Un terremoto rojo estremece a Chile. Víctimas fatales y desaparecidos. Un balance de daño humano difícil de cerrar, con secuelas también en la salud física y mental de miles de personas.

Y ese daño humano se suma al daño material de miles de hectáreas consumidas por las llamas, cientos de viviendas arrasadas por el fuego y numerosas fuentes de trabajo destruidas. Aún sin ser cuantificada la tragedia en su totalidad, el hecho es que el saldo es pavoroso.

Los incendios, los cientos de focos, llegaron nuevamente, pero esta vez con mayor violencia y extensión. Las causas son conocidas y van desde la intencionalidad hasta los descuidos. Hay que sumar además la explosiva extensión de superficies plantadas, materia sobre la cual caben medidas de protección de acuerdo su peligrosidad y cercanía a sectores poblados. Hay un aspecto pendiente que exige estudios y cambios de normativa tanto en la explotación del recurso forestal como en las condiciones de seguridad del desarrollo urbano. En ese aspecto Valparaíso y Viña del Mar tienen experiencias que se deben considerar.

Es ineludible investigar las causas precisas de esta tragedia, de este terremoto rojo, en gran medida previsible. Y es urgente a la vez una legislación para sancionar rigurosamente a quienes se aprovechan de la tragedia. La reticencia de los afectados por evacuar sus viviendas se basa en el temor de ser víctimas de robo, como de hecho ocurre.

Tras los terremotos de 1906 y 1939 se fusilaba a los saqueadores. Historias de otros tiempos, pero que no pueden olvidarse.

Viene ahora la reconstrucción, que debe ser asumida con visión de futuro evitando tropezar con la misma piedra. Hemos sacado buenas lecciones de nuestra condición sísmica aplicando con éxito nuevas normas constructivas.

¿Hemos tenido una reacción parecida ante la creciente curva de devastadores incendios? No se trata de medidas ocasionales más políticas que técnicas, sino de acciones que se mantengan en el tiempo; no hay que olvidar que la Corporación de Fomento, la Corfo, nació con una visión de adelanto tras el terremoto de 1939 que destruyó gran parte del centro sur del país.

En medio de esta tragedia latente hay que destacar la primera línea de combatientes contra el fuego que con su trabajo salvan vidas y, cuando es posible bienes, arriesgando su propia integridad. Están el personal de Conaf, Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y funcionarios de diversos servicios públicos. Destacan, como siempre, los Cuerpos de Bomberos, voluntarios de la zona y de todo el país, incluyendo por cierto a Valparaíso, que profesionalmente intentan sofocar los siniestros. En medio del humo y las llamas, son múltiples los ejemplos que iluminan y reviven lo mejor de nuestra nacionalidad.

El nombramiento de expertos para el proceso constitucional revivió una vieja discusión. Esto habría parecido imposible hace escasos meses, pero el contundente triunfo del Rechazo hizo viable esta opción. Resulta paradójica la reivindicación del concepto de expertos, término visto con desdén por un amplio sector del espectro político nacional, pese a que su participación en procesos políticos no es algo nuevo, menos en Chile.

La literatura ha caracterizado a los expertos a partir de sus credenciales técnicas, denominándolos como "tecnócratas". Ligados principalmente a la economía, estos agentes tuvieron sus primeros aprontes en Chile en el contexto de los gobiernos de Alessandri, Frei Montalva y Allende. Sin duda, el punto de mayor peso de este tipo de actores se encontró de la mano de los denominados Chicago boys y su influencia en diversas áreas a partir del uso de la llamada racionalidad instrumental. Los gobiernos de la Concertación les dieron continuidad a ciertos enfoques ligados al conocimiento experto, lo que evidencia la necesidad de generar espacios de encuentro entre la política y la técnica. En buena hora esta mirada predominó para el nuevo proceso constituyente, reduciendo la distancia y los reproches respecto del proceso anterior y su vilipendiado proyecto de texto.

Dichos espacios deben ser construidos de tal forma que la técnica y la política cumplan sus respetivos roles con la mayor armonía posible. En ese contexto fue crucial que los expertos contaran con ciertos lazos con los partidos políticos, además de experiencia y formación pertinente para sus funciones. El proceso constitucional anterior nos debe permitir sacar lecciones acerca de esto último, pues contó con convencionales que ostentaban credenciales académicas de alto nivel y que podrían ser caracterizados como expertos o tecnócratas, pero fueron condicionados por la correlación de fuerzas al interior de dicha instancia y a veces la radicalidad de sus propias miradas. En el otro extremo, muchas veces el concepto de experto o tecnócrata está asociado a cierta neutralidad política, esto resulta casi una quimera, ya que cada uno de estos agentes tiene una legítima visión de sociedad.

Pensando en el éxito del proceso constitucional, es mucho más sano esperar que los expertos constitucionales cuenten con una gran preparación y, a su vez, entendamos que no son escépticos ni neutros. Dichos agentes podrán representar las ideas y anhelos que, al menos en términos teóricos, buscan representar los partidos políticos; y, al mismo tiempo, buscar mecanismos viables para avanzar en la materialización de dichos anhelos.