Katherine Escalona M.

Entre junio de 2018 y junio de 2019, la empresa Reconsa construyó la calle Cornisa en un sector cercano tanto al campo dunar de Concón como al sector declarado Santuario de la Naturaleza. Sin embargo, el proyecto ha estado lleno de controversia, luego que surgiera la oposición de vecinos y la agrupación Movimiento Duna Viva, que encabeza el abogado Gabriel Muñoz.

Luego de varios procesos y tramitaciones, un último fallo del Segundo Tribunal Ambiental cuestiona el plan de revegetación exigido por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) como medida de mitigación y advierte que cualquier acción concreta debe tomar en cuenta el sector cercano a las obras del proyecto.

De esta manera, el tribunal acogió parcialmente la reclamación hecha por el abogado Muñoz, quien dice que no correspondía la revegetación ordenada por la SMA como una forma de viabilizar la tramitación ambiental del proyecto "Costa de Montemar VI", cuyo titular es Reconsa.

Sentencia

En su sentencia, de un total de 84 páginas, el Segundo Tribunal Ambiental establece que "determinó acoger parcialmente la reclamación interpuesta por Gabriel Muñoz (...) en contra de la Resolución Exenta N° 7, de 14 de enero de 2021, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, por cuanto la medida de revegetación, al realizarse en un lugar distinto al de la intervención, tiene un carácter compensatorio, por ello, no constituye una acción para hacerse cargo de los efectos negativos de la infracción".

Especifica que "por el contrario, amerita que esta sea evaluada conjuntamente con el proyecto. En consecuencia, se deja sin efecto tanto la resolución reclamada como el PdC (Plan de Cumplimiento), solo en lo referido a la medida de revegetación".

La determinación del tribunal fue valorada por el abogado Gabriel Muñoz, quien dijo que "el fallo es histórico porque hay un pronunciamiento desde la institucionalidad ambiental dejando en claro la ilegalidad de los proyectos de Reconsa y las autorizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente sobre el santuario dunar".

Muñoz detalló que con esto "nuevamente el Tribunal Ambiental, junto con la Corte Suprema, viene a recalcar que no son 32 hectáreas protegidas, sino 50 y que el campo dunar es un todo, por eso el fallo es fundamental, porque deja en evidencia la negligencia de la SMA y del plan de manejo durante el gobierno de Piñera, que no han dado los efectos en la defensa total del campo dunar".

Según el abogado, lo que dice el fallo es que "la actuación de la SMA y Reconsa es absolutamente ilegal y arbitraria por haber destruido, al construir la calle Cornisa, el campo dunar de Concón y esto tiene influencia en el Estudio de Impacto Ambiental que presentó Reconsa. Es un fallo histórico que deja en evidencia la falla de la institucionalidad ambiental e influye en toda la presentación que ha hecho la empresa y marca un precedente".

Empresa

Consultados, desde Reconsa afirmaron que el proyecto ha sido "respetuoso de las resoluciones administrativas y judiciales, sin perjuicio de hacer presente sus argumentos en cada caso" y destacaron que el fallo se "refiere a una medida dispuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente. Reconsa no era parte en esta controversia judicial. El fallo mantiene vigente el plan de cumplimiento (PdC) ya aprobado por la SMA en todas sus partes, salvo en lo relacionado con la revegetación".

El fiscal de la SMA, Emanuel Ibarra, dijo que la sentencia "confirma que la Superintendencia realizó una adecuada ponderación de los efectos de la infracción imputada a la empresa, descartando todas las alegaciones y reafirmando la legalidad del Programa de Cumplimiento. Únicamente cuestiona que se haya incorporado una acción referida revegetación", lo cual era solo una acción.

"El fallo (...) deja en evidencia la negligencia de la SMA y del plan de manejo durante el gobierno de Piñera".

Gabriel Muñoz, Abogado recurrente

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) extendió en 60 días el plazo de la evaluación ambiental del megaproyecto de transmisión eléctrica denominado "Nueva Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla - Nueva Casablanca - La Pólvora - Agua Santa", que considera la instalación de torres de alta tensión. La decisión se ampara principalmente en sus facultades y en uno de sus puntos consigna que "aún se está llevando a cabo el análisis de los antecedentes que conforman las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones proporcionadas por el Titular del Proyecto; así como la sistematización de los pronunciamientos de los OAECA (Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental) emitidos hasta el momento, por lo que se requiere de un plazo mayor para su adecuado análisis".

