Katherine Escalona M.

Una compleja situación se vivió ayer en el Concejo Municipal de Valparaíso, luego que el alcalde Jorge Sharp, en la cuenta que le corresponde como presidente, planteara la problemática de la falta de agua en Laguna Verde, emplazara al Gobierno a tomar medidas e informara la firma de un decreto para declarar a la comuna en escasez hídrica, dado que los recursos municipales no eran suficientes.

Cuando se hablaba de esta situación y se hacían las respectivas intervenciones de los ediles -unos que apoyaban a Sharp y otros que recordaban que existe un fallo de la Corte que mandata al municipio al abastecimiento de agua a la zona- llegó al frontis de la casa consistorial un grupo de vecinos laguninos que pedían ser atendidos para entregar una carta donde pedían una solución integral.

Los ediles Dante Iturrieta (UDI), Camila Nieto (CS), Marianela Antonucci (RN) y Daniel Morales (Ind.) pidieron que los vecinos fueran recibidos y que dos representantes subieran al Concejo a entregar la carta, pero al alcalde Sharp se cerró a la posibilidad, dando cuenta que el conducto regular era la solicitud de una audiencia pública.

"Vamos a seguir con el Concejo y le vamos a pedir a los directores puedan conversar con la gente que está afuera. Por lo que nos comentaron, traían una carta que me querían entregar. Si es así, recibimos la carta. Le pediría a los directores que puedan ir y ver qué cosa se puede hacer", expuso Sharp y agregó que "pueden solicitar audiencias públicas al Concejo".

La concejala Alicia Zúñiga (PC) estuvo de acuerdo con las audiencias públicas, en tanto Vladimir Valenzuela (Ind.) planteó una comisión mixta -pese a que en el 2020 se expuso la situación de comisiones, pero no prosperó- y la concejala Sánchez argumentó que "es nuestro deber enseñarle a los vecinos que existen protocolos", instando a una audiencia.

Ante la negativa del alcalde y también porque los vecinos no quisieron entregar la carta a los directores, bajaron los concejales Nieto, Antonucci, Morales e Iturrieta para recibir la misiva. Antes de eso el alcalde cerró el punto diciendo que "esta gestión siempre ha sido de puertas abiertas, nos hemos reunido con todo el mundo durante estos años (...) y empatizamos".

Aclaró que "hay una camino fijado que es la comisión mixta, hay un sistema de audiencias públicas y ese es el camino en este caso que hay que desarrollar" y ahondó que con los manifestantes se reunió el martes y se han realizado diferentes mesas, pero que - según la ciudadanía- no han tenido resultados favorables.

Fallo y cumplimiento

En la alocución del alcalde, este detalló que "la única institución que está cumpliendo con el fallo (de la Corte) es el municipio de Valparaíso", pero lo cierto es que el recurso de protección es en contra del municipio y no otra entidad, y es a éste que la Corte ordena "adoptar todas las medidas necesarias, a fin de asegurar a los recurrentes y a la comunidad de Laguna Verde".

Mónica Ibaceta, presidenta de la Junta de Vecinos N° 207 de Laguna Verde, comentó que "acá no se habla con la verdad, el alcalde dice que tiene conversación con los dirigentes y no es así, el delegado no da información a las juntas de vecinos. Acá hay entre rabia y decepción porque esto un problema latente de años. El alcalde vino el 2019 a contar maravillas del Pladeco y el Plan Regulador y no se ha cumplido nada. Se junta con organizaciones fantasmas no territoriales".

La abogada Consuela Requena afirmó que "lamentamos la conducta que ha tenido el alcalde por tener un discurso de negativa y decir que se ha politizado el tema, no es así, el único que ha politizado es él y es el discurso que mantiene cada vez que tiene un conflicto. Entendemos que es un tema difícil y la solución no es de un día para otro, pero no somos tontos. Sabemos que el municipio tiene más de 13 camiones aljibe en su poder, que todos paran a las 14.00 horas y se podría entregar una solución de urgencia a más gente".

"Hay un sistema de audiencias públicas y ese es el camino en este caso que hay que desarrollar".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

"Acá no se habla con la verdad, el alcalde dice que tiene conversación con los dirigentes y no es así".

Mónica Ibaceta, Pdta. Junta de Vecinos N°207

El 26 de junio del año pasado, el abogado Esteban Elórtegui, del Consultorio Jurídico Pro Bono de la Corporación La Matriz, en representación de pacientes del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, presentó en la Corte de Apelaciones un recurso de protección en contra del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), el citado recinto asistencial y la Multigremial del Hospital del Salvador, acción que ayer nuevamente fue suspendida de tabla para ser revisada en el tribunal de alzada.

