DGA suspende seccionamiento del río Aconcagua y facultades de las juntas de vigilancia 1 y 2
CRISIS HÍDRICA. Director general de Aguas argumentó "falta de voluntad de parte de los usuarios" e incumplimientos, lo que rebaten regantes de la 1ª sección.
Con la reforma al Código de Aguas, vigente desde abril de 2022, se fortalecieron las facultades de la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP para la gestión de la escasez hídrica. Haciendo uso de esas prerrogativas es que dicho organismo suspendió el seccionamiento del río Aconcagua y las atribuciones de directorios de Juntas de Vigilancia de la 1ª y 2ª secciones, argumentando una continua falta de acuerdo e incumplimientos.
Al respecto, el director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, explicó que "hemos liderado múltiples instancias de diálogo con los usuarios y diversos actores en el territorio para promover un acuerdo justo y sostenible para la cuenca, pero ante la falta de voluntad de parte de los usuarios para avanzar y, además, incumpliendo continuamente las instrucciones del Servicio, es necesario intervenir con fuerza para que todos los usuarios accedan de manera justa a las aguas".
La suspensión de las atribuciones es particularmente para los directorios de las Juntas de Vigilancia de la 1ª y 2ª sección del río Aconcagua, mientras que a la 3ª sección se le ordenó redistribuir las aguas de acuerdo a las instrucciones que imparta la DGA.
Esta suspensión se traduce en que la DGA definirá la redistribución de acuerdo a la disponibilidad total de agua en el cauce e instruirá directamente a los jueces de río, quienes deberán operativizar lo ordenado por la autoridad. En caso de incumplimiento, la DGA iniciará los procedimientos sancionatorios y enviará los antecedentes al Ministerio Público, por lo que los jueces de río se podrían exponer a penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y a una multa de entre 1 millón 200 mil pesos hasta 300 millones de pesos, aproximadamente.
Para verificar el cumplimiento de lo instruido, la DGA deberá desplegarse en la zona y contar con información fidedigna para que las aguas sean distribuidas de manera justa, por lo que ejecutará un "Plan para redistribución del río Aconcagua" avaluado, en una primera etapa, en aproximadamente 300 millones de pesos, para disponer de funcionarios y apoyos para realizar el monitoreo de caudales in situ en tres turnos de 8 horas de lunes a domingo hasta abril del 2023.
Ésta será la primera vez que el servicio dependiente del MOP podrá cobrar los costos asociados al Plan de Redistribución de manera mensual a las Juntas de Vigilancia.
Además, ordena a los repartidores de río a que, en un plazo máximo de tres días, deberán habilitar un acceso para la DGA de sus plataformas informáticas de monitoreo, control y operación de las compuertas, junto con facilitar el acceso directo a dicha infraestructura.
Regantes lo cuestionan
Tras conocer la medida, el presidente de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, Javier Crasemann, señaló que "el contexto de la intervención se genera por acciones de la propia DGA, que ha instruido por meses una nueva fórmula de redistribución que genera un enorme desequilibrio en la cuenca, y por ello, imposibilitando los acuerdos, ya que beneficia desmedidamente a ciertos usuarios en perjuicio de otros".
El regante precisó que "dada la escalada de conflictividad social provocada por esta medida, esta junta pidió una intervención justamente para proteger a su gente ante el riesgo del conflicto. Sin embargo, la DGA ahora interviene ordenando a los mismos funcionarios de la junta que apliquen su redistribución, omitiendo sus funciones. Creemos en una redistribución justa y en el derecho humano al agua, pero para ello deberían considerar a todas las fuentes de agua y no sólo a una; donde la afectación y dolor debería ser equitativa".
A su juicio, "no ha sido falta de voluntad ni incumplimiento como tal, sino que justamente se ha buscado que mejoren la regla de reparto con números razonables y legítimos, que no sequen o saqueen a miles de familias, devastando a toda la cabecera del río. Así y todo, llevamos meses cumpliendo con las 42 horas, 1,3 m3 en San Felipe y asegurando el agua para consumo humano. No perdemos la esperanza que, ahora que dimensionarán en terreno lo que ocurre y lo complejo de la realidad, puedan revertir errores que han sido devastadores".
"Es necesario intervenir con fuerza para que todos los usuarios accedan de manera justa a las aguas".
Rodrigo Sanhueza, Director general de Aguas
300 millones de pesos es la multa máxima que arriesgan quienes no cumplan con lo ordenado por la DGA.