La fabulación que hace de sí mismo Leopoldo "DJ" Méndez Alcayaga, el músico y excandidato a la alcaldía de Valparaíso en las elecciones municipales del año 2016, no solo suena extemporáneo, sino que también de sospechosa veracidad sobre un capítulo bastante publicitado de la historia política de la Ciudad Puerto.

Invitado al programa de televisión "Juego Textual", de Canal 13, el artista nacido en el cerro Barón y criado en un suburbio de Estocolmo, Suecia, recordó algunos pasajes de la aventura electoral que lo llevó -tras surgir inesperadamente como candidato y derrotar al DC Omar Jara en una vibrante primaria- a enfrentarse con el entonces alcalde incumbente, el UDI Jorge Castro, y un novel postulante independiente llamado Jorge Sharp. Sería este último quien se impondría con un bolsón de más de 46 mil votos, por delante de los 19 mil y fracción obtenidos por Castro y Méndez, respectivamente.

La candidatura de Méndez, extraña aún para Valparaíso, nació de las bases del PPD, específicamente desde la oficina del senador Ricardo Lagos Weber, quien vio en este porteño retornado y de reconocida fama la carta para terminar con las tres administraciones de la derecha.

Según Méndez, todo el mundo lo trató de "payaso", pero los valientes como él son quienes terminan contando la historia. Lo cierto es que, más allá de su fama, el músico nunca pudo dar a entender qué era lo que quería para Valparaíso (¿estudios de música populares?, ¿juegos de luces chinos todo el año?), por cuanto muy pocas veces su círculo íntimo lo dejó hablar libremente. Una de las pocas ocasiones en que ello ocurrió fue para el ya histórico debate de CNN y Bío Bío en el restaurante Portofino del cerro Esperanza, conducido por Tomás Mosciatti y Matilde Burgos, en el cual solo se dedicó a insultar y a tratar de sinvergüenza a Castro, sacándolo de quicio, cuestión que terminó favoreciendo al único que aportó alguna idea esa noche: el joven y desconocido Sharp.

Dijo también Méndez que, seguramente asustado por su favoritismo, recibió distintas amenazas. Incluso "una persona de una empresa" le habría ofrecido "como 300" millones de pesos en un bolso para que éste bajara su campaña. "Después de la primaria les dio miedo. Había jóvenes políticos con ideas frescas", agregó.

Más allá de preguntarnos si es posible meter $300 millones en un bolso (son algo así como 15 mil billetes de veinte mil pesos), traer a colación una acusación al voleo de ese calibre más de seis años después y en un estelar de TV solo enloda a toda una ciudad, supuestamente llena de políticos y empresarios corruptos dispuestos a pagar su salida de la competencia para evitar que su extrema honradez y novedosas ideas echen a perder el statu quo de la podredumbre. Méndez quiso jugar y perdió. Es más, se fue sin pagar la cuenta. Ahora se dedica a hacer infantiles denuncias sin pruebas ni nombres.

Casi al finalizar el año 2022, el Presidente Boric hizo uso de la atribución especial establecida en el artículo 32 N° 14 de la Constitución, que consiste en "otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley". Los beneficiados de la decisión presidencial fueron 12 condenados por delitos vinculados al estallido social y un exfrentista acusado por delitos ajenos a su anterior actividad subversiva.

La facultad de indultar es una atribución exclusiva del Presidente que ya ha sido ejercida en varias ocasiones desde el año 1990. No pretendo cuestionar el fondo de la decisión de Boric; sin embargo, me parece que las declaraciones posteriores efectuadas por el Primer Mandatario han carecido de la prudencia que se espera de un Jefe de Estado y de Gobierno. Hace pocos días él declaró refiriéndose a estas personas que ellas "son jóvenes y no delincuentes". El 2 de enero señaló en relación con Jorge Mateluna: "Ustedes pueden revisar todos los detalles y los razonamientos respecto a los indultos que hemos otorgado. Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran revisar los antecedentes que hay respecto a esto. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto".

Si se analizan las apreciaciones del Presidente es posible constatar la gravedad de las acusaciones que se hacen al Poder Judicial. En efecto, Boric denuncia que personas inocentes fueron condenadas por los tribunales de justicia y con ello pone en duda la imparcialidad, el profesionalismo y la ética de los jueces que sustanciaron estos procedimientos. Este discurso pone en jaque, desde un punto de vista político, la legitimidad de un poder del Estado y es esperable que la Corte Suprema y la misma Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile levanten la voz para repudiar dichos tan poco reflexivos. En buenas cuentas, Gabriel Boric, en un intento de justificar ante la ciudadanía, su decisión política de cursar estos indultos, traslada al Poder Judicial la responsabilidad de actuar con parcialidad y arbitrariedad en el juzgamiento de estos casos, sin ser capaz de medir las consecuencias de sus palabras.

Considero que Boric pudo haber fundado sus indultos en razones políticas, humanitarias, de coherencia con sus compromisos de campaña, etc., y todas ellas debatibles, aunque válidas, con independencia de si se comparten o no por la ciudadanía, pero no puede escudar estos indultos en una "mera convicción personal respecto de la inocencia o culpabilidad de personas condenadas por delitos", ya que esta es una atribución que corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. Si bien cualquier persona puede tener una opinión similar a la del jefe del Ejecutivo respecto del ejercicio de la función jurisdiccional en estos procesos y hacerla pública en ejercicio de su libertad de expresión, el Presidente debe observar un trato más respetuoso y prudente, porque, en buenas cuentas, buscar la justificación de sus decisiones en el actuar de otros órganos del Estado, acusándolos de acciones tan graves como es condenar a inocentes de forma irregular, trae como consecuencia un cuestionamiento a nuestro Estado de derecho.