La Corporación "Un parque para Las Salinas", abierta detractora de cualquier cosa que se intente hacer en el paño de más de 17 hectáreas de propiedad de la empresa Copec en la avenida Jorge Montt, pidió a Contraloría investigar un posible conflicto de interés de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y dos de sus asesores (Leonardo Risetti y Franco Fernández) por el vínculo comercial que hoy existe entre la empresa dueña del terreno y la consultora El Mapa, conformada por militantes del mismo partido de la jefa comunal, Revolución Democrática (RD).

El relato menciona a Eva Osorio, exasesora y cercana a la core Tania Valenzuela. Osorio y Felipe Pimentel -de Mapa- se acercaron a la corporación a repartir afiches con los beneficios de la nueva plaza de bolsillo emplazada en el paño que desde el 11 de este mes cuenta con actividades gratuitas para la comunidad (ludoteca, laboratorio vegetal, emprendedores, realidad virtual, música, talleres, cuentos y food trucks, dice el panfleto.) Agrega la denuncia que los profesionales de El Mapa (Juan Cristóbal Hermosilla, Sebastián Troncoso, Catalina Szigeti y Joan Bas), todos RD, coincidieron como asesores en el Congreso con Ripamonti, Risetti y Fernández.

A juicio de la corporación, esto configura un "lavado de imagen verde" (greenwashing, que le llaman siúticamente) e incluso aportan una especie de organigrama relacional al estilo de El Padrino.

El asunto golpea el corazón de Ripamonti, cuyo eje de gestión siempre ha estado apoyado en la transparencia y en la discusión por el futuro del paño. Ya en septiembre del año pasado incluso se dio el lujo de emplazar al Presidente Boric, dándole un "ultimátum" (junto al RD Jorge Brito) para que el Consejo de Ministros rechazara el proyecto de saneamiento del terreno planteado por la empresa. Pese a ello, se mantuvo la calificación favorable, modificando la RCA para cursar la remediación, pero no el proyecto.

La Municipalidad dice no conocer a la gente de El Mapa. La alcaldesa incluso pidió a RD aclarar el vínculo del partido con ellos. Pero el problema, o mejor dicho, los problemas son otros: primero, que hay que ser muy ingenuo como para creer que la Inmobiliaria Las Salinas contrató a El Mapa Consultores por su experiencia, bagaje o experticia en "descifrar dinámicas de transformación sociopolítica", como dicen pomposamente en su sitio web. En corto, si no fueran militantes RD, el mismo partido de la alcaldesa y de gran parte de quienes mandan en el municipio de Viña, con quienes trabajaron en el Congreso, ¿habrían calificado para el empleo?

El segundo lío: no puede Ripamonti desconocer lazos con RD. Ya en el pasado su principal asesor tuvo actos de matonaje, transfobia y conflictos de interés y todo se tapó con tierra. No es opción hacerse la ofendida. ¿Renunciar al partido? Difícil.

Raya para la suma: RD regional dice que tampoco los conoce. ¿Será tan así? En cualquier caso siempre pierden la alcaldesa y Viña del Mar, finalmente los grandes damnificados de esta historia.

Dicho de otro modo: si los miembros de El Mapa renuncian a RD para dejar en claro su profesionalismo e independencia, ¿les mantendrán el contrato con la Inmobiliaria Las Salinas, filial de Copec? Al final, parece otro autogolazo de aquellos dictados desde una oficina en Vitacura, como ya nos tienen acostumbrados. Si querían conseguir que se aprobara el proyecto, se equivocaron. Si pretendían "desangelinizar" el debate, lograron todo lo contrario. Si la intención era rayarle la pintura a la alcaldesa, lo consiguieron, incluso a riesgo de cometer una injusticia. Ahora, como decían en el piñerismo, habrá que hacer el control de daños. Y en esta pasada parece que la decisión de tomar el atajo político fue un craso error.

La situación que se vive en el Aconcagua respecto de la crisis hídrica y los conflictos que están ocurriendo por la intervención del río es muy grave. Esta polémica se genera por el criterio que está actuando en la distribución la Dirección General de Aguas (DGA) y es un conflicto que es el ejemplo de muchos otros que en todo el resto del país se puede dar en distintas cuencas.

El pasado domingo 12 de febrero, El Mercurio de Valparaíso publicó un artículo de opinión escrito por el abogado Francisco Orrego Bauzá ("Aconcagua: ¿crisis hídrica o intervención ideológica?"), en el que señala que en esta parte del país no existe una crisis hídrica, sino más bien una intervención de carácter ideológico, donde habría un exceso de regulación, casi de carácter autoritario por parte del Estado.

Esto no es así, sino todo lo contrario.

Es precisamente la carencia, la ausencia de un Estado eficiente lo que está generando una situación como la que se vive en el Aconcagua. De hecho, las malas decisiones tomadas por la Dirección General de Aguas se generan precisamente porque carece de elementos, de facultades, de personal, de recursos como corresponden para realizar una fiscalización efectiva en relación con lo que tiene que ver con el recurso hídrico. Es más: es precisamente la carencia de regulación sobre, por ejemplo, en el monocultivo, en la sobreexplotación de las cuencas, la sobreutilización de las aguas subterráneas, el tipo de plantaciones que se realizan sobre las laderas, lo que está generando este conflicto.

En muchos de los proyectos de resoluciones evacuados desde el Parlamento, cuando fui presidente de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, planteamos la necesidad de la generación de una nueva institucionalidad del agua, llámese Ministerio del Agua, Subsecretaría del Agua… De hecho, el propio proyecto de Constitución que fue rechazado por el pueblo chileno proponía, entre otras materias, la creación de una Agencia Nacional del Agua para estos efectos.

Lo que debería existir en Chile es una verdadera institucionalidad que regule, recoja y coordine todas las acciones que tienen que ver con el agua, sea para el consumo, el saneamiento, la agricultura, etcétera.

También tiene que existir una decisión más relevante respecto de cómo se maneja la cuenca, sobre todo con lo que dice relación con la participación de los distintos actores, de manera tal que se genere una política de gestión integrada de las cuencas.

Es necesario generar los espacios para que además participen todas las personas que viven en esos lugares y también una mayor participación de las autoridades del nivel local en las definiciones. Además, una nueva institucionalidad del Estado no solo tiene que regular la redistribución del recurso que hoy es cada vez más escaso, sino que generar nuevas alternativas, nuevas fuentes de agua. Debemos empezar a hablar en serio en cuanto a una política nacional de desalación y de tratamiento de agua.

Así las cosas, lo que se requiere, precisamente, es una mayor institucionalidad y una fuerza real de parte del Estado, con una visión estratégica de cómo será la política del agua en los años venideros. Proponer o entregar esto solo a la libertad o a la liberalidad absoluta, eso sí que es actuar con sobreideologización.