Redacción

Esta semana se debe reactivar el proceso de elección de fiscal nacional, luego de que los dos primeros nombres propuestos por el Gobierno, José Morales y Marta Herrera, fueran rechazados por el Senado tras no alcanzar los dos tercios de los votos.

Luego de que la Corte Suprema recibiera la notificación de la negativa de la Cámara Alta para visar a Herrera, tiene 10 días para completar la quina en la que se mantienen Ángel Valencia, Carlos Palma, Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez. Y después el Presidente Gabriel Boric tendrá cinco días para informar cuál será su tercer candidato. Tras ello debe volver a votar el Senado, en un escenario que se ve incierto a causa de la dispersión que se ha visto en las elecciones previas.

Por ello, el senador Iván Flores (DC) opinó que "varios senadores hemos propuesto que se nombre de común acuerdo a la mejor figura posible para que haga el gran cambio del Ministerio Público, y eso es un fiscal transitorio de acuerdo. Ese es el actual fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez, ya que "ha estado en la quina y no ha tenido ningún tipo de crítica pública". En caso contrario, pide pasar "a otro nombre que se busque, de consenso.

Una posición similar mostró Matías Walker (Demócratas), quien planteó que "Juan Agustín Meléndez, como Carlos Palma, tienen toda la legitimidad para poder postular a ser fiscal nacional. No entiendo por qué el Gobierno los ha vetado hasta el momento, por qué no los ha considerado y creo que ambos tendrían, además de Ángel Valencia, los votos suficientes en el Senado para ser ratificados".

¿Nuevo concurso?

Otra opción que no se ha despejado es la posibilidad de que la Corte Suprema abra un nuevo concurso para que nuevos postulantes para elaborar la quina, tras el retiro de dos postulantes y el rechazo de otros dos, por lo que de los 17 iniciales quedan 13.

Incluso, la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, reconoció que esta opción podría evaluarse. Ante ello el senador Javier Macaya (UDI) apuntó que "hay que escuchar la opinión de la Suprema si es que hay alguna factibilidad de hacer el concurso nuevamente. Me parece que, salvo una situación muy excepcional, debería complementar la quina".

Gremios del transporte de carga manifestaron su disenso con el acuerdo que se llevó a cabo por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y concesionarias respecto del alza de los peajes que se concretará el 1 de enero de 2023.

A través de un comunicado de prensa que fue suscrito por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), la Federación de Dueños de Camiones RM, la Federación de Transportes de Carga de la Región del Biobío, la Federación del Norte y la Federación Agroforestal, estos grupos expusieron cinco puntos.

En primer lugar plantean que "el aumento a aplicarse en dos cuotas, la segunda en julio, es solo diferir el alza y no elimina el problema de fondo, que es el traspaso de la inflación real a los usuarios".

Como segundo punto exponen que "no hay real contribución de las concesionarias y en cambio estas siguen acumulando utilidades por concepto de mayor cantidad de pasadas y crecimiento del volumen de vehículos".

El texto critica como tercer punto que "el poderoso grupo de interés de los consorcios viales, pese a no ser los dueños de las vías, una vez más parece doblar la mano al mandante, que es el Estado de Chile, imponiendo sus términos y condiciones. Lamentablemente, y como lo hemos advertido en repetidas ocasiones, las ganancias de estas empresas son a costa de los ciudadanos". Luego precisa como cuarto aspecto que "la solución no es otra que aplicar una Política Nacional de Peajes, como lo ha anunciado el propio Ministro".

"Soy de los que miran la instrucción general, la educación del pueblo, como uno de los objetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atención el gobierno; como una necesidad primera y urgente; como la base de todo sólido progreso; como el cimiento indispen­sable de las instituciones republicanas". Así decía Andrés Bello en 1843, durante la inauguración de la Universidad de Chile.

Casi 180 años después, en el insigne Salón de Honor de la misma universidad, un grupo de instituciones de la sociedad civil, acompañadas de autoridades de gobierno, presentaron la red "Por un Chile que Lee" (@porunchilequelee). La iniciativa busca "ayudar a revertir la crisis de la lectura que viven niños y niñas en el país", reflejando una preocupación e interés transversal por mejorar los indicadores nacionales en la materia.

Se trata del esfuerzo más reciente por una causa que constituye "el cimiento indispensable de las instituciones republicanas", como decía el venezolano. El problema es que cada año seguimos sumando más y más generaciones con niveles de lectura deplorables. Parece que no terminamos de convencernos de la gravedad del problema y de la necesidad de avanzar hacia una sociedad lectora. Pero la evidencia es abundante: año tras año, el SIMCE y pruebas internacionales nos han recordado que cerca de un 30% de los escolares chilenos no alcanza el nivel mínimo de lectura necesario para desenvolverse en la sociedad actual. En la misma línea, Carolina Melo - académica de la Universidad de los Andes- ha presentado los resultados de un estudio realizado en un grupo de 26 escuelas municipales, que indica que el promedio de comprensión lectora de niños de 3ro o 4to básico de esas escuelas es similar al de niños que comienzan primero básico. Es decir, en promedio comprenden frases tipo "Carlos tiene dos gatitos". Eso es lo que está ocurriendo en innumerables lugares del país.

Algunos han querido simplificar el asunto y dicen "no necesitamos más diagnósticos, hay que pasar a las soluciones". La verdad es que siempre vamos a necesitar diagnósticos actualizados y lo más detallados posibles (¿acaso el médico que trata un cáncer deja de analizar los parámetros de la enfermedad durante el tratamiento?), pero, sin duda, debemos avanzar con iniciativas concretas. Así, por ejemplo, los expertos congregados "Por un Chile que Lee" destacaron la importancia de la lectura en familia y de preocuparse del vocabulario (especialmente de las 100 ó 200 palabras de uso más frecuente en nuestro idioma), clave para abrir la comprensión de la lectura. Pero además de tales acciones, se requiere con urgencia la participación y colaboración de cientos de instituciones de la sociedad civil, tantas como sea posible convocar. Debemos mostrar que en un Chile que no lee, no será posible el desarrollo económico, la integración social ni una democracia informada. En un país que no lee, el intercambio de ideas y conocimiento se hará muy limitado, como ocurría en la Edad Media, cuando solo unos pocos monopolizaban el saber.

Por el contrario, un Chile que sí lee podría contar con el aporte de todos sus habitantes para alcanzar metas de desarrollo científico, tecnológico y económico. Un Chile que sí lee podrá ser tierra de poetas, historiadores y filósofos. Un Chile que lee, mejorará las oportunidades y condiciones de vida de cada uno de sus habitantes.

*Académico Universidad de los Andes