La causa se presentó tras la denuncia de torturas que presuntamente ocurrían en el recinto asistencial, acción que hizo la exministra de Salud Begoña Yarza y fue interpuesta "por amenazar el derecho a la vida, vulnerar el derecho constitucional a la integridad física y psíquica, y colocar en riesgo tales derechos fundamentales". Sobre la causa, el Elórtegui explicó que "se ha suspendido la causa por algo técnico en verdad. Las partes recurridas o algunas de ellas han recusado a dos abogados integrantes".

"Cabe esperar"

Aclaró que "en la Corte de Apelaciones hay cinco salas y esta causa está radicada en la Sala 1, que se integra por ministros, fiscales judiciales o abogados integrantes y ha coincidido que en la Sala 1 han estado estos dos abogados integrantes que han sido recusados, uno por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y otro por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Esto es un derecho que tienen las partes en la causa. Ahora cabe esperar, estamos deseosos de que se concrete y existe toda la documentación para fallar en derecho por parte de la Corte".

Anterior a esto, también se suspendió la del año pasado porque "la Corte estimó que era necesario solicitar al Ministerio de Salud un informe en cuanto a las inversiones en infraestructura y arreglos del hospital", documento que se encuentra en la carpeta y que ahora facilitaría también los alegatos de las partes.

La acción legal, precisó el jurista, "se trata de que a través de la acción constitucional de protección se puedan cautelar los derechos de los pacientes, detener vulneraciones, impedir riesgos y que nunca más por falta de equipamiento, insumos o personal idóneo se apliquen procedimientos ilegales, tratamientos lesivos y/o tratos deshumanizados".

Dado esto, se consultó al abogado cómo ve el escenario actualmente, dado que en materia penal la Fiscalía confirmó que no había antecedentes para formalizar investigación por el delito de tortura tras la denuncia de Yarza, a lo que Elórtegui sostuvo que "si bien surge la inquietud, se debe separar porque una cosa es la vía penal y otra la constitucional, en este caso, de protección. Ambos son caminos jurídicos, pero son distintos y distantes".

Agregó que en el recurso de protección "nosotros creemos que existen todos los antecedentes y documentos y lo que resta es que se pueda exponer por qué existe la necesidad de cautela, de resguardar los derechos fundamentales que han sido conculcados de los pacientes del Hospital Psiquiátrico del Salvador. Tenemos la convicción en sólidos fundamente de que esto va mucho más allá".

"Lo que resta es que se pueda exponer por qué existe la necesidad de cautela, de resguardar los derechos fundamentales".

Esteban Elórtegui, Abogado que presentó recurso

Carabineros realiza intensas diligencias para dar con una banda delictual que estaría detrás de un asalto a una estación de servicio ubicada en el Camino Internacional y una encerrona frustrada perpetrada en Lomas de Montemar.

Los ilícitos fueron cometidos el miércoles y, gracias al análisis de registros audiovisuales, se pudo establecer que los antisociales se desplazaban en un vehículo marca Suzuki, modelo Ignis, patente ZX 8048, que fue sustraído la tarde esa misma jornada en Quilpué.

El primer delito fue concretado a eso de las 20.00 horas en la estación de servicio Copec, localizada en el Camino Internacional N° 5001, en Viña del Mar, lugar donde un delincuente, a rostro cubierto, descendió del automóvil, procedió a intimidar a un trabajador con un arma de fuego y luego intentó sustraer una camioneta que estaba a un costado, aunque sin resultado.

El segundo ilícito se registró a las 23.30 horas en Lomas de Montemar, en Concón, y afectó a una mujer individualizada con las iniciales S.M.P.Z. (40), quien se encontraba estacionada al exterior de un condominio en su vehículo Audi, siendo interceptada por el mismo auto que protagonizó el asalto al servicentro, aunque esta vez fueron tres los sujetos que bajaron, uno de ellos armado. Sin embargo, la víctima logró hacer partir su auto y huir, impactando al vehículo en el que se movilizaban los delincuentes.

El comisario de servicio de la Cuarta Comisaría, capitán Miguel Cuevas, confirmó que la mujer realizó la denuncia y que la SIP de la unidad efectúa diversas pesquisas para dar con el paradero de los antisociales.