La Región de Valparaíso conoció del encanto, el talento y el compromiso de Valentina Correa a través de la peor forma posible: cuando ella asumió la vocería familiar tras el salvaje y cobarde asesinato de su padre, el ingeniero Alejandro Correa, el 18 de mayo de 2020 en la puerta de su casa de Concón, por parte de un sicario colombiano contratado ex profeso para tan deleznable tarea por un tercero, quien buscaba seguir profitando de los terrenos que eran de propiedad del malogrado empresario en el sector del Camino Calichero, en la comuna de Quilpué.

La lucha de Valentina, no solo por hacer justicia respecto del crimen de su padre, sino que por intentar penetrar la opacidad del sistema judicial chileno y el entramado político y burocrático regional, incapaz de devolver los terrenos a sus legítimos dueños incluso después de comprobar el asesinato y condenar a los culpables del mismo, ha sido de una devoción mariana.

Por lo mismo es que interesa tanto la presentación que hizo Correa el miércoles ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional con su propuesta denominada Plan Maestro Sector Calichero, que incluye 400 departamentos de vivienda social, un terminal de buses, un centro cívico, un skatepark, un parque con anfiteatro, una granja educativa y un circuito de senderismo y ciclismo.

Es, a juicio de la joven, "armar comunidad en un terreno manchado con sangre", transformando la peor posible de las experiencias en "una señal de justicia" no solo personal, sino que social, en abierta referencia al predio que sigue tomado por unas 80 familias y, de acuerdo con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, con una fuerte penetración del narcotráfico y la subventa ilegal de terrenos.

Esto último, el apoyo de Melipillán, no es menor. Se trata de la más clara de las señales en torno a que la comuna no se hace desde las ideologías ni las trincheras. Tampoco parece ser coincidencia que ambas coincidan en sus liderazgos juveniles y femeninos, capaces de asociarse en una empresa tan ambiciosa, valiente y necesaria como ésta. Como dice el core Manuel Millones, la alcaldesa le dio a Correa el apoyo que ésta no tuvo del Serviu ni de Vivienda durante las últimas dos administraciones. Para su éxito, eso sí, debe desalojarse a las familias que allí están con todas las salvaguardias sociales que se requieran.

No son pocas las voces que ven con admiración el desplante de ambas. Desde este humilde editorial también nos es menester poner en valor, en primer lugar, el surgimiento de una figura tan potente -no en términos partisanos, pero sí políticos- como Valentina Correa, quien nos ha enseñado que para combatir el dolor, la impotencia y la soledad existen alternativas mucho más sencillas, fructíferas y nobles que el rencor, el odio y el deseo de venganza. En segundo lugar, y no por ello menos importante, debe valorarse el rol de la alcaldesa Melipillán, acaso la más silenciosa de los frenteamplistas que asumieron en la zona, pero -a todas luces- la que mayor gestión puede mostrar.

Como toda industria, la alimentaria debe sortear una infinidad de desafíos, como la pandemia provocada por el covid-19, la inflación de costos en las materias primas, la dificultad y encarecimiento de los fletes marítimos y la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), entre otros. Pero hay otros que son más específicos, como la gestión de la inocuidad de los alimentos en contextos de rotación y ausencia de capital humano.

Como miembros de esta industria, tenemos la voluntad de hacer frente a los retos para así cumplir con nuestro deber de alimentar a la comunidad, al país y al mundo entero. Cuando asumimos tal responsabilidad, estamos conscientes de varias aristas, entre las que se encuentran la nutrición y la inocuidad. Respecto al segundo punto, no solo cabe mencionar las directrices de higiene de los procesos y manipuladores, sino que también es menester indicar la responsabilidad sobre los aditivos que son parte íntegra de los productos, los cuales deben ser seguros, tanto en sus propiedades intrínsecas como en sus dosis de consumo.

Los aditivos alimentarios son sustancias que se agregan intencionalmente a los alimentos con fines tecnológicos, para facilitar, mejorar, acentuar o ampliar alguna característica o propiedad del producto. No obstante, estas sustancias deben pasar previamente por un estricto control científico, donde se analizan los posibles efectos que podrían producir en los consumidores tras su ingesta. Dicho análisis permite estimar la cantidad que una persona puede consumir a diario a lo largo de toda su vida sin riesgo apreciable, valor que se conoce como ingesta diaria admisible (IDA).

Sin embargo, un exceso de consumo, por ejemplo, de alimentos sin azúcar podría provocar cambios perjudiciales en la microbiota intestinal, exacerbando síntomas como los asociados a dolor visceral, inflamación de bajo grado o cambios en los hábitos intestinales. De aquí surge la importancia de actualizar la normativa que rige sobre estas sustancias.

El Ministerio de Salud ha puesto en consulta pública una propuesta de actualización de la normativa técnica de aditivos alimentarios, la que se basa en el Codex Alimentarius y la regulación de Aditivos de la Unión Europea, la cual busca establecer los aditivos alimentarios permitidos y sus límites máximos de uso. Ponemos de manifiesto la preocupación por parte de nuestra Comisión de Alimentos, la que se materializa en la participación activa en la consulta pública emanada del Ministerio de Salud, la que está en proceso de preparación y evaluación.

Finalmente, destacamos que la actualización de la normativa está enfocada en entregarle tanto confianza al consumidor, como para brindar seguridad alimentaria, respaldar la nutrición a una población mundial en crecimiento; apoyar los medios de vida de quienes trabajan a lo largo de la cadena de suministro de alimentos; y contribuir a la sostenibilidad ambiental; aportando además, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente al ODS 3 "Salud y Bienestar" y al ODS 12 "Producción y Consumo Responsable", de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.