El Comercio de Valparaíso está angustiado, desesperado ante la tormenta delictual que azota a ciudad y arrecia con actos audaces en pleno centro y a la luz del día. Esta realidad llevó al gremio a dirigir una carta a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y a la Subsecretaría de Turismo exigiendo medidas concretas ante una situación que se arrastra desde hace tiempo y se teme se intensifique en las fiestas de fin de año y en la temporada de verano.

Citan en la misiva el caso del asalto a turistas en la calle Cumming, quienes fueron amenazados con armas de fuego y golpeados, resultando con lesiones el guía del grupo que intentó hacer frente a los delincuentes. Pudo ser una tragedia, un homicidio más de los tantos que se presentan con frecuencia en la ciudad.

Evelyn Henríquez, presidenta de la Cámara expresó que se exige al Gobierno "mayor celeridad en las coordinaciones, porque no hemos tenido noticias de planes de contingencia para las actividades de fin de año y nos urge, sobre todo, por los hechos extremadamente violentos que ocurren en Valparaíso".

Exigencia justificada la del comercio que desarrolla sus actividades bajo permanente amenaza, con riesgos personales, de sus trabajadores y de sus bienes. Llega un momento en que muchos comerciantes, agobiados, bajan sus cortinas, lo que significa pérdida de empleos y una grieta más en el tejido social de la ciudad. Demanda el comercio "una mayor sinergia y operación en el entendido que los recursos policiales son escasos, que la capacidad de Carabineros está sobrepasada".

Se anuncia la destinación de 190 efectivos para reforzar el personal en la zona. ¿Es suficiente ante la dimensión de la crisis de seguridad que se acentúa en verano?

Pero la situación hace agua también por el lado del Ministerio Público que debe recoger denuncias y dar órdenes de investigar a las policías.

En el presente año en la Región de Valparaíso el 50,54% de las causas iniciadas fueron archivadas. Archivo provisional, para ser precisos. Es decir que, si usted es víctima y denuncia, está jugando al cara y sello, pues es muy probable que su caso termine en ese archivo sabroso alimento para las polillas y para la impunidad delictual.

Se debate en estos días la designación de un nuevo fiscal nacional. La Moneda, de acuerdo a la normativa, propuso al fiscal José Morales como reemplazante, pero en el Senado no logró los 33 votos necesarios. Ahora postula a Marta Herrera, con incierta aprobación.

El tema va mucho más allá del tironeo político, pues ese cargo exige un liderazgo fuerte en la lucha por la seguridad, batalla con constantes derrotas. ¿Han mirado La Moneda y el Senado la designación de nuevo fiscal con esa crucial dimensión?

El camino de descentralización que comenzamos a implementar desde hace algunos años no está exento de desafíos. Bien sabemos que estos procesos no siempre desencadenan desarrollo territorial, por lo que se requiere de mucha reflexión, análisis y evaluación a la hora de promoverlos. Al respecto, quizás uno de los aspectos más criticados por académicos y expertos dice relación con la estructura seguida. Y es que, en el caso de la descentralización, el orden de los factores sí altera el producto.

En este marco, en reiteradas ocasiones se ha sugerido que un proceso de traspaso de competencias sin recursos asociados bien puede devenir en más crisis (por las expectativas incumplidas e inequidad territorial) y en mayor inequidad territorial (en cuanto el traspaso sería efectivo solo en territorios con altas capacidades ya instaladas y con recursos suficientes). Un ejemplo de esto se acaba de vivir en la Región de Valparaíso, donde tres de las cinco competencias que buscaban transferirse al nivel subnacional fueron rechazadas por el Gobierno Regional. El argumento es tan práctico como comprensible: ¿cómo asumir nuevas responsabilidades frente a la ciudadanía sin contar con recursos y capacidades asociadas?

Por lo anterior, se vuelve imperioso repensar el proceso de descentralización que seguiremos viviendo, buscando apostar por la integridad y la eficiencia; pues si esto es lo que buscamos, deberemos reflexionar necesariamente sobre un proceso de descentralización fiscal serio y responsable.

Este último punto es bastante más complejo y sofisticado de lo que usualmente se plantea. Hablar de descentralización en las finanzas no es solo hablar de mayores transferencias y del bajo porcentaje de gasto subnacional. Es bastante más que eso. Implica, al menos, reflexionar sobre cómo compatibilizar el orden fiscal -que nos caracterizó por mucho tiempo- con la autonomía y la flexibilidad necesarias en el desarrollo local. Significa también promover una discusión seria sobre la necesaria evaluación de los programas actuales. Hablar de descentralización fiscal supone, por cierto, reflexionar sobre cómo lograr mayor transparencia y participación ciudadana en los gobiernos comunales y regionales.

Uno de los grandes problemas sobre el debate de descentralización es el simplismo y reduccionismo que le rodea, mirada que por momentos resulta comprensible. Al hablar de cesión de poder, competencias y recursos son demasiados los supuestos, los valores y los intereses que se tocan. Resulta muy fácil atrincherarse y evitar el cambio (o promoverlo irresponsablemente).

Sin embargo, si vamos al fondo, advertiremos que este no se trata de un debate entre regionalistas y centralistas, sino más bien de preocupaciones legítimas (todas) que deben ser abordadas con altura de miras.