Sebastián Mejías O.

Más allá de tener dos importantes críticas contra el Gobierno, por ejemplo, que con algunos ministros no tiene la mejor comunicación o que se han tomado de forma centralizada decisiones regionales, la diputada por el Distrito 6 Carolina Marzán (PPD) se siente cómoda en el oficialismo. Confía en el rol que está jugando su partido e, incluso, insiste en la necesidad de llevar una lista de unidad- entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad- para la elección del Consejo Constitucional.

- Ante la posibilidad de un cambio de gabinete, usted dijo que había ministros con los que no se daba una buena comunicación. ¿A qué se refería?

- Tiene que ver con la forma de trabajar y de ejercer los cargos de alta responsabilidad política. Yo gestiono de manera rápida porque las demandan ciudadanas así lo requieren y para eso estoy mandatada; debo ser respetuosa y leal con ello antes que todo. Por lo tanto, de los ministros espero respuestas ágiles que muchas veces no llegan en tiempo y forma. En el Gobierno anterior, donde tenía todo en contra a nivel político, gestioné de manera insistente, ágil y permanente, tal como lo hago ahora, logrando muchos de los objetivos que perseguimos.

- ¿Qué opina de las palabras de Guido Girardi, quien comentó que si bien el PPD está en el Gobierno, ni el Frente Amplio ni el PC lo quieren?

- Solo hay que ver que la ministra del Interior, Carolina Tohá, que es PPD, es quien secunda al Presidente. Ya solamente mirar esa figura y composición dentro de la dinámica gubernamental, da cuenta de que nuestro domicilio político es parte de este Gobierno.

- ¿PPD y PS deben ir separados o unidos con Apruebo Dignidad en las elecciones de mayo?

- A mí me gustaría que siempre nos movilizara el trabajo colectivo y la unidad. Forjar un solo camino agiliza las gestiones, las bifurcaciones las retardan.

Descentralización

- ¿Qué opina del nuevo quiebre entre La Moneda y el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien se quejó que no le consultaran sobre la decisión final que se adoptó sobre el tren a Valparaíso?

-Rodrigo Mundaca es una autoridad electa democráticamente, con la primera mayoría a nivel país, y ello merece respeto. El gobernador y sus casi 300 mil electores y electoras merecen respeto y el Ejecutivo debe involucrarlo en cada uno de los procesos de la decisiones que se tomen a nivel regional.

- ¿El Gobierno se está acostumbrando a tomar decisiones locales desde Santiago?

- Creo que si se levantó la figura del gobernador regional fue precisamente para fortalecer la descentralización. A más de un año de la instalación de esta figura fundamental, y en el caso del tren rápido, sí podemos decir que se observó una contradicción entre lo que este nuevo sistema de transporte significa, como herramienta de conectividad precisamente descentralizadora, y el proceso que lo concibió que no consideró la opinión el gobernador regional.

Agenda legislativa

- ¿Cómo se saca adelante la agenda del Gobierno en un contexto tan complejo?

- Lo más importante es la presencia en los territorios a lo largo de todo el país, de la mano de participación ciudadana. Es algo que el Presidente mandató al inicio de su Gobierno y esa bajada la deben hacer todos los organismos del Estado, para que la agenda efectivamente se cumpla. Por ejemplo, esta semana tuvimos una reunión con el subsecretario de redes asistenciales, en donde gestioné la presencia de la mayoría de las provincias de mi distrito. Le llevamos diversos casos y él comprometió su presencia en el territorio. Esa es la forma en que, en mi caso, como diputada, aporto al desarrollo de la agenda gubernamental.

- ¿Qué espera del Gobierno para este 2023?

- Que le dé urgencia a la discusión del proyecto de Ley de Seguridad y soberanía alimentaria, que presenté para contener la crisis que afecta a nuestro país.

- Cuénteme sobre su balance parlamentario del 2022.

- Tres de nuestros proyectos se convirtieron en Ley de la República: Ley "El Planeta no es Cenicero" que prohíbe fumar en playas de mar, ríos y lagos y tirar colillas en la vía pública; Ley Nibaldo, que hará justicia por la memoria del profesor Nibaldo Villegas y el dolor de su familia; y Ley de Fibromialgia que reconoce esta enfermedad como tal y establece derechos para las personas que la padecen. Gracias a esta ley las personas tendrán el derecho de tener licencias por fibromialgia, nunca más una licencia por estas razones podrá ser rechazada arbitrariamente.

"Yo gestiono rápidamente porque así lo demanda la ciudadanía, por lo tanto, espero respuestas ágiles que muchas veces no llegan en tiempo y forma".

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger el requerimiento de inaplicabilidad presentado por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, para impedir su desafuero, de acuerdo a la apelación que hiciera el 9 de junio de 2022 ante la Corte Suprema el exministro de Agricultura, Antonio Walker, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara tal solicitud por considerar que no existían méritos suficientes para acceder a ella.

El exsecretario de Estado buscaba el desafuero de la autoridad para que enfrente la querella en su contra que interpuso en diciembre de 2021 en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de injurias graves con publicidad. En esa acción, Walker argumentó que Mundaca "me ha acusado pública, reiterada y sistemáticamente (coincidiendo con mi desempeño como ministro de Agricultura) en los últimos tres años, deduciendo un supuesto conflicto de interés, asegurando públicamente de ser yo dueño de 29.000 litros de agua por segundo'", lo que, aseveró, le ha generado "un daño grave y directo".

Inconstitucionalidad

Frente a la apelación ante el máximo tribunal del país, el gobernador regional recurrió al Tribunal Constitucional el 13 de junio de 2022, a través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 418 del Código Procesal Penal, que plantea que "la resolución que se pronunciare sobre la petición de desafuero será apelable ante la Corte Suprema".

Para el gobernador regional esta disposición se contrapone al artículo 124, inciso sexto, de la Constitución Política del Estado, que consigna que "ningún gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema".

Ante ello, puntualizó en el requerimiento que "es el texto de la Carta Fundamental el que expresamente determina la procedencia del recurso de apelación únicamente en la hipótesis de que el tribunal de alzada haya dado lugar a la formación de causa, desaforando al Gobernador requirente, estándole así proscrito constitucionalmente al querellante apelar la resolución que denegó el desafuero; limitación constitucional que no puede ser soslayada por la ley".

Autonomía del cargo

Ante ello, la sentencia del TC precisa que "debe recordarse que el diseño establecido en la Constitución tiene como objeto salvaguardar la autonomía del cargo, evitando el entorpecimiento e interrupción de funciones públicas producto del ejercicio de una acción penal -privada en este caso- que no revistan de fundamento plausible". Añade que "tales consideraciones son suficientes para acoger el requerimiento, de manera que resulta innecesario pronunciarse sobre la infracción al debido proceso denunciado por el requirente".

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, que encabeza la ministra Nancy Yáñez Fuenzalida, resolvió acoger, con el voto en contra del ministro Cristián Letelier Aguilar, el requerimiento: "Se declara la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 418 del Código Procesal Penal en el proceso rol n° 4585-2021, sobre solicitud de desafuero, sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago".

Frente a la sentencia, el gobernador Mundaca aseveró que "estoy tranquilo, conforme con el fallo, fallo que me exime de toda responsabilidad y que, en la práctica, lo que hace es fallar precisamente a favor de quienes por tanto tiempo hemos insistido en la necesidad de terminar con el régimen jurídico-privado de aguas. (...) Confié en la Justicia y hoy la Justicia nos ha dado la razón".