En medio del terremoto generado en el Gobierno a causa de las "desprolijidades" reconocidas por el Presidente Gabriel Boric en la entrega de indultos a 13 condenados por diversos delitos, lo que significó la remoción de Marcela Ríos como ministra de Justicia y la de Matías Meza-Lopehandía como jefe de gabinete del mandatario, hoy el Ejecutivo enfrenta una nueva jornada clave: el Senado debe votar si acepta la propuesta de Ángel Valencia como fiscal nacional, cuando se cumplen 101 días sin un titular en el cargo.

Este proceso se ha visto envuelto en un evidente conflicto entre La Moneda y el Senado, que ya desechó los dos primeros nombres elegidos por el mandatario de la quina propuesta por la Corte Suprema: José Morales y Marta Herrera.

La jornada se iniciará a las 11:00 cuando el abogado deberá exponer sus propuestas ante la Comisión de Constitución del Senado, liderada por Matías Walker (Demócratas). Luego, a las 16:00, será la votación de la Sala para decidir si se acepta su nominación, que para ser aprobada debe recibir 33 sufragios, equivalentes a dos tercios de los senadores en ejercicio.

Cartera en crisis

El Gobierno enfrenta esta nueva prueba en un momento crítico, tras la peor semana de la administración Boric y eso se demuestra en el hecho de que, a diferencia de las dos oportunidades previas, no estará el ministro de Justicia presente en el Congreso para apoyar la postulación: ante la salida de Ríos y la ausencia de su reemplazante, Luis Cordero, la gestión quedará a cargo del subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo.

Será una misión incómoda, porque pese a la remoción de la antigua titular, la oposición anunció que mantendrá en pie la acusación constitucional en su contra a causa de los indultos otorgados y esta será ingresada esta misma tarde. Ayer el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, afirmó que "si los indultos siguen en pie, la verdad es que la acusación constitucional sigue teniendo pleno fundamento, vigencia y necesidad".

Esto fue respaldado por la diputada del mismo partido Sofía Cid: "Como Renovación Nacional, nosotros seguiremos fiscalizando y seguiremos adelante con la acusación constitucional contra Ríos, porque tenemos que buscar las responsabilidades y también hay que fiscalizar las acciones del subsecretario de Justicia en todo este proceso".

"La vencida"

En el Ejecutivo se siente la presión. Apenas se anunció a Valencia, que no era el candidato que se esperaba del Presidente, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo: "Esperamos que la tercera sea la vencida".

Valencia es el único postulante a fiscal nacional que no proviene del Ministerio Público y en la elaboración de la quina original de la Suprema fue quien obtuvo la más alta votación junto a José Morales (17 votos).

Desde el principio fue el favorito de la oposición, pero enfrentó el cuestionamiento de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, pues como abogado particular defendió a imputados por delitos sexuales. Sin embargo, tras dos fracasos en las candidaturas del Presidente, eso hoy parece pesar menos que la necesidad de lograr el consenso.

Tras el anuncio, el presidente de RN, Francisco Chahuán, quien apoya a Valencia, sostuvo en Mega que "los senadores y senadoras de RN actúan en conciencia, no tenemos órdenes de partido en esta materia".

La senadora Loreto Carvajal (PPD) sinceró que su voto "va a ser en contra. Creo que hay suficientes antecedentes, un historial que habla de defensa permanente en el ámbito privado, no a las víctimas precisamente".

Esteban Velásquez, senador FRVS e integrante de Apruebo Dignidad, dijo estar "en reflexión" respecto a su votación, hasta escuchar los argumentos del nuevo candidato, aunque cuestionó que se tratara del "preferido" de la oposición.

Finalmente el presidente del Senado, Álvaro Elizade (PS), ha reconocido que son amigos y compadres con Valencia, y para algunos podría implicar que el parlamentario opte por inhabilitarse, aunque constitucionalmente no estaría obligado.

Las razones de por qué el Presidente Gabriel Boric decidió destituir a la ministra de Justicia y a su jefe de gabinete y amigo personal, Matías Meza-Lopehandia, por la crisis de los indultos, fueron parcialmente confirmadas ayer por la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien en Canal 13 afirmó que el mandatario había pedido expresamente que los beneficiados solo tuvieran prontuario por hechos del "estallido social", lo que no se cumplió.

Al referirse al abandono que hicieron los representantes de la oposición a la mesa de seguridad que había levantado el Gobierno y que estaba a punto de cerrar sus propuestas cuando se produjeron los indultos, la dirigente afirmó que "se hace una falsa dicotomía respecto de que haber indultado casi delincuentes comunes es un contrasentido de la mesa de seguridad".

"Una de las cosas por las cuales tenemos una ministra y un jefe de gabinete menos, es porque el Presidente pidió que las personas que se indultaran tuvieran solo prontuario a propósito del estallido, que es una anomalía social, no que tuvieran prontuario delictual anterior. Eso es lo que no se cumple", detalló.

En este contexto, la salida de los dos funcionarios de Gobierno está lejos de calmar las aguas y desde la oposición -aunque también lo admiten juristas en el oficialismo- han advertido que no les basta con eso y exigen que se revoquen los indultos.

Así lo expresaron los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida, quienes insistieron con acciones contra el mandatario, incluso más allá del Tribunal Constitucional o la Contraloría, donde ya interpusieron acciones.

"No vamos a aceptar que el Gobierno pretenda subsanar la liberación de delincuentes avezados y de un terrorista con la renuncia de dos autoridades. La única manera de solucionar esta grave situación es revirtiendo los indultos que permitieron que hoy estén libres, y lo peor es que con una alta posibilidad de que vuelvan a delinquir", expresaron los legisladores.