Redacción

La Comisión de Constitución del Senado aprobó en particular ayer el proyecto de reforma a la Carta Fundamental que habilitará el nuevo proceso constituyente, tras el fracaso de la propuesta anterior en el plebiscito del 4 de septiembre.

Durante dos días la instancia votó 189 indicaciones que se habían hecho al proyecto ingresado la semana pasada a la Cámara Alta para su tramitación. Muchas de ellas sirvieron para mejorar la propuesta, como adelantar la fecha de elección de consejeros para el 7 de mayo próximo para que no coincidiera con el Día de la Madre.

Tras el visado de la propuesta, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), informó que "el proyecto está puesto en tabla para la sesión de la próxima semana. Los días martes y miércoles se va a debatir en Sala y se va a votar. Esperamos que el proyecto sea aprobado. Se requieren cuatro séptimos de los senadores y senadoras en ejercicio, en primer trámite constitucional, y va a quedar en condiciones de ser tramitado por la Cámara Baja".

Mociones aprobadas

Luego de este trabajo además de la fecha de la elección se redujo de 120 días a 100 días el plazo para la determinación de los padrones electorales, por lo que se cerrarán el 27 de enero. Asimismo, se ratificó que el plebiscito para pronunciarse sobre la propuesta de nueva Constitución ser realizará el 17 de diciembre de 2023 y se aprobaron disposiciones para ajustar los plazos.

La instancia también confirmó que los integrantes del Consejo Constitucional recibirán una remuneración de 60 UTM mensuales (3,7 millones de pesos al valor de diciembre) y los integrantes del Consejo Experto 30 UTM cada mes (1,8 millones de pesos).

Además se visó que exista paridad de género en el Consejo Constitucional y también en el órgano de 24 expertos y expertas, que tendrá a doce representantes por género. La comisión acordó que cada cámara del Congreso designará seis hombres y seis mujeres, para completar así los doce que lo corresponde a cada corporación.

Una enmienda que puso en riesgo el avance de la iniciativa fue la presentada por el senador Rodrigo Galilea (RN), quien planteó que se pusiera una "norma de clausura" para el caso de que se rechazara esta propuesta por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, retiró la indicación y dijo que "si una nueva propuesta fuera a ser rechazada, es evidente desde todo punto de vista que la Constitución actual sigue vigente y se podrá seguir haciendo todas las modificaciones del caso".

La UDI reaccionó duramente luego que el Presidente Gabriel Boric dijera en una entrevista en el canal de cable ViaX que en la entrada principal de la estación Baquedano del Metro, que lleva tres años cerrada, desde que se produjo el estallido social, debería tener "un espacio de memoria, respeto, conmemoración, y que, a la vez, todo ese sector tiene que ser un lugar de encuentro".

Mayores fueron las críticas a otro planteamiento que hizo en la misma oportunidad: que un posible indulto a los presos por desórdenes, destrozos y otros delitos cometidos durante esos meses de 2019 "lo estamos trabajando en conjunto con las familias".

"violentistas"

Ante ello los diputados de la UDI Henry Leal y Cristóbal Martínez afirmaron que esto pone en duda la continuidad de dicha colectividad en la instancia, pues "mientras estamos discutiendo un acuerdo en materia de seguridad para combatir la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, la migración irregular y el terrorismo, el Presidente de la República, de forma absolutamente inoportuna e inapropiada, le dice a todos los chilenos que siguen estudiando entregar indultos particulares a los violentistas del estallido social que destruyeron nuestro país en 2019". Por lo mismo, reiteraron que la permanencia de la bancada UDI en la mesa estará sujeta a que el Gobierno no persista con la entrega de indultos a los detenidos durante el estallido social ni con el memorial.