La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, antropóloga, informa que se ha logrado exitosamente reunir toda la información sobre los damnificados en el incendio que afectó la parte alta de Viña del Mar el 22 de diciembre pasado.

Con esa información en la mano se procederá a la reconstrucción, tarea que está a su cargo como coordinadora, y para ello se dan dos situaciones. Están los damnificados cuyas viviendas afectadas se emplazaban en terrenos propios, legamente regularizados y, por otro lado, están quienes se habían ubicado en tomas. En este último caso, esas ocupaciones irregulares se sitúan en espacios de alto riesgo no solo por incendios, sino que también por derrumbes en caso de periodos lluviosos.

De sus declaraciones fluye la idea mejorar las condiciones de esos terrenos peligrosos. En entrevista con este Diario, afirma que "estamos poniendo harto énfasis en remirar la normativa, en hacer estudios en los terrenos y en el suelo para poder generar medidas de mitigación que nos puedan permitir construir con mayor seguridad en esos terrenos que se vieron afectados por este incendio". Agrega la antropóloga que "no vamos a solo reconstruir viviendas, sino que también vamos a remirar el terreno para dar mayor seguridad y poder evitar nuevos desastres". Ese punto es importante, pues la seguridad implica buenos accesos para vehículos y también iluminación.

En todo este proceso de "remirada" es fundamental considerar hasta qué punto todos los terrenos afectados son utilizables. Lo pueden ser todos, pero ¿a qué costo y en qué plazo? Es cierto que en muchos casos hay presiones de los actuales ocupantes ilegales que han invertido en levantar viviendas ahora desaparecidas. Satisfacer esas demandas puede resultar un incentivo a nuevas tomas en espacios peligrosos, con riesgo para los ocupantes, generando nuevos problemas en casos de emergencia con costos humanos y materiales.

Por otro lado, es importante avanzar en definiciones sobre recuperación de viviendas y espacios públicos. El verano pasa rápido y las condiciones climáticas de la zona costera comienzan a ser frescas y húmedas.

La tarea actual, afirma la funcionaria, es la recuperación de algunos servicios básicos y la habilitación de las viviendas de emergencia. Se trabaja, además, en la planificación de las viviendas definitivas. "Lo que yo he comprometido -afirma- son los 15 días para tener las alternativas y esperaría que en el plazo cercano a seis meses podamos tener una vivienda para poder decir que partimos y que estas son las alternativas y las ofertas que tenemos para las familias".

El tema de la vivienda definitiva es el más complejo, pues hay muchas expectativas. La recuperación debe superar la precariedad y debe garantizar la seguridad en el emplazamiento y es ahí donde entran las consideraciones sobre la calidad de los terrenos, materia en la cual deben primar criterios técnicos.

Es realmente inconcebible que en medio de la profunda crisis de seguridad que enfrentamos como país, el Presidente de la República haya decidido indultar a delincuentes que tanto daño provocaron en Chile. Incluso se dio el gustito de concederle este beneficio a un frentista condenado por robo a un banco, cuestionando los legítimos procedimientos del Poder Judicial. Con esto, nuevamente el Gobierno le envía una señal negativa a la ciudadanía y muestran el lado en el que están verdaderamente.

"Son jóvenes que no son delincuentes", decía el Presidente Boric para justificar su decisión, pero rápidamente ese argumento se le cayó cuando conocimos el amplio prontuario de algunos de los indultados, con condenas anteriores por porte de drogas, robos, entre otros delitos, lo que demuestra la falta de tino con la que se concedieron estos indultos en un contexto donde ha quedado demostrado la falta de herramientas del Estado frente a la delincuencia y el crimen organizado.

Esto es reírse de las víctimas de la violencia y el terrorismo en nuestro país, pero no nos sorprende de parte de un Gobierno que desconoce la realidad que se vive en las regiones con la inseguridad. Hace algunos días escuchábamos a la ministra del Interior, Carolina Tohá, decir que Chile no está tomado por el crimen organizado, lo que demuestra la total desconexión de quienes nos gobiernan con lo que pasa en las calles.

En la Región de Valparaíso cerramos uno de los años más violentos en relación a la ocurrencia de delitos de gran connotación social. De acuerdo a cifras de la Fiscalía Regional, el robo con violencia e intimidación con uso de armas de fuego subió en un 106,9%, en tanto los homicidios por arma de fuego se incrementaron en un 87,5%. También delitos que antes no eran frecuentes en esta zona, como los secuestros, extorsiones y el sicariato, hoy, lamentablemente, son una realidad frecuente.

Invitaría al Presidente y a sus ministros a que puedan recorrer las calles de nuestro país, que se tomen el tiempo de conversar con las víctimas, con los padres de los niños que han sido baleados, con los familiares que han sufrido el secuestro de algún ser querido y que hasta el día de hoy desconocen su paradero. A lo mejor así pierden en algo el sesgo ideológico que los guía y que los hace tomar medidas para unos pocos, mientras se ignoran las verdaderas urgencias de los chilenos.

No nos podemos sentar en la misma mesa con un Gobierno que sigue tomando decisiones erradas y que nos ha demostrado en reiteradas ocasiones que la seguridad y el sufrimiento de miles no es prioridad para ellos. Es difícil lograr un consenso con quienes constantemente le han dado la espalda a proyectos fundamentales para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y otorgarle mayor protección a nuestras policías.