La representante del Coordinadora Ecológica de Casablanca, Marcela Loyola, precisó que "estamos preocupados porque no vemos un cambio de las autoridades para frenar este proyecto sabiendo que el daño que causa es tremendo. Apostamos por un gobierno medioambiental y vemos que las cosas no son así, estamos desconcertados por las opiniones y cómo avanza".

En tanto, Francisco Rivero, presidente del Centro Cultural y Museo Histórico de Placilla, manifestó que "con esto estamos viendo que quizás no está analizado con la profundidad que se requiere o quizás no se está dando la importancia y ahí nosotros apostamos por el sello del gobierno. Esperamos que no se dé la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y que la demora sea bueno para un análisis más profundo".

Acusando un "claro acto de intromisión que es inaceptable", el gobierno de Bolivia anunció la presentación de un reclamo formal ante la Cancillería chilena por la presión ejercida por el diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, quien viajó hasta el vecino país para manifestarse en contra de la detención del gobernador de Santa Cruz y opositor al Presidente Arce, Luis Fernando Camacho.

-¿Cuál fue el motivo de su viaje a Bolivia?

-Un grupo de parlamentarios de Latinoamérica y España conformamos el Foro de Madrid, que es una plataforma cuyo objetivo es promover el respeto de los DD.HH., la libertad y la democracia. Si fuimos a Bolivia fue por dos objetivos y uno de ellos fue observar un poco la situación respecto de las manifestaciones en las calles de Santa Cruz a raíz de denuncias de abuso policial. Fue así que nos reunimos con agrupaciones ciudadanas y con el jefe de la policía, quien se comprometió a resguardar el derecho a la libertad de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.

- También intentó reunirse con el gobernador de Santa Cruz, quien está en prisión preventiva por su presunta participación en una supuesta conspiración que obligó a dimitir en 2019 al entonces presidente Evo Morales.

- Efectivamente, intentamos reunirnos con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está detenido desde el pasado 28 de diciembre y padece una enfermedad autoinmune desde hace bastantes años. Nos enteramos que una vez detenido se le negó el acceso al tratamiento médico que necesitaba para poder mantenerse bien. Si fuimos a Bolivia fue para que el Gobierno le garantice a Camacho el acceso a ese tratamiento médico.

- ¿Eso fue lo que le molestó al gobierno boliviano?

- Evidentemente existe una molestia por parte del gobierno de Bolivia que, desde hace bastante tiempo, mantiene una relación compleja y violenta con la oposición de Santa Cruz, que siempre ha sido crítica de las políticas socialistas y los gobiernos de Evo Morales. La oposición boliviana es víctima de un acoso permanente, de un trato antidemocrático, por parte del gobierno socialista. Es una situación que merece una condena internacional y, eventualmente, la intervención de organismos internacionales.

- ¿Le preocupa el reclamo formal que interpuso Bolivia en su contra ante la Cancillería?

- La verdad es que no me preocupa ni me sorprende el reclamo, es parte de las conductas que, habitualmente, tienen gobiernos de posturas más radicales de izquierda. Sabemos la línea que sigue Bolivia, donde se continúa con lo que fue el gobierno de Evo Morales. El reclamo no es ninguna sorpresa para nosotros, que seguiremos actuando respetando siempre la autonomía de los países, pero resguardando, también, los DD.HH. y el derecho a la libertad de expresión.

- Finalmente, ¿se pudo reunir con Luis Fernando Camacho?

- No nos dejaron entrar a la cárcel donde está el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, igual como pasó con la visita que se intentó hacer a Jeanine Áñez. Logramos sí que se garantizara el ingreso a la cárcel a la familia y al abogado de Luis Fernando Camacho, para así hacer las gestiones para reiniciar su tratamiento médico.

"Logramos que se garantice el ingreso a la cárcel a la familia y al abogado de Luis Fernando Camacho, para así hacer las gestiones para reiniciar su tratamiento médico".