Dudas y desafíos en la agenda de seguridad
La cuenta pública dada a conocer por la fiscal regional, Claudia Perivancich, muestra el grave problema de seguridad que afecta a la Región.
La agenda de seguridad se ubicó al centro del debate público en estas primeras semanas del año. A la tortuosa elección del nuevo fiscal nacional se sumó la controversia por los indultos, que derivó en la renuncia de la ministra de Justicia y afectó las negociaciones que llevaba adelante la ministra del Interior, Carolina Tohá, para materializar con la oposición un acuerdo transversal capaz de abordar la crisis que vive el país debido a la serie de delitos cuya alza puso en alerta a las fuerzas políticas.
La cuenta pública hecha por la fiscal regional, Claudia Perivancich, aterrizó esa tensa situación a nivel de las 38 comunas que componen esta zona, marcada en el último año, reconoció la jefa de los persecutores, por delitos como los secuestros, con 115 incidentes, 51 casos más en 2022 que el año anterior, y los robos violentos, cuya alza de 107% en el periodo analizado debe remecer de una vez por todas los protocolos y las estrategias de persecución.
Las crudas cifras expuestas por Perivancich muestran que el problema es real y urgente. Por ello resulta relevante saber si más allá de las controversias que a nivel nacional pueden empañar la construcción de acuerdos en este ámbito, existe en la Región de Valparaíso algún esfuerzo de coordinación capaz de entregar soluciones nuevas, frescas, efectivas y contundentes a la tensión permanente en la cual viven las familias debido a las amenazas que representan los delincuentes, principalmente aquellos vinculados a grandes organizaciones criminales.
Aquí se aprecia una nueva contradicción del Gobierno, cuando presenta a la delegada presidencial, Sofía González, al centro de la estrategia regional contra el crimen organizado -ella lidera los consejos que deben abordar el tema- cuando tanto La Moneda como los parlamentarios afines al Ejecutivo -el senador Ricardo Lagos Weber fue clarísimo sobre este punto- impulsan la idea de reducir el rol de los delegados presidenciales y traspasar todas sus prerrogativas al gobernador regional. La conformación de equipos de trabajo en temas tan relevantes como este requiere de estabilidad y proyección en el largo plazo; de otra manera, no pasan de ser instancias de coordinación superficiales, que abordan los temas sin la profundidad necesaria para ofrecer a la comunidad soluciones de fondo y permanentes. Ante la falta de respuestas contundentes del Estado central, surgen algunas ideas de buenas intenciones, que bien se pueden analizar sin que las policías encargadas de abordar los delitos o el Ministerio Público pierdan su potestad en la persecución de los delincuentes. Los alcaldes presionan al Gobierno por mayores prerrogativas en temas de seguridad pública y lo propio hace el gobernador, Rodrigo Mundaca, quien con cierta justicia reclama que el millonario aporte que entrega el Gobierno Regional a la mejora de pertrechos policiales no tiene relación con sus atribuciones en este tema. Más allá de las controversias nacionales, si el conjunto de las fuerzas políticas regionales no resuelven en conjunto estas contradicciones e inconsistencias de sus planes y estrategias, la ciudadanía permanecerá escéptica sobre su efectividad y la confianza en sus representantes caerá a niveles aún más bajos de los actuales.