El transporte público tiene una incidencia directa en la calidad de vida de las personas y por eso es fundamental establecer exigencias claras para su operación y para las condiciones mismas de los servicios. El secretario regional de Transportes y Telecomunicaciones, Benigno Retamal, anuncia una propuesta "ambiciosa" en la materia, que cubre aspectos relacionados con la calidad del servicio que se ofrece a la población y las condiciones laborales de los conductores.

Está pendiente desde hace tiempo la licitación de los recorridos del Gran Valparaíso, ante lo cual el funcionario promete un nuevo llamado, terminado el actual contrato en 2025. Esta licitación, afirma, será "muy exigente desde el punto de vista de la calidad del servicio y eficiencia del sistema",

Anuncia, además, un proceso de consulta ciudadana en las diversas comunas con el objeto de aplicar esas observaciones en la licitación pendiente. Hay que evitar, sin embargo, que esa consulta y el análisis de su resultado no se prolonguen al punto que frene el gran paso que es la licitación largamente dilatada.

Un tema sensible y factor determinante en la seguridad es el uso de tarjetas y validadores en el pago de los pasajes, con el cual los conductores ya no manejarían dinero, "tentación" permanente para los delincuentes.

Esta realidad hace que en horas de la tarde y noche los recorridos no entren en determinados sectores, afectando a los usuarios al término de sus jornadas de trabajo o estudio. Antigua obligación que no ha sido cumplida por los operadores, ante lo cual el seremi anuncia un proceso sancionatorio. Ahora, se avanzará en el uso de validadores, cubriendo gran parte de los servicios, pero no en un 100%, afirma Retamal.

Esta modalidad además termina para siempre con el sistema de ingreso de los conductores por "boleto cortado", incentivo que altera la seguridad de los servicios y que supone el peligroso manejo de recaudaciones ya señalado. La cara negativa del uso de tarjetas y validadores es el aumento de la evasión, que en Santiago ha llegado a elevados niveles. Es posible, con un inicio acotado y con las experiencias conocidas en la capital, abordar soluciones para ese problema.

Un aspecto importante que se debe considerar es el trazado de los diversos recorridos, que deben ajustarse a las nuevas realidades urbanas y su desarrollo, buscando reducir los tiempos de viaje. Se debe atender, también, a la integración de los sistemas, donde junto a los buses supuestamente renovados estén presentes también el Metro Regional, como eje importante, y los ascensores. Y esto también se puede vincular con los sistemas de cobro.

En las declaraciones del seremi Retamal se aprecia la voluntad de un "cambio radical", cambio que, como tantos cambios, no debe quedar detenido en el tiempo solo en palabras, proyectos y consultas ciudadanas.

Recientemente se dictó la Resolución Exenta N° 4.458, que modificó la Unidad de Educación Militar, dependiente del jefe de la División de Asuntos Institucionales de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

A fin de alcanzar los distintos objetivos declarados en esta resolución, se estableció que el jefe de la División de Asuntos Institucionales ejercerá una serie de funciones respecto de la Unidad de Educación Militar, siendo las más importante aquellas que lo facultan para "dirigir ésta y presentar las propuestas de políticas, directrices y documentos en materia de educación militar, para la aprobación y toma de decisiones por el Subsecretario de las Fuerzas Armadas y proponer el plan de trabajo anual de la Unidad de Educación Militar".

La Contraloría destacó que en la normativa administrativa respectiva (Ley N° 20.424 y reglamentos) no se encuentra prevista la existencia de una Unidad de Educación Militar en la División de Asuntos Institucionales, así como tampoco se le ha entregado al subsecretario para las Fuerzas Armadas, al menos de manera explícita, labores en materia de educación de las ramas castrenses.

De la misma forma, se deja constancia que en el ejercicio de la potestad reglamentaria se dictaron los reglamentos contenidos en los Decretos N° 48 y 50, de 2003, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, donde se crea el Consejo de Educación de las Fuerzas Armadas como un organismo asesor del Ministro de Defensa Nacional en todas aquellas materias docentes de interés común para las Fuerzas Armadas, facultándolo para estudiar, planificar y proponer directrices en materias educacionales de esas entidades castrenses.

En este contexto, la Contraloría dictaminó que la Resolución Exenta N° 4.458, de 2022, no se ajustó a derecho, ya que el subsecretario no tiene competencias para regular estas materias. Trasladar la asesoría en materia educacional de las entidades castrenses desde el Consejo de Educación de las FF.AA. a un nuevo órgano es una medida que debe ser ejercida mediante el uso de la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

Esta situación ha pasado desapercibida en la opinión pública y nos deja algunas preguntas: ¿qué intenciones reales se tuvo al dictar esta normativa? ¿La ministra de Defensa y el Presidente Boric la comparten? ¿Tienen la misma visión?

La clase política y la opinión pública deben prestar atención a cualquier intento de intervenir en la formación educacional de las Fuerzas Armadas, ya que sus programas y procesos solo deben responder a criterios profesionales y técnicos y en ningún caso a visiones ideológicas. Es por ello que considero que se debe exigir al subsecretario para las Fuerzas Armadas explicar las razones de fondo que lo llevaron a dictar esta resolución, así como su actuar al margen de la juridicidad.