Fiscalía reafirma "alije" y "venteo" no autorizado de crudo iraní de Enap
QUINTERO. En los alegatos de clausura la fiscal Aldana precisó que los ejecutivos de la empresa tenían conocimiento de la peligrosidad del químico que intoxicó a más de mil personas el 2018.
Más de tres horas duraron ayer los alegatos de clausura del juicio oral contra los seis ejecutivos de Enap acusados por la Fiscalía del Biobío por delitos medioambientales, tras no prever o tomar medidas para evitar la contaminación de crudo iraní en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví, situación que afectó a más de mil personas que presentaron síntomas de intoxicación el año 2018.
La fiscal del caso, Ana María Aldana, detalló los hechos con precisión. Reafirmó -en base a lectura de documentación, declaración de testigos y correos - que Enap hizo un "alije" (maniobra para aligerar la carga de una embarcación) y "venteo" no autorizado del crudo iraní (que generó emisiones tóxicas), pese a que no estaban las condiciones para realizar el procedimiento. Tales antecedentes habrían estado en conocimiento de los seis ejecutivos de la estatal formalizados, entre ellos, el exgerente de Refinería Aconcagua, Edmundo Piraino, quien ahora se desempeña como gerente de Desarrollo de Proyectos (I) en Enap Concón.
La persecutora precisó que los ejecutivos de Enap, coordinados, sabían desde el primer momento la peligrosidad del crudo iraní y que este llegaba al máximo permitido de mil PPM y así y todo consiguieron -"bajo engaño"- las autorizaciones de la autoridad marítima. Los tres altos ejecutivos de Enap en Biobío, dijo Aldana, "tenían conocimiento de todas y cada una de las actividades que habían sido realizadas para hacer este alije".
Es más, el exgerente de Refinería del Biobío, Álvaro Hillerns, de acuerdo a lo expuesto por la fiscal Aldana en la audiencia, poseía la información de que el crudo iraní tenía alta peligrosidad y que "él dirigió la última reunión con la autoridad marítima", hito que fue celebrado por la empresa. Concluyó que los tres ejecutivos de Enap Biobío, entre ellos Hillerns, "tenían conocimiento de todas y de cada una de las actividades que habían sido realizadas para poder hacer este alije".
Aldana aseveró que "todos los acusados del Biobío estaban al tanto de la peligrosidad y excepcionalidad de esta operación, también estaban al tanto que se realizaría frente a lugares poblados -de hecho fue alertado por el señor Oyola (uno de los testigos en estas cadenas de correos)- y a pesar de ello omitieron adoptar las medidas eficientes y necesarias para impedir la propagación de los contaminantes que ellos mismos sabían que se podían dispersar y tampoco decidieron informar a sus trabajadores de los riesgos a los que se encontraban expuestos en el ejercicio de sus labores".
Omisión
La persecutora aseveró que sí hubo "omisión" en el manejo del agente químico y que éste produjo un daño a las personas y al medioambiente que se evidenció en agosto del 2018 en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví. Enfatizó que "no hubo control por parte de los acusados" respecto de la peligrosidad del crudo iraní.
Al inicio de los alegatos, Aldana expuso que el juicio ha tenido una complejidad mayor por la información técnica del hecho y también por la falta de información aportada por la empresa. Recalcó que "la peor dificultad fue conocer lo que realmente habría ocurrido y esto fue obstaculizado, y creemos que así ha quedado acreditado, por el comportamiento de personas que integran la empresa estatal Enap".
La información, sostuvo, se obtuvo por la incautación y recopilación de la información tanto en Refinería Aconcagua como en Biobío. Así se logró a aclarar el hecho que partió con el arribo, el 14 de julio del 2018, del buque 'Monte Toledo' a la bahía de Concepción. Se sabía que el químico superaba los "límites mortales" y no se hizo una medición correcta, al contrario, los datos fueron aportados a la Armada con desfase.
En la información recopilada por la Fiscalía se pudo verificar que sí había conocimiento por parte de todos los acusados de que el crudo iraní "generaría graves efectos a la población" y sabiendo esta información cuando se produjo la emergencia no se adoptaron las medidas para reparar la situación, sino que se habría omitido esta información. Además, había conocimiento del viento y de lo que podría pasar dado un mal manejo del químico.
Tras la operación del crudo iraní, el 4 de agosto de 2018 hubo un episodio de contaminación que obligó a evacuar el Mall Plaza El Trébol, en Talcahuano. El mismo olor se logró percibir días después en Quintero y Puchuncaví, cuando llegó el buque que provenía desde San Vicente, en Talcahuano, donde se realizó el alije del compuesto.
Por el caso, la Fiscalía presentó acusación contra los seis ejecutivos de Enap por delitos medioambientales. Pidió junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantes del caso una pena que podría llegar a los 5 años de cárcel.
Los alegatos continuarán hoy con la exposición de la querellante del CDE.
"La peor dificultad fue conocer lo que realmente habría ocurrido y esto fue obstaculizado por el comportamiento de personas que integran Enap".
Ana María Aldana
Fiscal del caso
5 años de cárcel es la pena máxima que podrían arriesgar los ejecutivos de Enap por delito ambiental.