La reflexión que debe venir tras el incendio
Es el momento de pensar si nuestro país tiene una institucionalidad adecuada para prevenir y enfrentar este tipo de emergencias.
Con 380 casas consumidas por las llamas y 1.061 damnificados, el siniestro urbano-forestal que afectó hace una semana a Viña del Mar se transforma en la emergencia más grave de su tipo ocurrida alguna vez en la Ciudad Jardín. El fuego devoró más de 110 hectáreas, arrasando viviendas en las poblaciones Puerto Montt, Puerto Aysén, Campamentos Michelle Bachelet, Felipe Camiroaga, Población Siete Hermanas y Viña de Mar Alto. Miles de voluntarios han subido a los sectores altos de la ciudad para prestar ayuda, cientos de millones de pesos fueron aprobados por el Gobierno y otros miles de millones costará la rehabilitación de las zonas dañadas, la reposición de los servicios, las calles y postes.
En el minuto de la evaluación final, destaca el liderazgo ejercido por la alcaldesa Ripamonti en el momento que la emergencia requería la movilización rápida y eficiente de la maquinaria municipal. Algo más lento funcionó el resto del aparataje público, aunque con el correr de los días -y el desfile de ministros y subsecretarios- el Gobierno logró dar a entender que el incendio en Viña del Mar tenía la primera atención del Ejecutivo.
La evaluación es menos positiva cuando se observan con ojo más técnico las condiciones de riesgo que presentan las zonas más pobladas de Valparaíso y Viña del Mar. El crecimiento urbano acercó las viviendas a vastas extensiones de pastizales, arbustos y bosques, todos en condiciones de extrema sequedad debido a la crisis hídrica que ya cumple 10 años. Los especialistas han dicho en todos los tonos que estos fenómenos meteorológicos dejarán de ser excepcionales y se convertirán en la norma de la zona central en los próximos años. Los académicos del Centro de Acción Climática (CAC) actualizaron los mapas de alto riesgo de emergencias. De dicho análisis surgen Forestal Alto, Puertas Negras, Laguna Verde y el entorno del Jardín Botánico como zonas peligrosas. Es positivo que el CAC junto a los municipios de Viña del Mar y Valparaíso estudien convenios marcos para mantener el monitoreo de estas zonas, pero las ideas y conclusiones surgidas en los últimos días y repetidas por las autoridades de todo ámbito no tienen nada nuevo y se pueden leer en cualquier informe sobre el megaincendio de 2014. Para que el escenario cambie se requiere, primero, que todas las instituciones involucradas en la planificación urbana hagan una profunda autocrítica sobre la falta de control que se observa en el surgimiento de barrios enteros en lugares de alto riesgo de emergencias. Luego, ya es hora que las autoridades políticas sean capaces de tomar decisiones poco populares, pero necesarias, para evitar la expansión urbana desatada hacia las zonas más peligrosas, incluso reubicando a las familias que se encuentran en puntos críticos. Por último, es tiempo de analizar si nuestro país tiene una institucionalidad capaz de enfrentar los desafíos del cambio climático, porque con demasiada frecuencia las responsabilidades se diluyen entre el conjunto de oficinas, mandos medios y políticos de paso, que nunca tomaron la decisión que debían en el momento que se necesitaba para prevenir que todo esto pasara. ¿O van a esperar otra vez el próximo gran incendio?