En una reunión con el Presidente de la República, Gabriel Boric, los rectores de las universidades públicas no estatales agrupadas en el G9 pidieron que se reconozca el aporte que hacen al país. Entre esos planteles se encuentran dos de la zona, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Santa María, ambos de reconocida trayectoria y próximos a cumplir cien años de existencia. La proyección de esas dos casas de estudios superiores supera lo regional y tiene alcances nacionales e internacionales.

Y en ese sentido son pertinentes las declaraciones formuladas a este Diario por el rector de la PUCV, profesor Nelson Vásquez, quien sostiene que "las universidades de regiones realizamos una tarea que ninguna otra institución hace en ellas, y es cada vez más difícil realizarla por la fragmentación del sistema de educación superior, y porque las instituciones de excelencia estamos sometidas a exigencias que ya no son regionales ni nacionales, sino globales". Añade: "Tenemos que caminar a ser universidades de mayor excelencia. Eso se hace con redes internacionales. Y cuesta mucho más".

Sobre el trato constitucional a las universidades del G9, Vásquez recordó que el proyecto de Carta Magna rechazado en el plebiscito "establecía reconocimiento explícito solo a las universidades del Estado…Nos parece injusto y discriminador, porque la contribución que hemos hecho al país es suficiente para demostrar nuestra vocación pública". Tiene toda la razón y la misma derrota del 4 de septiembre pasado invita a quienes elaboren la nueva propuesta a reflexionar sobre la importancia de las universidades públicas no estatales.

En esa dirección, los rectores del G9 entregaron al Presidente un documento llamado "Aportes para el proceso constitucional", en el cual expresan interesantes puntos de vista sobreel rol de la educación superior en el proceso próximo a iniciarse. Postulan los rectores aspectos básicos sobre la materia, insistiendo en la necesidad de resguardar la autonomía universitaria. Proponen en ese ámbito que la ley establezca "un régimen regulativo que satisfaga el estándar de lo público de las universidades y se les asegure un adecuado financiamiento del Estado, asegurando la igualdad de trato tanto a universidades estatales como no estatales; y que se reconozca la libertad de enseñanza".

En lo puntual el presidente del G9, Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, advirtió al mandatario sobre el deterioro económico de esas casas de estudio "mucho mayor que las universidades estatales" que reciben el doble de recursos. Brecha significativa que no se puede pasar por alto y que debe ser subsanada en la futura formulación constitucional y legal, reconociendo el gran aporte que hacen a lo largo del país las universidades públicas no estatales.

En marzo de 2023 tendrá lugar la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en República Dominicana y está previsto, igualmente, que aprovechando la presidencia española de la UE se celebre en el segundo semestre una reunión entre la Unión Europea y América Latina.

Estas dos cumbres internacionales tienen lugar en un momento internacional especialmente complejo, en que vivimos los riesgos de la fragmentación y policentrismo, con el surgimiento de varios polos o cabezas de serie. China, EE.UU. y con alta probabilidad también la UE, entre otros, liderarán este nuevo mapa.

En esta nueva densidad, Iberoamérica juega un rol marginal y por ello le conviene buscar una aproximación mayor con la UE, con la cual comparte preocupaciones similares y valores comunes. Después que países relevantes de la región justificaron el autogolpe presidencial en Perú, las líneas de riesgo y los consensos democráticos están a prueba.

Así, la Cumbre Iberoamericana puede terminar siendo un lugar de debate sobre nuestro pasado colonial y otros temas para justificar nuestras falencias y subdesarrollo, desaprovechando la oportunidad de acordar asuntos para salir adelante. Igualmente, una Cumbre entre la UE y la Celac proporciona a Chile una voz y un rol privilegiado en la región, considerando el nuevo tratado de asociación con Europa.

El riesgo es que ambas cumbres terminen en la intrascendencia y capturadas por corrientes ideológicas, lenguajes y demandas ancladas en el pasado. Chile debe ejercer una función facilitadora entre ambas regiones, tendiendo puentes e impulsando iniciativas que miren el futuro, cuantifiquen los potenciales de nuestra región y sostengan una lectura adecuada de las falencias y pasivos sobre temas de relevancia, como la innovación, la tecnología, la crisis climática, la financiación de los países de renta media, el intercambio en materia educacional, modelos de convivencia, envejecimiento poblacional, etc.

Una posición activa, constructiva y generadora de alianzas demanda de la Cancillería chilena anticiparse a los hechos y, principalmente, delinear escenarios y seleccionar temas que le interesen a nuestro país y que capturen el interés de la región. Por ello, más que grandes discursos y señales de amistad, que no se traducen en acciones concretas, debemos nosotros, como socios estratégicos de la UE e iberoamericanos a la vez, utilizar las cumbres para posicionar a Chile y traspasar algunas de nuestras experiencias.

Por ello, urge definir con urgencia el rol que debe asumir Chile en ambas cumbres. ¿Será una presencia en que nos alinearemos a los países que promueven la verborrea revolucionaria y buscan la responsabilidad de sus fracasos internos en el colonialismo o, por el contrario, se utilizará para destacarnos como un socio seguro, un aliado estratégico de largo plazo, en que las personas y los países, especialmente la UE, pueden confiar?