A la agitación del proceso constituyente en curso, que vive estas semanas del verano algunas de sus definiciones más importantes, el mundo político regional suma las turbulencias propias del reacomodo de fuerzas que se viene gestando desde el cambio de gabinete hecho por el Presidente Gabriel Boric en septiembre del año pasado, luego de la contundente derrota del Apruebo en el plebiscito. La caída de la doctora Izkia Siches y su reemplazo en el Ministerio del Interior por Carolina Tohá (PPD), más la llegada de Ana Lya Uriarte (PS) al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a cambio de Giorgio Jackson (RD), generó un nuevo equilibrio de fuerzas en el comité político, un dibujo que los dirigentes del Socialismo Democrático esperan ver expresado en el resto de los cargos y asignaciones de Gobierno. Pasados cuatro meses de ese hito, con el proceso constituyente en marcha y algunas de las reformas ya instaladas en el Congreso, las señales dadas por el Ejecutivo indican que ese rebaraje de poder es inminente.

Esta agitación de aguas tiene aquí una intensidad particular, porque las evaluaciones de desempeño que parlamentarios y jefes de partidos del Socialismo Democrático hacen del gabinete que lidera la delegada presidencial, Sofía González, siempre encuentran una contraparte dura en el Frente Amplio. A su fuerza electoral, el FA suma el peso específico de sus parlamentarios regionales. El senador Juan Ignacio Latorre es el actual presidente de Revolución Democrática, así como el diputado Diego Ibáñez lo es en Convergencia Social -la tienda del Presidente Boric- y ambos jugaron roles importantes en la negociación del nuevo proceso constituyente. En tanto, la diputada Camila Rojas, de Comunes, asumió recientemente como jefa de la bancada del Frente Amplio en la Cámara y su liderazgo es indiscutible en un partido que busca recomponerse tras el escándalo de Karina Oliva. No será fácil para los dirigentes del PS, PPD y PR negociar mayores espacios de decisión, aunque sus parlamentarios ya esbozan cuáles podrían ser sus intereses. El más transparente, en ese sentido, es el diputado socialista Tomás de Rementería, quien hace una férrea defensa de la delegada González y plantea que cualquier equilibrio político se jugará en las seremías.

Más allá de las cuotas de poder y el grado de influencia que eso conlleva, en la negociación por los cargos regionales también se juega un cambio en la impronta del Gobierno y quizás un giro en la jerarquización de las prioridades. Sin embargo, no hay mucho espacio para creatividad: los ojos de la mayoría están puestos en el incierto futuro económico de la Región -el amargo reclamo de los gremios asociados al turismo por la falta de apoyo del Ministerio de Economía apunta a las falencias en este ámbito-, aquejada por la falta de grandes proyectos de inversión y la paralización de obras por diversos motivos. Esos son los nudos a desatar.

Acuñado por primera vez en la década del 50, la inteligencia artificial (IA) constituye uno de los precursores de la cuarta revolución industrial. Su irrupción ha sido vertiginosa en los últimos diez años, debido a factores como el aumento de la cantidad de datos disponibles, la capacidad de cómputo, la cantidad de personas capaces de desarrollarla y el avance de otras tecnologías complementarias.

La influencia disruptiva de la IA ha ido transformando los sectores tecnológicos y económicos. Sin embargo, estos avances nos han brindado de manera amplificada todo lo que la inteligencia humana ya es, tanto lo bueno como lo malo. Entre las áreas de riesgo de esta tecnología se encuentran la autonomía de utilizar plataformas preferidas, respetar a los individuos y grupos más vulnerables, la privacidad y seguridad de los datos personales, la responsabilidad de las decisiones, el bienestar asociado a los derechos humanos y su desarrollo sostenible, así como la transparencia e interpretación de sus algoritmos.

En esta última área sobresale la existencia de cajas negras que traen consigo problemas de opacidad en las decisiones. Este tipo de técnicas son seductoras por sus buenos resultados, pero impiden que un supervisor humano interprete cómo se llegó a determinada conclusión. Pudiese parecer poco relevante, pero ¿qué pasa cuando la decisión de obtener un crédito dependió de un sistema indescifrable basado en IA? En este aspecto no se debe obviar el posible uso de atributos decisores que sean antiéticos como la raza, el sexo, la edad, la religión, etc.

Así es como la ética en la IA ha pasado de ser una cuestión filosófica a una necesidad palpable. En la búsqueda de soluciones globales a estas necesidades se afronta otro gran reto: la multiplicidad y diversidad cultural. Por este motivo, la adopción ética en la IA ha estado polarizada en tres modelos coexistentes orientados a la seguridad y el control social (China), las ganancias donde una minoría de empresas domina gran parte del sector tecnológico (Estados Unidos) y los que anteponen la privacidad del usuario y los principios éticos al desarrollo tecnológico (Unión Europea).

En Chile, la política se adhiere a este último modelo y se fundamenta en cuatro principios transversales: IA con centro en el bienestar de las personas, respeto a los derechos humanos y la seguridad, IA para el desarrollo sostenible, IA inclusiva e IA globalizada. La brecha es amplia aún, pero se ha trazado un camino. En tanto la IA siga ofreciendo increíbles herramientas se deberá garantizar que su función sea servir a las personas y su entorno, en lugar de socavar una vida cívica digna.

Frente a este escenario y para el avance que se requiere en la convivencia con esta tecnología, era necesaria la creación del primer Doctorado en IA del país, el cual comenzará este 2023, en consorcio entre las universidades miembros del CRUCh Biobío-Ñuble (UCSC, UdeC, UBB y USM) y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R), del Gobierno Regional del Biobío.