El Gobierno de Perú publicó el decreto que extiende el estado de emergencia desde el ayer y por 30 días en las regiones de Lima, Cuzco, Puno, el Callao, en tres otras provincias y un distrito para controlar las protestas sociales que han cobrado la vida de 49 personas desde diciembre.

A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo amplió en las zonas donde en la última semana se han reportado las mayores protestas antigubernamentales el estado de emergencia que el pasado 15 de diciembre entró en vigor en todo el territorio nacional.

La norma establece que regirá en las regiones de Lima, Cuzco y Puno y en la provincia constitucional del Callao.

También en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios y en el distrito de Torata, en el departamento de Moquegua.

La medida incluye cinco carreteras nacionales, entre ellas la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cuzco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánico Sur.

"Durante los Estados de Emergencia ... quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales", se lee en el decreto.

La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.

El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación".

Por otro lado, el artículo cuarto del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20:00 y las 4:00, que el Gobierno decretó la semana pasada en la región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.

En la ciudad de Juliaca, las movilizaciones sociales que piden la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones para 2023 vivieron su jornada más mortífera, que dejó un saldo de 17 manifestantes fallecidos.

Desde que arrancaron las protestas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 49 personas perdieron la vida, 21 de ellas en la última semana.

La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.

Percepción de violencia

El 58% de los peruanos cree que hubo "excesos por parte de las fuerzas del orden" en las protestas y alrededor del 70% desaprueba el desempeño de la presidenta, Dina Boluarte, y del titular del Congreso, José Williams, según una encuesta publicada ayer.

El sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), divulgado por el diario La República, revela que casi seis de cada diez ciudadanos percibió excesos policiales en las manifestaciones de diciembre, mientras que un 26% cree que las fuerzas del orden "manejaron apropiadamente" la convulsión social.

Además, muestra que el 60% de los encuestados cree que "se justifican" las protestas frente a un 35% que opina lo contrario.

Según la macrozona, la justificación de las protestas es mayor en el centro (73%), sur (69 %) y oriente (70 %) del país, mientras que Lima Metropolitana concentra el mayor porcentaje de ciudadanos que sostiene que las movilizaciones "no se justifican", con un 45%.

Asimismo, un 50%, la mitad del país, se siente identificado con las protestas actuales, aunque la mayoría no justifica atacar edificios públicos (90%), tomar aeropuertos (82%), agredir a las fuerzas del orden (81%), paralizar negocios (74%) o bloquear carreteras (68%).

La producción nacional de Perú avanzó un 2,7% entre enero y noviembre de 2022, tras cerrar el penúltimo mes del año con un crecimiento del 1,68%, impulsado por el buen desempeño de la mayoría de sectores económicos, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De acuerdo al informe técnico de Producción Nacional del INEI, la actividad económica del país registró un incremento del 2,63% en el periodo anualizado, desde diciembre de 2021. Este crecimiento se debió al buen desempeño de la mayoría de sectores económicos, con excepción de la pesca, el rubro financiero, minero y de telecomunicaciones.

Una semana después de los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se fortalece en el poder mientras que el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por la intentona golpista, está cada vez más aislado.

Los vandálicos actos realizados por los seguidores del líder ultraderechista en las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia el pasado 8 de enero fueron condenados por el pueblo brasileño y la comunidad internacional.

La pronta recuperación de la institucionalidad tras la rápida reacción del Gobierno de Lula, que ordenó la intervención de la seguridad en la capital brasileña y consiguió controlar la situación en poco más de cuatro horas, recibió aplausos dentro y fuera del país.

Encuestas realizadas por la firma Datafolha tras los hechos señalan que el 93% de los brasileños repudia los ataques y un 55% considera que Bolsonaro tuvo algún grado de responsabilidad en los mismos.

Jefes de Estado de todo el planeta rechazaron los vandálicos asaltos y manifestaron su respaldo al Lula, que solo llevaba una semana en el poder tras asumir su tercer mandato el 1 de enero, luego de vencer al ultraderechista en las elecciones presidenciales.

El repudio fue expresado, incluso, por líderes conservadores que siempre apoyaron a Bolsonaro, como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

El apoyo al Gobierno del líder progresista también se vio por parte de organismos como la ONU, la Unión Europea, la Celac y la Alba.

La OEA convocó a una reunión extraordinaria con los miembros de los 34 países para estudiar los hechos ocurridos en Brasil y repudió las acciones "fascistas" causadas por los radicales, al tiempo que la Unesco se ofreció para ayudar a reparar los cuantiosos daños ocasionados.

Bolsonaro, que desde finales del año pasado está en los Estados Unidos, entró desde el viernes en la mira de las autoridades, por la decisión de la Corte Suprema de investigarlo por su presunta participación como autor intelectual de la intentona golpista.