Isidro Solís, exministro de Justicia durante el Gobierno de Michelle Bachelet, explica que "son pocos los indultos que se conceden, pero son muchos los que se solicitan, son cientos cada año", y por eso considera que cuando la ministra vocera Camila Vallejo reconoció que si el Presidente Gabriel Boric "hubiera tenido todos los antecedentes" de los 13 persones que otorgó a fines de 2022 "la situación hubiera sido distinta", lo que hizo fue admitir "un error evidente".

A una semana de los indultos "desprolijos", Boric decidió cesar en su cargo a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y a su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, mientras la oposición presentó una acusación constitucional contra Ríos y acudió a Contraloría, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público para intentar revertir los decretos de libertad de los beneficiados por el Gobierno que fueron extendidos irregularmente.

Para Isidro Solís, abogado penalista, el Presidente además "es moralmente responsable de todo lo que hagan los indultados a partir de ahora".

"El Presidente ha puesto su destino en las manos del señor (Luis) Castillo (N. de la R.: uno de los indultados con más antecedentes delictuales). Si en seis meses más mata a una persona, la sangre va a correr por las manos del Presidente de la República. Yo creo que ese es un riesgo que el Gobierno no debería correr", añadió el exsecretario de Estado en TVN.

A diferencia de lo que dijo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, Solís afirma que la medida se puede "invalidar o se puede revocar". Asegura que cuando hay "insuficiencias legales", se podría solicitar su invalidación y la revocación puede ser a través de una orden de la autoridad que hizo el decreto. "Lo que corresponde es que la propia autoridad lo revoque, sobre todo si la vocera de Gobierno está diciendo que no se tuvieron todos los antecedentes (a la vista) y que, por lo tanto, la resolución se toma con un error evidente", añadió.

Cambio de gabinete

Mientras la oposición indica que son siete los indultos que tendrían "desprolijidades", el oficialismo cree que no basta con la salida de la ministra Ríos para cerrar el tema de los indultos. Mientras el senador socialista José Miguel Insulza aseguraba que no había "ningún fundamento" para acusar constitucionalmente a la extitular de Justicia, su par del PS y de bancada, Gastón Saavedra, quien aseveraba a radio Pauta que "el Mandatario tiene que reorganizar su gabinete, tiene que consolidar políticamente la alianza de gobierno en una sola, con el perfil que corresponde de acuerdo a las necesidades que tiene el país".

A él se sumó el diputado Leonardo Soto, quien aludió a los hitos que ocurrieron el año pasado, como el triunfo del Rechazo y sostuvo que "uno no puede dejar de percatarse de que las condiciones que concurrieron a la generación de este gabinete en el mes de marzo del año pasado hoy ya no existen".

El presidente de la bancada Independientes PPD, Cristián Tapia, también se mostró a favor de la idea: "Hay que hacer una reingeniería, analizar puesto por puesto, ver si es conveniente hacer cambios en reparticiones o definitivamente los que tengan que dar un paso al costado, lo tienen que dar".

Desde la oposición, a pesar de que aseguró que "sería tarde" un ajuste ministerial, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, manifestó que "obviamente que puede ser una buena señal, considerando la desafortunada frase de la ministra Vallejo, lo que ocurrió con la exministra Marcela Ríos y lo que ha pasado con los distintos integrantes del gabinete del Presidente Boric que están absolutamente desconectados de la realidad".

Sobre una eventual acusación constitucional a Boric, Isidro Solís pidió en CNN observar lo que ocurre en Perú y "apostar a que demos la vuelta lo más rápido posible. Entrar en el balancín de acusaciones puede arrastrarnos a crisis institucionales muy dolorosas para el país".

"Marcela Ríos es responsable de lo que ha ocurrido, pero también el Presidente que, al malentender en qué consiste la tarea del Ministerio de Justicia, la eligió a sabiendas que ella no sabía, ni tenía por qué saber, de prontuarios, expedientes, de decretos, de citas legales o de fiscalías.

El caso de la ministra Marcela Ríos ilustra, como en un ejemplo, uno de los problemas que aquejan a la administración del Presidente Gabriel Boric: elegir mal por no entender del todo la complejidad del Estado.

Marcela Ríos, la hoy exministra, es una mujer inteligente y de talento, pero como todo el mundo sabe, el éxito que logre una persona no es el resultado solo de sus propias capacidades, ni sus fracasos la consecuencia de sus defectos, sino que el uno y el otro también dependen del lugar que a cada uno le tocó en suerte o que, por motivos misteriosos, aceptó tener. Y es que los vicios y las virtudes dependen también de las circunstancias. Una persona lerda, puesta en el lugar correcto, allí donde sus pocas virtudes se concentran y refulgen, triunfará. Una persona de talento y de indudable inteligencia situada en un lugar incorrecto fracasará.

Es lo que le acaba de ocurrir a la exministra Ríos, expuesta además a una acusación constitucional.

Si el Ministerio de justicia y los derechos humanos fuera una repartición del Estado encargada de promover ideales de justicia material en la vida social, removiendo los obstáculos mudos que impiden que ellos avancen y se expandan; si a ese ministerio le correspondiera identificar las múltiples variables que impiden que la igualdad brote en todos los intersticios de la vida social; si la tarea de ese ministerio fuera hacer diagnósticos generales acerca de las instituciones y los ideales de justicia que la coalición gubernamental atesora, entonces no cabe duda que Marcela Ríos habría sido una excelente ministra. Su larga experiencia en consultorías y análisis comparado de instituciones la habría ayudado a brillar en esas tareas.

Pero la tarea del Ministerio de Justicia es muy otra que esa. Exige manejar la relación con el Poder Judicial, en especial con la Corte Suprema, para lo que es imprescindible conocer los ritos y las formas que son propias de ese sector del Estado; conocer el lenguaje legal que a veces parece un idiolecto; administrar un conjunto de servicios auxiliares; revisar proyectos de ley de muy diversa índole; modernizar un sector del Estado que suele dejarse acunar por la inercia y prestar apoyo técnico al Presidente en cuestiones jurídicas controversiales.

Solo quien ignoraba eso y creía que al Ministerio de justicia le correspondía promover ideales de justicia sustantiva y detectar los obstáculos sociales o institucionales que impiden su expansión; solo quien olvidaba o desconocía que el sector justicia y sus servicios auxiliares es una de las partes más enrevesadas y delicadas del aparato estatal --al extremo que Kafka para mostrar la angustia existencial situó a su personaje en un proceso-- , solo alguien así pudo pensar que una persona ajena a ese mundo podría desempeñarse bien en él. Por supuesto, Marcela Ríos es responsable de lo que ha ocurrido, pero también el Presidente que la eligió a sabiendas que ella no sabía, ni tenía por qué saber, de prontuarios, de expedientes, de decretos, de citas legales o de fiscalías.

Por eso quizá el Presidente cuando habla de desprolijidades no se está refiriendo al quehacer de la exministra Ríos o de quienes de ella dependían, sino reconociendo de manera involuntaria e inconsciente que la principal desprolijidad pudo cometerla él al malentender en qué consistía el quehacer del Ministerio de Justicia. Entenderlo de otro modo equivaldría a pensar que el Presidente está descargando en ella una culpa que, en parte, no hay que echarse tierra a los ojos, le corresponde también a él.