Una de las interrogantes es el pie en que queda la relación del Presidente con el área política de su gabinete y con Socialismo Democrático. El director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, plantea que al catalogar de "irregular" el proceso que llevó a la condena de Mateluna, "el Presidente cruzó una frontera muy peligrosa", ya que la tradición republicana sugiere que los fallos judiciales se acatan y no se comentan y la separación de poderes ha sido una de las razones que explica nuestra estabilidad institucional.

"Por cierto que esto generará problemas con Socialismo Democrático, que es parte de esa tradición", agrega el doctor en Ciencias Políticas, a lo que suma el impacto en la mesa de seguridad y la ministra del Interior. "Es muy difícil convivir con un Gobierno que en lugar de sanar heridas con los indultos, produce una hemorragia institucional cuyos efectos desconocemos", sostiene.

Al analista político y doctor en Comunicación de la UNAB, Felipe Vergara, le parece que los indultos, "más allá de ser una promesa de campaña, vienen a complicar el escenario político, tanto al interior del Gobierno, como con la oposición. Sectores del Socialismo Democrático no los vieron con buenos ojos, dice, y observa que "el Presidente queda en un mal pie con parte de sus aliados y eso, para un gobierno que ha tenido tantos problemas en su primer año, es a lo menos, inoportuno".

El peso del contexto

El director ejecutivo del Observatorio de Historia y Política (OHP) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Raúl Burgos, plantea que aun cuando la decisión de indultar se desprendía del programa del actual Gobierno y constituye una facultad presidencial, "el contexto en que se llevan a cabo los indultos -y los comentarios adicionales posteriores- afectan la relación con parte importante de los actores políticos del país".

A nivel de Gobierno, añade el doctor en Historia, la situación resulta compleja porque Interior, Segpres y Hacienda están en manos de Socialismo Democrático. "Esto demuestra una falta de discusión y definición política interna en temas que generan controversia en la sociedad y también deja de manifiesto las diferencias entre quienes conforman el Gobierno", lo que desvía la atención de los asuntos más urgentes que debe enfrentar el país.

Para Claudio Alvarado, director ejecutivo del instituto de Estudios de la Sociedad (IES), "es bien enigmática" la situación en la que queda el Presidente en relación a su gabinete político. "Por un lado, Carolina Tohá salió a respaldarlo, pero por otro es tanto más evidente que La Moneda ha quedado tal vez irremediablemente debilitada en relación con el Socialismo Democrático y los sectores más moderados de la centroizquierda". Con la oposición, en tanto, "cortó todos los puentes y la ciudadanía, que vive literalmente angustiada por la crisis de delincuencia y orden público, ve una señal incomprensible de parte del Presidente".

El abogado y académico hace ver además que Gabriel Boric entró en pugna con el Poder Judicial y el Ministerio Público, "en un contexto en que es el mandatario más impopular en su primer año desde el retorno de la democracia" y en el que aparece como "un gobierno muy debilitado en su gestión política, que perdió el plebiscito de la manera en que lo hizo", de modo que "queda en una situación muy frágil, muy precaria, de la cual uno a estas alturas no tiene claridad si es realmente consciente de lo que está en juego".

Indultos de piñera y boric

Claudio Gómez, abogado, académico, doctorando en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y exconvencional Distrito 6 de la Lista del Apruebo, expone que el indulto "es una atribución constitucional que ha sido ejercida por todos los presidentes desde el retorno de la democracia" y que "durante el Gobierno de Sebastián Piñera se ejerció un indulto general de 4.027 de personas sentenciadas por delitos comunes y 26 por delitos de lesa humanidad",

Desde su perspectiva, no ha existido una intromisión en las funciones del Poder Judicial, "por cuanto formalmente se ha manifestado el indulto a través de un decreto administrativo y no una sentencia judicial", aunque observa que la molestia de la Corte Suprema se originó en las opiniones vertidas por el Presidente, "de las cuales por prudencia hubiese sido mejor abstenerse para haber evitado el tsumani mediático".

