El Presidente Gabriel Boric aceptó ayer la renuncia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, ante los cuestionamientos generados por la entrega de indultos a 12 detenidos por delitos relacionados al estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, lo que incluso generó que se presente una acusación constitucional contra la saliente integrante del gabinete.

Dichos beneficios fueron anunciados el 30 de diciembre e incluían a 10 condenados por delitos asociados al 18 de octubre de 2019, además de Mateluna. Sin embargo, minutos más tarde se entregó un segundo comunicado en el que se aclaraba que dos de los indultados que aparecían en la lista original no eran parte de los visados por el Mandatario; y luego un tercer informe expuso que ante dicho error serían 13 los indultados y no 11.

Además, el jefe de Estado argumentó que quienes recibían el beneficio "no son delincuentes", de Mateluna dijo que confiaba "en su inocencia" y también justificó que lo hacia por el bien del país, por la reconciliación, a pesar de haber tenido a la vista el prontuario delictual anterior de varios de los liberados.

"Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera", expresó ayer el Mandatario.

"Cuando en política suceden situaciones de estas características debemos asumir las responsabilidades. En su reemplazo he decidido nombrar al destacado abogado don Luis Cordero Vega, quien asumirá sus funciones en los próximos días ya que se encuentra temporalmente fuera del país", añadió Boric.

"Todos quienes tienen una función de alta responsabilidad en mi gobierno saben que cuando se cometen errores de esta naturaleza hay que asumir las responsabilidades políticas, como se está haciendo en este caso", enfatizó.

Boric cerró su alocución con un llamado al Congreso a aprobar el paquete de ayudas económicas que anunció el jueves y a votar a favor de Ángel Valencia como fiscal nacional luego de dos intentos fallidos, tema del que también se ha acusado como responsable a la ministra saliente por su falta de diálogo con los senadores que deben visarlo.

Sin embargo, desde la oposición piden más. El senador Rojo Edwards (Republicanos) afirmó que "el Presidente probablemente espera cerrar la polémica de los indultos con la salida de la ministra, pero si el Presidente Boric acepta desprolijidad debe revocar los indultos". "Hago un llamado a que se paralice el proceso constituyente si el presidente no revoca los indultos", sostuvo el legislador.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, también aseguró que "a nosotros nos gustaría que el Presidente no solamente se arrepintiera y reconociera el error respecto de los indultos, sino que los revocara".

El timonel de RN, Francisco Chahuán, afirmó que "si el Presidente cree que sacando a la ministra de justicia el tema está zanjado, está profundamente equivocado. Si hubo desprolijidades en el otorgamiento de los indultos, lo que debe ocurrir es que retiren los indultos".

La UDI acudió a Contraloría y al Tribunal Constitucional para que se pronuncien sobre los indultos, mientras que RN acudió a Fiscalía para que se indague una presunta prevaricación por parte del Presidente.

"al menos dos"

Los dos indultos más cuestionados corresponden a Jorge Mateluna y Luis Castillo, este último entre los beneficiados "del estallido", pero investigaciones periodísticas revelaron que cuenta con cinco condenas previas por violencia intrafamiliar y robos, entre otros.

Por ello la senadora Paulina Núñez (RN) dijo que "los indultos rompieron el equilibrio del diálogo en seguridad y para recomponerlo debe dejar sin efecto al menos dos indultos graves, Castillo y Mateluna".

Iván Flores (DC) añadió que "el hilo se corta por lo más delgado. Los errores que se han cometido no solo tienen que ver con los actuares de la ministra, sino con todo el Gobierno. Lo más complicado de todo fueron los comentarios que hizo el Presidente respecto de su convicción de inocencia respecto de uno de los indultados (Mateluna), que causó problemas con la Corte Suprema y la Fiscalía".

El senador Matías Walker (Demócratas) coincidió en que "espero que se retroceda en algunos indultos. La ministra asume la responsabilidad de una decisión que no tomó ella, sino que tomó el Presidente".

Ayer también se informó que Boric aceptó la renuncia de Matías Meza-Lopehandía, su jefe de gabinete desde marzo, sin que se entregaran detalles.

Pese a que se cursó la renuncia de Marcela Ríos, desde la oposición descartaron bajar la acusación constitucional en su contra anunciada para que se ingrese hoy, pues legalmente esta puede ejecutarse hasta seis meses después de que las autoridades dejan sus cargos. El diputado de Evópoli Francisco Undurraga afirmó que "le recuerdo al Presidente que la renuncia de la ministra no la exime de responsabilidad. por lo que no gatilla que se baje la acusación". El diputado Cristián Labbé (UDI) coincidió en que "la acusación constitucional va sí o sí", por la "gravedad" de los hechos.

Luis Cordero, el recién designado ministro de Justicia por el Presidente Gabriel Boric, es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad La República, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Lleida.

Ayer, poco después del anuncio de su nombre como sucesor de Marcela Ríos, escribió en Twitter: "Me honra sumarme a su gabinete y asumir los desafíos de conducción institucional en materia de Justicia y Derechos Humanos".

Hace solo algunos días el ministro entrante calificó como "irreversible" el daño causado al Ministerio Público por la disputa generada entre el Senado y el Gobierno luego de que se rechazaran los dos primeros nombres elegidos por el Ejecutivo para asumir como fiscal nacional.

El 3 de enero, afirmó a radio Cooperativa que "la persona que sea electa va a recibir un Ministerio Público muy golpeado, muy interpelado en este proceso y con una agenda de seguridad particularmente sensible".

"Hasta ahora la elección del fiscal nacional se ha transformado, más que en una decisión propia de las maneras en que toma el Congreso las decisiones, en decisiones personales. Esto explica, probablemente, que ninguno de los candidatos en la actualidad tenga una mayoría en el Congreso", planteó Cordero.

"Yo creo que por eso (el proceso) ha sido algo vergonzoso. Vergonzoso fundamentalmente porque degrada las instituciones, principalmente al Ministerio Público", señaló.