Luego de varias semanas sometido al cuestionamiento público por errores y descoordinaciones en varios ámbitos, el Presidente Gabriel Boric decidió romper la inercia con un anuncio que cumple su propuesta de campaña -fortalecer el servicio ferroviario del país durante su mandato-, y, al mismo tiempo, sirve de aliciente a la golpeada coalición oficialista, que siempre ha buscado darle a los trenes mayor protagonismo, en abierta oposición al transporte que ofrecen camiones y buses, dos gremios históricamente difíciles para la izquierda en el poder.

Como ya es una marca personal, el Mandatario recordó una cita poética, esta vez del lautarino Jorge Teillier; mandó saludos a su par colombiano Gustavo Petro, quien tuvo que viajar de urgencia a su país para atender el desastre provocado por un derrumbe, y puso acento especial en los hitos de septiembre: los 50 años del golpe militar y los 150 años de la inauguración del ferrocarril Santiago-Valparaíso. Sin embargo, el anuncio hecho por el Presidente estuvo lejos de ser perfecto y su impacto político será más acotado del previsto por La Moneda, porque lo expuesto ayer en Limache no coincide con las ideas planteadas en los últimos años y no completa las crecientes expectativas de una Región que siempre termina frustrada cuando escucha las decisiones tomadas en Santiago.

Desde que el Gobierno de Sebastián Piñera diera el estatus de interés público a dos iniciativas privadas, impulsadas por el holding de capitales chinos TVS y el grupo Urenda, y a una tercera elaborada por la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la idea de un tren rápido que llevara pasajeros y carga entre Santiago y Valparaíso -con paso por Casablanca, en algunas ideas, o Tiltil y Olmué, en otras- despertó el interés y la adhesión de las autoridades locales y los gremios empresariales, principalmente portuarios, por cuanto representaba una oportunidad inigualable para reactivar la Ciudad Puerto y sus alrededores con nuevos habitantes. Al no considerar a Valparaíso, San Antonio o Casablanca en su trazado, el Gobierno defraudó esas esperanzas, y al reducir la velocidad de los carros para igualarlos al estándar de los buses que actualmente circulan por la Ruta 68, sepultó el impacto tecnológico regional que representaba un tren rápido. Ni siquiera es volver al viejo servicio ferroviario que entre el 14 de septiembre de 1863 y el 8 de marzo de 1992 operó entre las estaciones Puerto y Mapocho, como lo planteó el Presidente Boric durante su anuncio.

A favor del proyecto presentado está el hecho de que se basa en dos iniciativas consensuadas y con financiamiento, como los trenes a Tiltil y Batuco, algo que garantiza su avance en los próximos años y reduce la fricción política. Además, el uso de una antigua línea férrea permitirá acotar el impacto ambiental y el nivel de expropiaciones necesarias para materializar el proyecto. Como ocurre con todas las últimas decisiones del Gobierno, el anuncio abre nuevos flancos políticos -el justo reclamo de los alcaldes Sharp, Lizana y Riquelme tendrá efectos en este ámbito- y levanta dudas sobre las razones de fondo que llevaron al Presidente a desechar sin mayor explicación las iniciativas privadas de TVS y el grupo Urenda, así como la de EFE.

Del mismo modo que en otros aspectos de la realidad nacional, la desigualdad se expresa en el territorio y entre las regiones, como lo ha señalado la OCDE sobre Chile. En ese sentido, el proceso de descentralización está fortaleciendo el papel de los gobiernos regionales y la capacidad de decidir sobre programas de inversión, lo que debiera permitir disminuir la brecha de desigualdad regional. Alcanzar este objetivo requiere de las autoridades el fortalecimiento de una política pública sobre los criterios según los cuales el gobierno central asigna los recursos. Un reciente estudio realizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) muestra que los gobiernos de los últimos 12 años han tendido a invertir más en infraestructura pública en las regiones que tienen más habitantes. El resultado práctico de este sistema de asignación es que las tres regiones de mayor población capturan la mayor parte de la inversión del gobierno central, con la excepción de la Araucanía, donde el conflicto sociopolítico parece ser el elemento decisivo.

Desde el punto de vista del comportamiento de los ministerios, el MOP es la cartera inversionista por excelencia, explicando cerca del 40% de toda la inversión del gobierno central en infraestructura de uso público. Sus decisiones son determinantes en los niveles de inversión de cada región del país.

Desde el punto de vista de la caracterización de las regiones, las extremas (Arica y Parinacota, Magallanes y Aysén) tienen poca población, generan muy poca producción con relación al resto del país y necesitan de apoyo del gobierno para sostenerse y desarrollar el área de turismo o nichos de producción. Las regiones mineras (Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) tienen en general poca población, tienen un PIB estadísticamente alto y lo que requieren son bienes públicos para mejorar su calidad de vida. La zona centro-sur, que abarcaría desde Valparaíso a Los Lagos, es la zona más pobre del país. Desde el punto de vista de la inversión pública, son regiones donde el Estado, directa o indirectamente, debe proveer la infraestructura y servicios que faciliten la producción con valor agregado y eleven su competitividad. Por último, la Región Metropolitana, por su peso demográfico y económico, es capaz de atraer grandes inversiones en infraestructura pública y privada.

Hay muchos otros criterios de asignación que sería conveniente que las autoridades analizaran. En particular, sería conveniente que la ciudadanía pudiera participar en una discusión sobre cuál o cuáles parecen ser los criterios de distribución de inversiones que cumplen con algún principio de justicia o equidad. Por parte del gobierno, no hay una declaración sobre los criterios o principios que los diversos ministerios utilizan para invertir directamente en las regiones o para realizar transferencias que financien inversiones en las regiones. En ausencia de una declaración política, las regiones se esfuerzan por promover sus necesidades de inversión sin tener una metodología de referencia que permita objetivar la discusión con el gobierno.

En el contexto del proceso de descentralización que el país ha iniciado y la natural competencia por recursos fiscales escasos, iniciar un debate sobre los criterios de asignación de fondos a las regiones que culmine en la definición una política pública con validación ciudadana podría representar una importante contribución a un desarrollo más equitativo de las regiones.