El desaguisado de los fuegos artificiales
Para evitar que el informe técnico de la DGMN impidiera el espectáculo de año nuevo, el Gobierno abrió la puerta a un cambio normativo.
¿A qué corresponde realmente el desaguisado que afecta a los fuegos artificiales pensados para los espectáculos pirotécnicos de Año Nuevo en Valparaíso y Viña del Mar? Si uno atiende al informe de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), fechado en el 15 de noviembre, se trata de una cadena de errores mayúsculos cometidos por las empresas encargadas de importar, almacenar y resguardar los petardos y mantenerlos bajo seguridad extrema y condiciones adecuadas para que no representen un peligro. El extenso informe lleva la firma del jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, coronel Víctor Riffo, quien advierte en su documento que la empresa Pirotecnia Spa no ha cumplido los requisitos básicos para que los dispositivos obtengan la certificación de seguridad y, con ello, el permiso para operarlos en las fiestas de Año Nuevo. "Se agotaron todos los mecanismos legales existentes y dentro de la facultad de la Dirección General de Movilización para apoyar y resolver problemáticas de las empresas", explica el coronel Riffo, quien agrega que las firmas involucradas tampoco cumplieron con los plazos dados para destruir el "material vencido" o exportarlo. Nadie podrá acusar a la DGMN de inflexible luego de cambiar fechas límites y dar alternativas para que las empresas no perdieran los recursos invertidos en los fuegos pirotécnicos que no usaron en los espectáculos 2021-2022. Lo que ya es menos comprensible es que los municipios de Valparaíso y Viña del Mar mantuvieran hermetismo con sus concejales -quienes aprobaron las licitaciones respectivas- y la comunidad sobre los problemas que atravesaba el que quizás es el espectáculo más esperado por el turismo. Los visitantes que hicieron reservas con anticipación se merecían mayor transparencia.
¿Cómo transformar un desaguisado administrativo en un problema ético y político? Cuando hay tanto en juego -inversión económica, imagen, responsabilidades, etc.-, crece la presión sobre los actores del ámbito público y surge cierta creatividad normativa. A ello apelaron el alcalde Jorge Sharp y algunos gremios del turismo en una carta que enviaron al mismo Presidente Gabriel Boric para que intercediera en los trámites administrativos de aprobación, en tanto que Pirotecnia Spa y otras dos firmas involucradas enviaron misiva a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que gestionara una salida alternativa ante la DGMN. La respuesta a estas acciones de lobby llegó desde la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas que, saltándose el informe lapidario del coronel Riffo, anunció ayer una medida "extraordinaria" que incluye un cambio en los actuales reglamentos para permitir la revisión de los dispositivos pirotécnicos. No es buena señal cuando las autoridades electas presionan para que les solucionen de forma extraordinaria y exprés aquello que ellas no pudieron con tiempo y espacio. Peor aún es que otras autoridades electas acepten ejecutar piruetas reglamentarias para abordar esas dificultades, porque el mensaje implícito es que la inviolabilidad de una norma o procedimiento dependerá de la presión política que sea capaz de ejercer el afectado. Un pésimo ejemplo de los jóvenes que venían a renovar la política.