Cristián Rojas Molina

Los parlamentarios de oposición en la región, a excepción de Gaspar Rivas, se mantienen firmes en su postura de abandonar la mesa transversal de seguridad ciudadana que encabeza la ministra del Interior, Carolina Tohá, debido a los indultos otorgados por el Presidente a un exfrentista y 12 presos del estallido social, entre ellos uno que tenía un nutrido prontuario delictual. Pese a que la Universidad del Desarrollo dio a conocer una encuesta que revela que el 60% de los consultados está en contra del retiro de la oposición de la mesa, reiteraron su posición de bajarse de dicha instancia, sin importar el costo político que pueda tener.

Al respecto, el senador Francisco Chahuán, presidente de RN, sostuvo que "si el Presidente cree que sacando a su jefe de gabinete y a la ministra de Justicia el tema está zanjado, está profundamente equivocado. Si hubo desprolijidades en el otorgamiento de los indultos, lo que debe ocurrir es que impere la racionalidad y que el Presidente retire esos indultos. Pareciera que el hilo vuelve a cortarse por lo más delgado y el Presidente no asume la responsabilidad por el otorgamiento de unos indultos sin ningún tipo de prolijidad".

"dañan las confianzas"

En tanto, el diputado Luis Sánchez (P. Republicano) planteó que "los indultos dañan las confianzas, pero tampoco vamos a estar dispuestos a volver a una mesa donde no hay voluntad real de cambios reales con más mano dura".

Consultado sobre el costo político que podría tener la decisión de retirarse de la mesa, a la luz de los resultados de la encuesta UDD, sostuvo que "los republicanos actuamos siempre por convicción, y si tenemos que explicarle a la ciudadanía porqué una mesa de seguridad dirigida por el Gobierno no está proponiendo ningún cambio real para atacar esta crisis, lo haremos. Nuestra prioridad es alcanzar los cambios necesarios en seguridad".

El diputado Andrés Celis (RN) recordó que "tenemos a un presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, que es el diputado Alessandri, que va a priorizar todos aquellos proyectos de ley que en el anterior gobierno, el actual Presidente de la República siempre votó en contra".

Reinstalar nueva mesa

En ese contexto, explicó que "lo que nosotros queremos y vamos a hacer es reinstalar una mesa pro víctimas, pro defensa que vaya a favor de aquellos que han sido atacados por la violencia, y lo que queremos es sumar eso, pero nos es muy difícil sentarnos en una mesa con gente del Gobierno, que lo que quiere es ayudar a los delincuentes, a los violentistas, a los terroristas".

Celis recalcó que "la postura nuestra va a ser enfocarnos en proyectos de ley, en sacarlos adelante, en decirle al Gobierno 'denle urgencia a aquellos que van en favor de las víctimas, a aquellos que van en favor de la paz y la tranquilidad, a aquellos que nos exige la ciudadanía'. Pero en ningún momento hemos pensado en abandonar el tema seguridad, al contrario, queremos reforzarlo con hechos y con palabras, por lo mismo, estamos convencidos que ese es el camino".

En tanto, el diputado Andrés Longton (RN) sostuvo que "mientras el Gobierno está empecinado en darle en el gusto a los sectores más radicalizados de la izquierda y responder a favores políticos, desprotegiendo a la ciudadanía con la liberación de peligrosos delincuentes que debían estar pagando en la cárcel como cualquier persona que comete un grave delito, nosotros no estamos en condiciones de embarcarnos en ese rumbo y ser cómplices del Gobierno en esa senda".

Aseguró que "es por eso que hemos impulsado en la comisión de Seguridad distintos proyectos, aprovechando que la presidencia la tiene el diputado Alessandri, los que van en el sentido de darle mayor protección a la ciudadanía, como por ejemplo, poniendo sobre tabla el estatuto de protección de las policías".

Longton planteó que "si el Gobierno recoge nuestras propuestas y cambia el rumbo, nosotros vamos a estar dispuestos a seguir conversando, pero hoy día no vamos a ser cómplices de esa inmovilidad y malas señales que le está dando a la gente en materia de seguridad. Pero paralelamente, seguiremos impulsando estas reformas en el Congreso".

"no podemos volver"

A su vez, el diputado Hotuiti Teao (Evópoli), sostuvo que "no podemos volver a una mesa cuando existen señales tan contradictorias por parte del Gobierno en materia de seguridad. Lo que ocurrió con los indultos no fue sólo un insulto a la ciudadanía, también quebró las confianzas respecto al trabajo que se estaba realizando, y sin ese elemento, veo difícil volver a sentarse a conversar".

No obstante, aseguró que "lo anterior no significa paralizar la agenda, al contrario, ya se han anunciado una serie de iniciativas a las que se les dará prioridad como Chile Vamos, y esperamos que el Gobierno se sume también y demuestre si está del lado de las víctimas o de los delincuentes".

