El comercio ambulante y la venta de alcohol y drogas en el sector del Muelle Vergara amenazan con hacer crisis, afectando a locatarios establecidos y también a los vecinos. Uno de los afectados, que prefiere por temor a represalias mantener su anonimato, sostiene que "el problema ya se les escapó de las manos a las autoridades". Quienes llevan 20 o 25 años trabajando en el lugar denuncian riñas entre vendedores ilegales, que terminan con personas heridas y hasta en casos de homicidios, como el registrado en enero del año pasado en playa El Sol del sector.

Uno de los comerciantes formales del lugar precisa que habitualmente trabajaban hasta las 12 de la noche, pero que ahora se deben retirar a las 8, pues "el comercio ambulante se cree dueño de la calle y hacen lo que quieren". Esta situación ha derivado en una caída en las ventas. Carolina Ríos, presidenta de la Junta de Vecinos del sector de avenida San Martín, reafirma el peligro que reviste la presencia de ambulantes e insiste en que la venta ilegal de bebidas alcohólicas "no ha sido cortada de raíz, porque la inspección de las distintas autoridades no ha sido implementada efectivamente". Advierte la dirigente sobre la insuficiencia del personal policial debido a que estaría atendiendo la contingencia derivada del incendio. Esta insuficiencia deriva en una persistente presencia de ambulantes en el tramo que va desde avenida Perú hasta el Muelle Vergara y los jardines adyacentes.

La Municipalidad, por su parte, informa que diariamente se están realizando "focalizaciones" para controlar el comercio ambulante y la delincuencia. La situación es preocupante, pues recién comienza la temporada y es lógico esperar que se acentúen las ilegalidades que afectan a los sectores más concurridos, pues cuando el control "se va de las manos" de la autoridad se abren espacios para irregularidades que afectan la seguridad y calidad de vida del sector, a residentes, visitantes y también al comercio formal.

Frente a esta realidad es necesaria una presencia policial permanente con controles de identidad y detenciones cuando así proceda. Una focalización especial debe tener el tema de la de droga que busca mercado en ese sector, lo que significa un riesgo general considerando la agresividad propia de los traficantes, que tienen redes con medios de transporte y alto poder de fuego. Controles permanentes, con personal especializado de Carabineros e Investigaciones pueden frenar desde su inicio las operaciones de los traficantes en el sector.

La tarea de la autoridad, con recursos, planificación previa y coordinación en terreno con vecinos y comerciantes, es esencial para garantizar seguridad en la temporada de vacaciones, considerando que esa seguridad debe ser un valor, parte del patrimonio local, en respuesta a una de las primeras demandas de la población que vive justificadamente en un clima de creciente temor.

En mi condición de ciudadano de Valparaíso, quiero manifestar mi más absoluto rechazo al indulto otorgado a 13 condenados por diversos delitos que abarcan desde el homicidio frustrado contra funcionarios de la PDI, pasando por el hurto, robo en lugar no habitado, lanzamiento de artefacto incendiario, porte y lanzamiento de bombas incendiarias, hasta la asociación ilícita, desórdenes públicos, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado, que afectaron a vecinos, a mipymes y emprendedores de distintas ciudades de nuestro país, y que en el caso de Valparaíso dejaron un dramático saldo de 184.000 metros cuadrados de superficie de comercio y servicios destruidos en el plan de la ciudad, con una afectación potencial del empleo de más de 22.000 puestos de trabajo.

Reitero, además, mi preocupación por la incapacidad de algunos sectores sociales y de nuestra clase política de aceptar la gravedad de los hechos ocurridos durante el denominado estallido social, sin reparar en la profundidad del fenómeno ni en sus consecuencias, movidos por una dinámica de justificación retrospectiva de la violencia.

El Presidente de la República, en noviembre de 2021, cuando era candidato, dijo que "no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o saqueó un supermercado". Sin embargo, ahora incurre en perjurio y en otra contradicción al decretar esta medida. Si algo nos ha enseñado nuestra historia más reciente es que aquellas medidas que buscan, en cualquiera de sus grados, la promoción de la impunidad, se apartan por completo del logro de la paz.

¿Qué esperan que piensen los directa e indirectamente afectados por los sabotajes, saqueos e incendios, frente a la decisión de indultar que busca, en cierto modo, legitimar y validar retrospectivamente a quienes perpetraron acciones extremadamente violentas y destructivas, y que concede todo a su falta de responsabilidad personal, encubierta por la supuesta justicia de la causa?

Algunos razonan diciendo que sin la destrucción de estaciones del Metro, saqueos o profanaciones, no se habría producido la alternativa del plebiscito ni habríamos tenido proceso constituyente, de modo que por tal razón, todos quienes hoy se encuentran presos por tales hechos deben quedar libres. Pero eso es como decir que sin la traición de Judas, Jesucristo no habría resucitado, ergo, Judas es inocente y merece un monumento.

Es cierto que hasta un crimen podría de modo accidental producir consecuencias benéficas en un determinado contexto, pero ello no transforma al crimen y su resultado dañoso en una conducta impune, por más que causalmente haya producido un resultado parcialmente satisfactorio. De lo contrario, simplemente se desmorona el orden social y se pervierte el sentido más elemental de la justicia.

Es triste comprobar que lo acontecido desde el 18 de octubre de 2019 en adelante no ha terminado y se sigue expresando en decisiones como ésta que poco contribuyen a un clima de justicia, atentan contra la convivencia democrática y promueven en último término la impunidad y la injusticia.