Tras fallo que fija plazo para término de toma, resurge el interés por nuevos recursos
Tercera Sala de la Corte Suprema estableció periodo de seis meses para que ocupantes abandonen terrenos en Reñaca Alto. Mismo lapso se determinó para ocupación en Arauco. Otro recurso de protección se presentó hace dos semanas para la restitución de tres parcelas en Placilla, y fue acogido a tramitación aunque esa usurpación partió en febrero.
Desde que el 25 de noviembre la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección en que dio seis meses de plazo para que los ocupantes de dos parcelas ubicadas en Reñaca Alto abandonen los terrenos -o en caso contrario sean desalojadas por la fuerza pública-, se ha visto reflotar con renovado vigor el tema del pedregoso camino hacia la restitución de terrenos usurpados para instalar casas, como también el de la proliferación de campamentos con estructuras precarias y de las llamadas "tomas VIP", con construcciones de buenos estándares y hasta segundas viviendas.
El abogado Waldo del Villar, quien obtuvo esa bullada resolución, que implicó la revocación de un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que había rechazado el recurso de protección, admite que varias personas en la misma situación de su representado -José Massú- le han consultado sobre los pasos a seguir para la recuperación de predios ocupados ilegalmente.
"Hay un fallo respecto de una propiedad en la provincia de Arauco que salió pocos días después del nuestro y que repite el plazo de los seis meses", refiere el penalista. A ello se suma un recurso de protección interpuesto la semana antepasada a raíz de otra toma -esta vez de tres parcelas en Placilla- que fue acogido a tramitación por el tribunal de alzada porteño, aun cuando la ocupación partió en febrero y el plazo para interponer esa acción legal es de 30 días. "Ilícitos permanentes o continuados" es uno de los argumentos de los abogados que lo presentaron.
Proyecto de integración en predio tomado
Otro caso regional parece haberse reactivado tras el fallo de la Suprema. El miércoles, Valentina Correa, hija del empresario Alejandro Correa -asesinado por un sicario en la puerta de su casa tras intentar judicialmente la recuperación de sus terrenos tomados-, y la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, presentaron ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional la iniciativa denominada Plan Maestro Sector Calichero, que contempla 400 viviendas sociales, un terminal de buses, un centro cívico y un parque con anfiteatro, entre otros, en el predio usurpado que se encuentra en esa comuna.
Pero, como señala el presidente de la mencionada comisión, el consejero regional Manuel Millones, "para que el Estado pueda comprar, expropiar o intervenir es necesario desalojar a las familias -alrededor de 80- instaladas ilegalmente" en el lugar, de manera tal que la concreción del proyecto de integración social también pasa por la salida de los ocupantes.
Así al menos lo dejó entrever el abogado de la familia Correa, Juan Pablo Hermosilla, en la presentación de la iniciativa. A propósito de los últimos fallos en que el máximo tribunal ha ordenado desalojos, opinó que "se nota un cambio en la jurisprudencia", a la vez que precisó que "estamos evaluando el tema (recurrir ante la Corte Suprema), vamos a ver cómo se estabiliza el tema de la jurisprudencia". Valentina Correa, en tanto, expresó que "es lo que siempre debió ser e ilumina el proceso que viene hacia adelante".
la última resolución de la suprema ordena que los ocupantes abandonen en seis meses el predio tomado en reñaca alto. y excluye a los dueños de la coordinación de soluciones.
Rosa Zamora Cabrera
rosa.zamora@mercuriovalpo.cl