos velarán por sus intereses, ejercerán un verdadero control de contenidos del proceso y no trabajarán para resolver lo que los pueblos de Chile demandan".

Asimismo, dejó algunas palabras contra el Gobierno que, según dice, "ha demostrado nuevamente su incapacidad de conducir un proceso que proponga cambios reales y soluciones a la crisis política y social y solo han aceptado las reglas del juego y ha cedido ante las presiones de los mismos de siempre". "El Gobierno lo festeja como un triunfo de la democracia, cuando en realidad lo que tendremos será una mera reforma constitucional tutelada", advirtió.

La alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, también integrante de Transformar Chile, declaró a través de sus redes sociales su "decepción por el acuerdo pactado, que entrega un control exagerado al Congreso y sus expertos designados. (...) Un día triste para la democracia chilena".

Hay otras prioridades

A la derecha de la UDI, colectividad que sí contribuyó en la generación de este pacto, el Partido Republicano se bajó desde el primer momento de la mesa de negociación argumentando que las prioridades del país son otras y que la ciudadanía decidió, el pasado 4 de septiembre, dejar atrás la idea de cambiar la Constitución.

Siguiendo este relato, Luis Fernando Sánchez, diputado por el Distrito 7, dijo no entender "cómo es que desde el Partido Comunista hasta la UDI llevan los últimos 3 meses dedicando horas y horas a discutir algo que no es prioridad para la gran mayoría de los chilenos".

Afirmó que todo esto incentiva "la condena social a la clase política por desconectada y distante y por vivir encerrada en sus propias prioridades y no poner el foco en lo que a la gente le importa: seguridad, inflación, educación, salud". "Ojalá dedicaran esa misma energía a temas de esa importancia", reclamó.

Además, el parlamentario se lanzó en contra de "algunos partidos de centroderecha que hoy le han vuelto a dar aire fresco al Gobierno de Gabriel Boric, que fue derrotado duramente en las urnas el 4 de septiembre, después de que nos tuvo meses sin Presidente por estar dedicado a ser jefe de campaña del Apruebo".

Un Gobierno que, según dice, "no ha asumido ante Chile ninguna responsabilidad por esa derrota ni tampoco ha recapacitado frente a las ideas que defendió, y que siguen defendiendo".

El referente de su partido, José Antonio Kast, apuntó contra los que "han señalado que esta es una segunda oportunidad para nuestra nación, cuando esta no es una segunda oportunidad, es un segundo error".

Kast, que el fin de semana había afirmado que Chile no necesita una nueva Constitución, insistió en que "hoy lo que requiere Chile es un Gobierno que enfrente con decisión y con valentía esas urgencias sociales". "Necesitamos un Gobierno que dé solución a los problemas y un Congreso comprometido con Chile, no con los pequeños intereses de algunos", subrayó.

Díscola de chile vamos

En Chile Vamos si bien firmaron el acuerdo, la voz disidente llegó con la diputada por el Distrito 6, Camila Flores, quien aseguró que no está "disponible para cometer el mismo error dos veces, ya que en este acuerdo se están volviendo a cometer errores que la ciudadanía rechazó categóricamente, como tener personas electas y además tener escaños reservados supernumerarios para los pueblos indígenas".

Tampoco comparte "que se tenga que distorsionar la voluntad democrática metiéndole la mano a la urna con la paridad de salida, estoy de acuerdo con la Ley de Cuotas, tener cuotas de entrada, pero no con esta modificación de salida una vez que ya se ha generado la votación". Son errores que, explica, "evidentemente no se pueden volver a cometer, pero se están volviendo a repetir."

Por otro lado, pensó en los costos económicos de esta convención o Consejo Constitucional. "¿No será mejor utilizar esos recursos en las prioridades que tienen los chilenos que realmente son urgentes, como son la delincuencia, la salud y tantos otros temas?", se pregunta. "La verdad, no me parece que sea un buen acuerdo y, por supuesto, vamos a estar siguiendo muy de cerca la discusión en el Congreso cuando ingrese la reforma constitucional, para poder verificar algunos puntos que están bastante amplios en lo que se firmó ayer (lunes)", recalcó.

"Se está coartando la democracia con este acuerdo ilegítimo, que no va a resolver las demandas sociales y ecológicas por parte de la ciudadanía".

Camila Zárate, Exconvencional Distrito 7

"Esto aumentará la condena social a la clase política por desconectada y distante y por vivir encerrada en sus propias prioridades".

Luis Fernando Sánchez, Diputado (P. Republicano)

"El Gobierno lo festeja como un triunfo de la democracia, cuando en realidad lo que tendremos será una mera reforma constitucional tutelada".

Tania Madriaga, Exconvencional

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