Una mirada distinta tiene el exdiputado y analista político Pepe Auth, quien diferencia los indultos de Boric de los concedidos por Piñera en que estos últimos derivaron "de una ley aprobada por el Congreso y que fijó criterios objetivos para decir quién sería beneficiario y quién no, en cambio aquí se trata de la atribución exclusiva del Presidente para indultar".

Auth apunta como detonantes de la polémica y sus consecuencias al contexto fuertemente demandante de orden y seguridad; a la poca prolijidad en el proceso, "ya que cuando un presidente indulta, tiene que cuidar primero que el beneficiado no haya cometido delitos previos"; y al error presidencial de entrar en pugna con la Justicia, ya que "fundamentar un indulto en la inocencia de los beneficiados es una equivocación completa del Presidente", incluso cuando lo declara como convicción personal, ya que "el Presidente es quizás la única persona que no puede disociar sus opiniones particulares de la opinión de la institución presidencial".

Un año por delante

Otra incógnita es si el Presidente podrá recomponer sus niveles de respaldo en un año que se proyecta económicamente duro y en que la seguridad sigue siendo principal preocupación ciudadana, y si podría convertirse en el mandatario que firme una nueva Constitución.

En esa línea, Raúl Burgos sostiene que el Gobierno "debe articular un discurso claro respecto a sus propósitos para este año y establecer prioridades que le hagan sentido a la mayor parte de la ciudadanía. El bienestar económico, incluyendo empleos, costo de la vida y salarios, y la seguridad pública debiesen estar entre dichas prioridades", mediante un plan con medidas de corto y largo plazo para cuya concreción tendrá que articularse también con sectores de la oposición, dada la envergadura de estos desafíos.

Claudio Gómez alude a esas mismas prioridades ciudadanas y agrega los temas migratorios, todo lo cual demanda "medidas que tiendan a mejorar los índices respectivos y generar una mejor percepción ciudadana". Respecto del nuevo proceso constituyente, plantea que "es una respuesta a los compromisos adquiridos" y cree que originar un nuevo texto "cuando no es una prioridad generalizada y no existe una efervescencia de un sector u otro, puede generar una Constitución más neutra y moderada, que pueda tener mayores posibilidades de ser aprobada, a diferencia de la Constitución del 80, nacida luego de un quiebre institucional y en plena dictadura, o la propuesta de la Convención que surgió a partir de la revuelta popular de octubre de 2019".

Para Mauricio Morales "no hay posibilidad alguna de que el Presidente retome niveles de popularidad similares a los registrados en el momento de asumir. La única opción de que eso suceda es que el proceso constitucional sea exitoso y que, casi de manera milagrosa, la situación económica mejore y que disminuyan los hechos de violencia. Se deben dar estas tres condiciones de manera simultánea. Sería una gran noticia para el país, pero lo veo altamente improbable. La eventual firma de la nueva Constitución generará un impulso, pero si la situación económica sigue deteriorada y la delincuencia no cede, entonces su efecto será muy acotado".

Felipe Vergara piensa que el Ejecutivo debería alejarse de todo lo que se relacione con el proceso constituyente. "Su futuro es incierto y por lo mismo, un eventual fracaso sería muy dañino para el Gobierno y en especial para el Presidente". En lugar de eso, "debiera concentrarse en la reactivación económica, mostrar gestión en ello, lo mismo con la seguridad, avanzar en líneas con hechos concretos y mostrando constantemente los avances en ambas materias", aparte de potenciar las relaciones internacionales.

A Claudio Alvarado le parece que en un contexto de acumulación de crisis en orden público y delincuencia, economía y política, "lo que tiene que hacer un gobierno mínimamente responsable es trabajar en pos de la estabilidad política y estabilizar el país adicionalmente en materia social y económica", lo que implica "hacer todo lo que no ha hecho en el último tiempo", que es "dedicarse a gobernar, transmitir prioridades, así como una gestión estatal acorde a las demandas ciudadanas de la actualidad, partiendo por economía, orden público y acuerdos políticos". Recuperar un estatus aceptable "depende de que se tome en serio las responsabilidades propias de un jefe de Estado, lo que no ha hecho con el indulto y las polémicas posteriores".

