Camila Calderón

El pasado 13 de enero, Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, en la Región Metropolitana, cursó una orden de demolición de viviendas calificadas por el Ministerio Público como "caletas de narcotraficantes".

El trabajo de investigación fue realizado en siete unidades vecinales de la comuna. En conversación con Teletrece, el jefe comunal señaló que "son ocupantes ilegales los que están en esa zona". El operativo de demolición sería parte, además, de la política de recuperación de barrios que los equipos sociales y de Seguridad Ciudadana del municipio desarrollan en coordinación con Carabineros, la PDI y el Ministerio Público.

Tomando en cuenta el caso de La Florida, diversas personeros a nivel local fueron consultados respecto de la medida.

Alessandri advierte

"La postura del alcalde Carter no solo la comparto, sino que estoy convencido que el Estado debe ser igual de implacable con esta situación, porque el crimen organizado funciona donde el Estado no está y, en ese sentido, ya no podemos hacer la vista gorda porque en muy poco tiempo nos transformamos en un país atrapado por este flagelo", señaló Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y también presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch).

Por otro lado, Manuel Millones, consejero regional y presidente de la Comisión de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Intereses Marítimos y Pesca, agregó que "la Contraloría ha sido bien clara respecto al ordenamiento jurídico vigente en dos temas: primero, en que las Direcciones de Obras y las Seremis de Vivienda pueden demoler cualquier propiedad que esté en un sector regular o irregular si no cuenta con su permiso de edificación. Pero acá, en la Región de Valparaíso, esta facultad no se ejerce. Lo que hace Carter no es otra cosa más que aplicar la ley".

Facultad de desalojo

Al respecto, Jeanette Bruna, abogada urbanista con experiencia en políticas públicas, es enfática en que "esta es una gestión en la que hemos venido insistiendo hace mucho tiempo para propender al resguardo de los barrios y de la legalidad. Los alcaldes siempre han tenido facultades para desalojar y demoler construcciones ilegales, al igual que la Seremi Minvu, pero ha existido permanente reticencia a ejercer dichos deberes".

Agregó que "el municipio de La Florida ha demostrado que es cuestión de voluntad y que nada tiene que ver con el derecho a la vivienda, que es un tema separado".

Factor tomas

Cabe consignar que estas denominadas "caletas de narcotraficantes" también se han detectado con frecuencia en sectores de tomas, realidad que impacta de sobremanera a la Región de Valparaíso, que concentra la mayor cantidad de terrenos ocupados ilegalmente.

Ante ello, y tomando en cuenta la decisión adoptada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, con las viviendas de narcotraficantes, el concejal de Viña del Mar René Lues (DC) dijo que "las tomas son el peor camino y la peor noticia para las instituciones y, por lo mismo, deben evitarlas utilizando las facultades que la normativa legal les otorga. Lamentablemente, en todo este tiempo eso no ha ocurrido y existe una completa inacción por parte de las autoridades, partiendo por las municipales. Hay que recuperar los espacios públicos y el sentido de orden y autoridad", agregó el edil.

Según datos recopilados por un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), estos revelan que de 403 hectáreas tomadas en 2021, al año siguiente, es decir, el 2022, estas aumentaron a 650.

Este aumento exponencial también va de la mano con el crecimiento de las causas de usurpación violenta, no violenta y por loteos irregulares, según un catastro del Ministerio Público.

"Estoy convencido de que el Estado debe ser igual de implacable con esta situación".

Gustavo Alessandri, Alcalde de Zapallar y presidente de la Amuch

"Las Direcciones de Obras y las Seremis de Vivienda pueden demoler cualquier propiedad que esté en un sector regular o irregular".

Manuel Millones, Consejero regional

"Esta es una gestión en la que hemos venido insistiendo hace (...) tiempo para propender al resguardo".

Jeanette Bruna, Abogada urbanista

"

Recientemente, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, defendió su decisión de demoler casas usadas por narcotraficantes como caletas, saliendo al paso, también, de voces que cuestionan la medida pese al impacto que genera en distintas poblaciones el flagelo de la droga. "¿Hasta cuándo con el buenismo? O sea, nunca vamos a poder hacer nada... No vamos a caer en esta trampa eterna de que cada vez que queremos hacer algo, sale el político progresista que dice 'que los derechos humanos del narcotraficante', 'que los derechos humanos del que dispara'. ¿Y los derechos humanos de las víctimas?", cuestionó.

Los cores de la bancada "Chile Unidos" coinciden en que el tema de la falta de viviendas en la región es una de las mayores problemáticas de la zona, por lo que se debe abordar con seriedad y medidas concretas. Sin embargo, acusan que no se puede actuar apresuradamente y sin todos los antecedentes a la mano que permitan evitar posteriores errores administrativos o, incluso, poca prolijidad en el uso de los recursos públicos.

Ello, a propósito de la presentación que efectuó la Comisión de Vivienda en el pleno del Core, donde se enfatizó la urgente necesidad que el Gobierno Regional priorice la compra de terrenos en el más breve plazo para ejecutar proyectos habitacionales, para lo cual se pretenden destinar más de $40 mil millones. No obstante, acusan que el informe no señala cuáles serían los terrenos, quiénes son los propietarios y quién será el encargado de definir qué superficie se compra o no.

Inquietudes

"Es importantísimo que cuando exista un convenio que involucre fondos públicos, como es el caso Gore-Minvu, exista la mayor transparencia posible en la asignación de recursos para solucionar la grave crisis de viviendas sociales. En el convenio emanado solo existen lineamientos de las características que deberían cumplir los terrenos. Sin embargo, no veo que se expliquen en un cronograma las etapas, plazos y los responsables de seleccionar dónde se compren terrenos del banco de suelos. Más sensible aún es que no exista un sistema que asegure la ausencia de conflictos de interés en la selección de terrenos. Esto incluye a las autoridades y funcionarios regionales", explicó el core Marcos Tricallotis.

El presidente de la bancada Chile Unidos, Iván Soto, agregó que "falta mucha coordinación con el Minvu, falta una hoja de ruta definida, falta aplicar un modelo que permita conocer los proyectos. Me gustaría ver un mayor respaldo técnico cuando se lanzan millonarias cifras que van a ser puestas por el Consejo Regional como financiamiento".

También se apunta al tipo de acuerdo establecido entre el Gore y el Minvu. A juicio de los consejeros, no establece obligaciones administrativas, sino meramente un pacto de voluntades. "Debemos ser capaces de generar una estrategia de trabajo para evitar que los $40 mil millones que pretendemos comprometer no solo sean destinados a la adquisición de terrenos. Los bienes cuando los adquiere el Estado siempre se encarecen, aparecen los especuladores y estos recursos terminan en el bolsillo de inversionistas o grandes capitales", sentenció el core Christian Macaya.

"No existe un sistema que asegure la ausencia de conflictos de interés en la selección de terrenos".

Marcos Tricallotis, Consejero regional

"Falta mucha coordinación con el Minvu, una hoja de ruta definida, falta aplicar un modelo para conocer los proyectos".

Iván Soto, Presidente bancada Chile Unidos