La reciente propagación del bulo que acusa a las empresas inmobiliarias de estar concertadas en la ocurrencia de incendios forestales o de aprovecharse del desastre que dejan estas emergencias para conseguir terrenos, forma parte de ese conjunto de ideas transformadas en mitos urbanos para favorecer posiciones políticas de corto alcance -el rumor sin evidencia siempre es una estrategia algo ruin- y se suma a otras posturas permanentes de cierto clivaje ideológico que busca demonizar al sector privado, apuntándolo como origen de todo mal, sin mucho sentido. Resulta preocupante que importantes autoridades electas repitan sin mucha reflexión ideas que no resisten un test de verificación simple, pero debemos conceder que se trata de un fenómeno político transversal. Se ha hecho costumbre favorecer posiciones extremas y empatizar con grupos específicos que piensan más en la sobrevivencia de sus particulares ideas y soluciones, que en el abordaje integral de los problemas que denuncian. Las agrupaciones que acusaron a un grupo de destacados académicos de mentirle a la población sobre los efectos de su técnica para limpiar un terreno en Las Salinas -están coludidos con el sector privado, decían- encontraron eco en varias autoridades, sin tener ninguna evidencia contundente de sus imputaciones. Recientemente, las publicaciones que hizo por redes sociales la organización Parque Natural Kan Kan, apuntando a un "cartel del fuego" por el incendio en Viña del Mar junto a fotografías de edificios cercanos, se alimentan de ideas preconcebidas, pero no ayudan a enfrentar las soluciones de fondo que requieren estos temas. Fuera de Viña del Mar, la propuesta de un grupo de vecinos de darle protección patrimonial a la avenida Urmeneta, por ejemplo, no concita el apoyo de varias autoridades comunales y ni siquiera el respaldo masivo del aquellos limachinos que viven y tienen propiedades en esa calle, conocida por su techo de árboles y algunas casas antiguas, pero logró el respaldo del Consejo de Monumentos para restringir cualquier intervención allí. ¿Será un deterioro equivalente al de Valparaíso el destino de esas casas y esa avenida? Al sumarse a las posturas intransigentes de algunos grupos, las autoridades renuncian a la función de mediar entre las distintas visiones en juego y pierden el principal activo de toda búsqueda de soluciones efectivas: la capacidad de observar el territorio en su integridad y la flexibilidad de ceder en algunos ámbitos para favorecer el cumplimiento del bien mayor, representado por el conjunto de la ciudadanía y no siempre por el pequeño grupo que enarbola una bandera. Conocida la debilidad, se impone de inmediato el desafío que deberán enfrentar el gobernador Mundaca, la alcaldesa Ripamonti -y sus pares en el resto del Gran Valparaíso-, junto a los parlamentarios de ambos distritos. Se hace urgente separar los problemas trascendentes de aquellas ideas maqueteadas y sin sustento, para abordar con el conjunto de la sociedad -sin dejar fuera actores relevantes como el sector privado y el mundo empresarial- aquellas soluciones que, sin ser perfectas, son viables y perdurables. Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y el resto de las comunas necesitan menos de la épica política de trincheras, que lleva al inmovilismo, y mucho más del trabajo integrador capaz de hacer converger visiones opuestas en una solución común.

El próximo 1 de enero de 2023 se materializarán las últimas modificaciones en la Ley de IVA, siendo la más relevante la aplicación del IVA a los servicios. Si bien actualmente hay una serie de servicios afectos a este impuesto, la mayoría de ellos están exentos. Este cambio normativo supone un cambio de paradigma referido a este tributo y nace como una fuente de recursos destinada a financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Por tanto, es relevante aclarar las dudas fundamentales respecto a este cambio.

En primer lugar, se parte de la base de que los servicios prestados mediante boleta de honorarios no están afectos a este cambio y, por tanto, seguirán exentos de IVA. Esto, fundamentalmente por el hecho que se trata de servicios personales y, en ese sentido, son rentas de un origen distinto. En la misma línea, seguirán exentos los servicios de transporte, educación y salud ambulatoria.

En casos distintos a los indicados anteriormente, si el servicio profesional es prestado por una sociedad, actualmente con factura exenta, pasará a estar afecta a IVA. La salvedad la tienen las sociedades de profesionales, en la medida que cumplan ciertos requisitos: que estén formadas solo por personas naturales, de profesiones similares o relacionadas y que se inscriban en un registro especial del SII.

Esta situación generará una asimetría tributaria, una suerte de competencia desleal, toda vez que un mismo servicio podría estar efecto o exento dependiendo de quién preste el servicio y se configuraría una exención personal y no real. Por ejemplo, un servicio de ingeniería estará exento en la medida que sea prestado por una sociedad de profesionales que cumpla los requisitos establecidos por la autoridad, pero estará afecto si la empresa que lo presta no está catalogada como tal. Dado esto, actualmente hay una cantidad importante de sociedades de prestación de servicios profesionales que están en proceso de reestructuración para poder cumplir los requisitos y poder acogerse a esta salvedad y permanecer exentas. Sin embargo, hay sociedades que definitivamente no podrán usar esta vía y pasarán a prestar sus servicios afectos a IVA.

Este cambio supone un nuevo modelo tributario respecto al tratamiento impositivo de los servicios que trasciende transversalmente al mercado. Por tanto, se debe considerar que existen agrupaciones de profesionales y expertos, como el Colegio de Contadores y el Colegio de Abogados, que han solicitado la postergación de esta medida, dadas las dificultades que esto supone.