Pepe Auth, por su parte, opina que para mejorar su respaldo tiene que hacer "lo que estaba haciendo hace rato, a pesar de los suyos, que es intentar que su discurso sintonice mejor con las prioridades ciudadanas". El exdiputado cree que la decisión de indultar era "una medida casi obligada del Presidente porque constituía un compromiso programático muy central". Y en un periodo en que se han adoptado decisiones contradictorias con el ADN de su coalición -desde los estados de excepción hasta el TPP11-, "necesitaba darle un elemento de unidad y de cohesión, y levantar la moral".

En este caso, plantea que la adopción de una política distinta a la anunciada y pretendida responde a que esa propuesta no tiene el respaldo de la sociedad. "El proyecto refundacional que tenía el Frente Amplio en su cabeza se estrelló contra la realidad, y el que lo entendió más rápido fue el Presidente. Hay algunos que todavía no lo entienden", resume. 2

En lugar de sanar heridas con los indultos, produce una hemorragia institucional cuyos efectos desconocemos".

El Presidente queda en mal pie con parte de sus aliados y eso, para un gobierno que ha tenido tantos problemas, es a lo menos, inoportuno".

Demuestra una falta de discusión y definición política interna en temas que generan controversia en la sociedad".

La ciudadanía, que vive angustiada por la crisis de delincuencia y orden público, ve una señal incomprensible de parte del Presidente".

A la ciudadanía le interesa mucho más ver un gran acuerdo en seguridad, que a un sector dejando la instancia para generar una AC infundada".

Se han adoptado decisiones contradictorias con el ADN de su coalición; el Presidente necesitaba darle un elemento de unidad y de cohesión".

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Los analistas también exploran la relación Presidencia-oposición, y en ese contexto Mauricio Morales cree que aun cuando con los indultos "reconquista a los sectores de Apruebo Dignidad disconformes con el accionar del Gobierno, pierde todo apoyo en los más moderados de su propia coalición" y se hace más cuesta arriba la aprobación de reformas relevantes para el Gobierno. "Se están generando todos los incentivos para que la oposición se endurezca, los actores moderados abandonen la neutralidad y se sumen a la oposición", con lo que "corren peligro las aprobaciones de la reforma tributaria y los avances en materia previsional".

Felipe Vergara: "Es una excelente oportunidad para la derecha de hacer de esto un 'festín'. Pero deben ser astutos para aprovechar esta coyuntura y no extremar el relato, con las repercusiones negativas para dicho sector, por ejemplo, restarse de la mesa de seguridad es una muy mala forma de responder a los indultos".

Raúl Burgos: "Esta situación afecta la relación con los distintos sectores de la oposición, porque da la señal de que el Gobierno está dispuesto a gastar parte de su capital político en un tema específico en un contexto especialmente complejo. Esto sabiendo que hay otras iniciativas -como la reforma tributaria y reforma de pensiones - que requieren del apoyo amplio del Parlamento para su concreción".

Claudio Gómez: "El retiro de la mesa de seguridad por parte de un sector de la derecha corresponde más bien a una práctica del juego político y aprovechamiento de un error no forzado del Presidente al emitir las declaraciones, porque a la ciudadanía le interesa mucho más ver un gran acuerdo en seguridad y soluciones inmediatas, que a un sector abandonando la instancia de acuerdos para generar una acusación constitucional infundada".

Claudio Alvarado: "Al parecer el Presidente Boric prefirió hacerle un guiño a sus barras bravas liberando a delincuentes que han sido recientemente condenados por actos criminales brutales, un tipo de indulto que él mismo había descartado en la segunda vuelta. Obviamente, era muy previsible que con esta decisión cortara los puentes con la oposición, y por tanto arriesgara su gestión política en lo que sigue de un modo muy difícil de entender".

Pepe Auth: "La diferencia es más bien política y no legislativa, porque a la hora de los 'quihubos' el Gobierno mueve sus urgencias, formula sus invitaciones y obviamente que la derecha va a votar a favor de los proyectos que vayan en dirección de reforzar la seguridad. En esto el problema para el Gobierno han sido más bien los suyos, reforzar a Carabineros, aumentar penas, tipificar el delito de usurpación, todas esas cosas que van contra su gente, contra sus parlamentarios". 2