Como lo podrá recordar con cierta amargura el exalcalde de Valparaíso, Jorge Castro, las grandes catástrofes pueden ser una espada de Damocles para los liderazgos locales, principalmente los jefes de cada municipio. Aunque suelen tener pocas herramientas para enfrentar hechos de gran magnitud-megaincendios, terremotos, inundaciones-, las autoridades municipales se encuentran siempre en la primera línea de contención y deben enfrentar con estoica paciencia las pullas de indignación vecinal cuando las soluciones no llegan con rapidez o, peor, sencillamente no llegan. La alcaldesa Macarena Ripamonti hizo una adecuada lectura de este escenario desde el primer minuto del gran incendio que la noche del 22 de diciembre pasado devastó 371 viviendas y dejó más de mil damnificados en varios cerros viñamarinos. La rápida reacción de los equipos municipales permitió a Ripamonti estar presente en los puntos críticos de la emergencia y, con un despliegue poco común, mantenerse en las zonas afectadas en las semanas siguientes. Como toda destrucción de magnitud, el incendio dejó a la vista varios problemas estructurales de Viña del Mar -tomas en zonas de riesgo, falta de vías de evacuación, dificultades para aplicar desmalezado, urbanización irregular de lotes privados- y muchos de ellos con seguridad se transformarán en tareas permanentes para cualquiera que desafíe a Ripamonti en la carrera por la alcaldía, una elección que parece lejana, pero que en verdad está a la vuelta de la esquina, más aún en este ambiente político crispado y de campaña permanente.

Por ello, cada paso en este tema requiere un análisis profundo y consciente de que el respaldo del Gobierno es clave para que el proceso resulte exitoso. A esta etapa se circunscribe la petición que hizo la alcaldesa Ripamonti ante el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) -del que participa la delegada presidencial regional, Sofía González-, en orden a que para garantizar la seguridad de las personas damnificadas por el incendio se requiere una ampliación del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, que finaliza este sábado 21 de enero.

La idea es respaldada por una mayoría transversal de concejales y tiene el apoyo de los vecinos, quienes temen un regreso del pillaje que los afectó la primera noche de la emergencia si se retiran las fuerzas de orden que comanda el jefe de la Defensa, contraalmirante René Rojas.

La decisión no es fácil para un Gobierno que es reticente a entregar las tareas de orden público a una institución armada, pero como ha ocurrido en otras situaciones que afectan al país, las definiciones políticas deben tomar en cuenta la petición de las comunidades, en este caso, los viñamarinos de a pie, que no pueden aguantar más daño a un patrimonio ya azotado por una catástrofe de grandes proporciones.

Recientemente se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.527, que crea el Servicio de Reinserción Juvenil, después de cinco años de tramitación. Los siguientes pasos dan cuenta de una implementación gradual del nuevo servicio, que debiera extenderse por tres años más.

El nuevo servicio tiene un especial énfasis en la especialización y profesionalización. Sus altos directivos serán elegidos por el sistema ADP (Alta Dirección Pública). No obstante, habrá un espacio de continuidad laboral para los trabajadores del antiguo Sename, en base a la evaluación de sus trayectorias. Asimismo, se creará un Comité de Estándares y certificación para promover la calidad de la oferta, donde la intervención se estructurará en base a un plan que tendrá seguimiento judicial. Adicionalmente, se crean condiciones para el monitoreo a través de un expediente único de ejecución, se introduce la mediación juvenil como una herramienta desde la lógica restaurativa de la víctima y se incorpora mayor énfasis en los procesos de reinserción, entre otros aspectos.

La lógica del nuevo servicio es ser parte de un sistema que está en el marco de la Ley de Garantías de la Niñez, vigente desde marzo de 2022, pero con serios déficits de implementación, tanto en la sede administrativa como en la protección especializada. En efecto, los dispositivos preventivos que reduzcan los factores de riesgo en niños y jóvenes debieran operar desde las "Oficinas Locales", cuya implementación está fuertemente retrasada, lo que genera impactos en la cronificación de las vulneraciones que terminan en las listas de espera de "Mejor Niñez". Asimismo, los dispositivos para cuando los niños ya inician dichas trayectorias han sido insuficientes en cobertura y en resultados.

La evidencia es contundente en demostrar que 7 de cada 10 niños desiste del delito si vuelve al colegio o a una familia con conductas prosociales. Sin embargo, los recursos y programas de reingreso educativo son escasos frente al universo creciente de exclusión escolar y la oferta disponible para trabajar con familias es hoy más reducida y con menos evidencia que la que existía hace algunos meses. Adicionalmente, crece el involucramiento delictivo de niños en bandas y en delitos graves de alta connotación y se carece de una agenda temprana de prevención social que se haga cargo del aumento de factores de riesgo como el consumo de alcohol y otras drogas, que son la causa del 30% de los delitos cometidos por niños y están presente en a lo menos el 50% de los casos.

Es indudable que el nuevo servicio, cuando se implemente, va a ser un elemento con buenas posibilidades de contribuir a la rehabilitación, pero su éxito dependerá de la capacidad de instalarse sobre un sistema de protección integral que realmente funcione, para lo cual quedan importantes nudos que deben resolverse con urgencia para que finalmente dejemos de llegar tarde y seamos garantes efectivos del desarrollo positivo de la niñez.