Invisibilizados por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca; la delegada presidencial regional, Sofía González; y los propios alcaldes, poco y nada se había sabido de los delegados presidenciales provinciales, creados tras la reforma constitucional de 2017, hasta que La Moneda ordenó la remoción de la representante de San Felipe, Scarlett Valdés (PL), la semana pasada, para reemplazarla por la abogada PPD Maricel Martínez Vicencio.

Valdés fue la primera en caer de los siete jefes zonales (Valparaíso dejó de tener delegación, tal como las principales capitales regionales), responsables de gobierno interior, seguridad pública, atención a emergencia y la coordinación de los distintos servicios públicos, bajo el mando de Sofía González.

Pero lo cierto es que en algunos casos tal ceguera de los medios puede resultar hasta injusta, por cuanto varios de ellos no la han tenido fácil, como por ejemplo el exadlátere de Rodrigo Mundaca en Modatima, Luis Soto Pérez, titular provincial de Petorca, independiente, quien ha debido lidiar con supuestas amenazas por parte de los proveedores de agua en camiones aljibe, como denunció en julio, la soledad frente a la sequía y el brutal bullying que recibió su zona tras el fracaso del anterior proceso constituyente de septiembre del año anterior.

Otros, como el PS Cristián Aravena Reyes, abogado de la Universidad de Concepción, exasesor jurídico y director de Control de Calle Larga, pasaron por momentos críticos, como los cuestionamientos por la subdivisión de un terreno, que terminó con sumarios y sanciones en los tiempos del exalcalde y hoy diputado Nelson Venegas, además de la gruesa descoordinación de mediados de año que terminó con 250 vehículos atrapados en el paso Los Libertadores y que estuvo a punto de costarle la cabeza. Sin embargo, meses más tarde sería bien evaluado tras la emergencia por las tormentas eléctricas y el desborde de los ríos Blanco, Aconcagua y Colorado en la zona precordillerana.

En Quillota, el sociólogo de la UV y magíster en gestión de Gobierno, José Raúl Orrego Ramírez, quien fuera candidato a concejal de RD por La Calera, saltó a la fama cuando no autorizó un partido entre Unión Española y Universidad de Chile por el Torneo Nacional, desautorizando a su antecesor, el gobernador Iván Cisternas. Luego, en el impasse por la toma del fundo de la familia Easton optó por lavarse las manos.

En San Antonio, la socióloga Caroline Sireau Guajardo trabajó durante casi 15 años en el Fosis de esa provincia, fue dirigente regional de la ANEF y participa de movimientos de defensa ambiental y feministas y precandidata a alcaldesa de San Antonio por Comunes. Fácil tampoco le ha tocado. El propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante su visita a El Quisco de la semana pasada, recordó que la provincia tiene una tasa de homicidios muy superior a la media nacional.

En Isla de Pascua, la exdirectora de la fiesta Tapati, la independiente Juliette Hotus Paoa, destacó por una reacción bastante enérgica tras el incendio que afectó la cantera de moáis de Rano Raraku

Para el final, acaso el más político de todos y quien subroga a la delegada González durante sus ausencias. El porteño criado en Quilpué, Fidel Cueto Rosales, es todo un personaje: fotógrafo, técnico eléctrico, con estudios de ingeniería en telecomunicaciones, contratista, animador y cantante. Su recorrido político es llamativo: militante de la primera época del PPD para al plebiscito del Sí y el No de 1988, apoyó a Manfred Max Neef a través de Gente en Movimiento en las elecciones de 1993, para luego sumarse al Colectivo Punto de Partida y el movimiento Nueva Fuerza en los 2000. Hoy milita en Convergencia Social después de haber pasado por Revolución Democrática, partido por el cual fue candidato a alcalde de Quilpué. Fue un férreo opositor a la termoeléctrica Los Rulos y es un gran aliado de su correligionaria, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán.

El submundo de los

delegados provinciales

¿Se puede revocar, invalidar o dejar sin efecto un indulto particular? Para responder a esta pregunta es necesario hacer varias distinciones. En primer lugar, el decreto presidencial que otorga un indulto particular es un acto administrativo, esto es, una decisión formal que manifiesta la declaración de voluntad de la Administración del Estado en el ejercicio de sus competencias. Los actos administrativos se llaman decretos o resoluciones. Si son dictados por el Presidente de la República o bajo la fórmula "por orden del Presidente" se denominan decretos supremos.

En segundo lugar, dado que se trata de actos administrativos, los decretos supremos quedan sometidos a la Constitución y las leyes, en este caso, a la Ley N° 18.050 sobre Indultos Particulares y a la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Esto significa que la potestad del Presidente no es absoluta o ilimitada, pues todo poder, por excepcional y discrecional que sea, se encuentra sujeto a los principios de juridicidad y supremacía constitucional establecidos en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

En tercer lugar, el acto administrativo consta de cinco elementos: competencia, forma, fin, motivos y objeto, y respecto de cada uno de ellos pueden existir vicios que determinen su invalidación administrativa o su anulación judicial. Por consiguiente, si bien los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad, pueden ser invalidados o revocados por la propia Administración.

La revocación solo procede tratándose de actos administrativos regulares, esto es, dictados conforme a derecho. La invalidación, en cambio, es una potestad que se ejercita respecto de actos irregulares o viciados. En el caso de los indultos particulares otorgados por el Presidente Boric lo que está en cuestión es un presunto vicio en la motivación de algunos de los decretos supremos. En consecuencia, no cabe la revocación, sino la invalidación por desviación de poder.

En cuarto lugar, es útil distinguir entre el acto administrativo y sus efectos. Esto es importante porque un acto puede ser invalidado, pero sus efectos podrían permanecer vigentes respecto de terceros de buena fe que adquirieron derechos a propósito de la dictación del acto.

En quinto lugar, puede ocurrir que la Contraloría represente la ilegalidad de algunos de los decretos y ordene a la Administración iniciar un procedimiento de invalidación. La discusión, en sede judicial, será si los efectos del acto administrativo subsisten o no respecto de terceros de buena fe.

En resumen, la Administración no puede revocar, pero sí invalidar al menos algunos de los decretos de indulto. Adicionalmente, subsiste el recurso extraordinario de revisión por manifiesto error de hecho en la dictación del acto administrativo, sin perjuicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional para revisar la efectiva constitucionalidad de los decretos.