Consultado sobre cómo evalúa el costo político de no volver a la mesa transversal de seguridad, dada la preocupación ciudadana expresada en la encuesta de la UDD, Teao señaló que "tenemos que ser capaces de demostrar con hechos que la seguridad es la prioridad de la ciudadanía y también la de nuestro sector. En la medida que logramos avanzar con iniciativas que fortalezcan nuestra legislación para combatir con más herramientas el aumento de la delincuencia, las personas valorarán ese trabajo, independiente de si se originó en una mesa o desde el Congreso".

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Una visión distinta dentro de la oposición tiene el diputado Gaspar Rivas (PDG), quien señaló que "originalmente yo había compartido la decisión de retirarnos de la mesa, pero lo medité durante el fin de semana pasado y el martes comuniqué mi decisión de no hacerlo, de no bajarme, entendiendo que es más importante continuar en la mesa que mantenerse afuera, es importante para mí, para el Partido de la Gente, al cual yo represento, creo que hay que separar las aguas, no mezclar una cosa con la otra, la mesa con los indultos". Respecto de la encuesta, y consultado sobre si cree que puede haber un costo político para la oposición si insisten en su postura, considera que "sí, evidentemente que puede tener más adelante un costo político al haberse retirado".

La reciente encuesta CEP ha sacado a la luz una tendencia preocupante a la desvalorización de la democracia y la emergencia de impulsos autoritarios que deriva de distintos datos.

El más evidente es que, en ocasiones, un 19% de los encuestados opina que un gobierno autoritario es preferible a uno democrático, y un 25% cree que da lo mismo tener uno u otro. Quienes optan por la democracia antes que cualquier otra forma de gobierno alcanzan el 49%. Solo un 12% cree que la democracia funciona bien en Chile. Un 68% prefiere orden público antes que libertades (10%). Un 64% opina que la situación política en Chile es mala y solo un 6% que es buena. Después de las universidades (55%), las instituciones que más confianza generan son la PDI (53%), Carabineros (46%) y las Fuerzas Armadas (44%), probablemente porque delincuencia es la principal preocupación de los chilenos (60%). Esto se correlaciona con que desde 2021 ha crecido el porcentaje de personas que justifica el uso de fuerza policial para controlar a violentistas en marchas (30% en 2021; 56% en 2022) y manifestaciones (26% en 2021; 44% en 2022). Para cerrar todo esto, la apreciación sobre la situación económica del país es igualmente oscura: un 63% de los encuestados la califica como mala, mientras que solo un 5% la considera buena. Es decir, el espíritu del momento revela tendencias autoritarias, una deficiente apreciación del funcionamiento de la democracia y la política, propensión al uso de la fuerza, aumento de la preocupación por la delincuencia y decepción con la situación económica. Algunos querrían cerrar por fuera. Pero ¿es este un escenario terminal?

La memoria histórica chilena asocia el autoritarismo con dictaduras, golpes militares y la disolución del Congreso. La memoria histórica global lo asocia al fascismo; a la disyuntiva entre libertad y totalitarismo de la Segunda Guerra, o entre capitalismo y comunismo en la Guerra Fría. Pero en el mundo multipolar de la tercera década del siglo XXI, con fragmentación de las doctrinas clásicas y eclosión de identidades territoriales y digitales, habría que pensar menos en absolutos binarios y más en la ambigüedad de una transición.

Lo que anuncian los datos de la encuesta CEP es que en Chile estamos muy cerca de un escenario posdemocrático -si no ya en él. En este tipo de escenario se mantienen los procedimientos formales de la democracia, hay elecciones regulares, partidos y Congreso funcionando, pero la participación de la ciudadanía es mínima, la confianza en las instituciones políticas es baja, el interés por la política es marginal y las expectativas de un futuro esplendor son lejanas. Cuando se advierten estas tendencias, las nuevas generaciones comienzan a introducir binarismos recargados. Diferencian ahora entre la política tradicional y ellos mismos; otros distinguen entre pueblo y elite, o entre la gente y los corruptos, y le asignan superioridad moral al lugar en el que se sitúan para trazar esas distinciones. Entretanto, la mayoría mira desde afuera, desde el 60% de los preocupados por la delincuencia, desde el 63% que no tiene esperanzas económicas, desde el 88% que cree que la democracia funciona regular o mal. En la posdemocracia, la mayoría queda como tercero excluido de quienes se entretienen en el juego de tronos. Por ello se pierde el vínculo sustantivo con las instituciones democráticas y sociales; se las ve como un mero instrumento para fines particulares. Entonces, la democracia representativa liberal deja de importar.

Nadie puede eliminar posibilidades futuras, pero en Chile es improbable el éxito de un dictador a la antigua, de la convencional que aspiraba a disolver los poderes del Estado y derivarlos a una asamblea popular, de un sheriff envuelto en lágrimas y bandera chilena. Pero acostumbrarnos a la decepción de la posdemocracia porque no nos da para más, no es una posibilidad descabellada.

El nuevo proceso constitucional es la opción para revertir todo esto. La reforma del sistema político y los derechos sociales son clave para escapar al limbo posdemocrático. Hoy no estamos en el escenario terminal, pero llegará si fracasamos por segunda vez.

"En la posdemocracia, la mayoría queda como tercero excluido de quienes se entretienen en el juego de tronos.

Aldo Mascareño