La reciente intervención del río Aconcagua por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) plantea una cuestión bien de fondo: ¿estamos realmente experimentando una crisis hídrica en la cuenca del Aconcagua o bien estamos siendo testigos de una inusitada y brutal intervención ideológica? Aunque llevamos un periodo prologado de déficit de precipitaciones, no puede olvidarse que el año pasado fue un año relativamente bueno en términos de lluvias, a tal punto que la propia DGA declaró en septiembre pasado que el embalse Los Aromos había alcanzado los niveles de agua suficientes para asegurar el consumo humano en el Gran Valparaíso durante todo el presente verano. Aún así, existe en una parte importante de la población una sensación de sequía o escasez de agua, motivando una suerte de temor o pánico colectivo.

Sin embargo, eso no parece razón suficiente para decretar una intervención, más aún cuando tampoco existe la presión de Esval sobre la DGA para asegurar el suministro domiciliario. Hasta ahora, pocos han levantado la voz para destacar que parte importante de los problemas que se han producido en la gestión de la cuenca del Aconcagua han tenido su origen en la intervención del Estado, y en la arrogancia con que, en ocasiones, actúa la DGA, que la lleva a pensar que ella hace mejor las cosas que los usuarios -pequeños, medianos y grandes agricultores que llevan allí décadas administrando el río-, desconociendo sus prácticas y costumbres. En lugar de actuar en forma simple y transparente, la DGA termina envuelta en una madeja regulatoria que ella misma se crea y de la cual le resulta muy complejo salir, dada la confusión y complejidad de su proceder. El caso del río Aconcagua es un caso emblemático sobre cómo en la gestión del agua el Estado está actuando de una forma totalmente centralista e ideológica, dejando con su intervención un caos absoluto en la cuenca, sólo para favorecer a los regantes de la tercera sección. ¿Las razones? Corresponderá a la DGA darlas con plena transparencia.

En este complejo escenario, es importante destacar algunas ideas. Lo primero es que llevamos 14 años de déficit hídrico y tenemos -afortunadamente- una institucionalidad que soportó ese largo periodo de sequía, sin que haya generado una crisis en el sector agrícola o exista una ciudad que se haya quedado sin abastecimiento o bien personas que hayan sufrido cortes en el suministro por falta de agua; tampoco hay una central hidroeléctrica que haya dejado de generar energía. Actividades económicas relevantes para el país, como la minería, siguieron aportando al desarrollo del país durante la pandemia a pesar de la sequía. A diferencia del caso de Australia, donde debieron reformular drásticamente la legislación tras un periodo de 5 años de sequía, en el caso de Chile no ha sido necesario refundar el sistema completo, sino que sólo realizar algunos perfeccionamientos al Código de Aguas, luego de años de tramitación legislativa.

Es importante insistir que no hay ninguna actividad humana que se realice en Chile que sea dependiente de forma intensiva del agua y que haya colapsado por falta del recurso, de manera que no podemos culpar a la institucionalidad vigente por los problemas que existen en la región. Por el contrario. En aquellos cuencas donde hay una crisis o conflicto, como en Aconcagua, es donde el Estado, debido a su propio accionar o negligencia, sea a través de la DGA u otras autoridades, ha generado el problema. En el caso específico de Aconcagua, parte importante del problema ha sido provocado por los errores que cometió la DGA en la constitución excesiva de derechos de agua en forma sistemática durante el último tiempo, en un cauce que está agotado hace muchos años, específicamente en la segunda y tercera sección. Ahora, la DGA se ve obligada a intervenir el río para abastecer de agua a sus regantes, siendo que ella misma autorizó el sobre otorgamiento de derechos.

Como era de suponer, a todo lo anterior debe sumarse que en la región de Valparaíso existe un gobernador regional que lo único que le interesa es agitar el conflicto en la cuenca por razones puramente ideológicas. No olvidemos que la máxima autoridad regional proviene de un movimiento "social" que tiene como objetivo levantar y avivar políticamente los territorios y comunidades, particularmente en la región, siendo el agua unas de sus banderas de lucha. Es fácil alentar conflictos en la población cuando hay escasez de un recurso vital, pero la función de una autoridad regional tiene que ejercerse con responsabilidad, lo que en este caso parece estar lejos de ello.

¿Era necesario intervenir la cuenca del Aconcagua? Salvo por motivaciones políticas o ideológicas, la respuesta debería ser negativa considerando la capacidad acumulada en el embalse Los Aromos. La intervención estatal no asegura una buena y eficiente gestión del río. El mejor ejemplo de esto es la cuenca del río Copiapó. A comienzo de la década pasada, ese acuífero era el "Aconcagua" de hoy y en aquella oportunidad no fue necesario intervenir la cuenca. En la actualidad, nadie habla de la crisis de Copiapó; ninguna persona murió de sed o le faltó el agua; tampoco hubo una hectárea de uva o fruta que se haya dejado de regar en dicho acuífero. La intervención estatal fue totalmente innecesaria.

Mi llamado es a la responsabilidad de las autoridades regionales. ¿Hasta cuándo seguimos encendiendo conflictos o exaltando crisis ficticias que no son tales, motivadas por intereses políticos o ideológicos? ¿Y si en lugar de ello, nos dedicamos a generar y fomentar el diálogo y acuerdos, sin causar controversia o alentar conflictos o poner trabas para alcanzar acuerdos; a generar certeza jurídica, sin causar confusiones o fomentar litigios? Al igual que en Copiapó, la solución no pasa por intervenir la cuenca del Aconcagua, sin considerar seriamente las costumbres del territorio, donde sus usuarios llevan más de 4 décadas gestionando y distribuyendo el agua, sino en ser claros y transparentes, fomentando e impulsando iniciativas que, con coraje y audacia, aumenten las fuentes de agua en la región, para beneficio de sus habitantes, algo en lo que las actuales autoridades regionales están en deuda.

¿Cuál irá a ser la próxima cuenca que caiga bajo el yugo centralista e ideológico de sus autoridades regionales?