Hace bastante tiempo, por distintos motivos de toda índole, el centro político, social, económico y también emocional de la Región de Valparaíso se desplazó desde la ciudad del mismo nombre a la vecina Viña del Mar e incluso, en ciertos ámbitos, a otros derroteros de la zona, los cuales hoy levantan un desconocido protagonismo descentralizador que, a ratos, pareciera hasta necesario. En corto, Valparaíso ya ni siquiera acapara atención.

Su pérdida de relevancia responde, en buena medida pero no exclusivamente, a la ya fracasada gestión del alcalde Jorge Sharp, quien a mediados de su segundo período sencillamente no dio con la tecla necesaria para sacar adelante lo que alguna vez prometió. ¿Ideología? Puede ser. Pero suena más a brújula extraviada, a seguir los consejos equivocados, a haber sucumbido a un ridículo mesianismo que, al final del día, ni siquiera le garantiza pintar la fachada de la avenida Condell sin que se la rayen o poner teléfono a las camionetas de patrullaje preventivo porque a alguno de sus grandes asesores se le olvidó ese detalle.

Luego, por motivos económicos, de hostigamiento político y de seguridad, las empresas comenzaron a irse una por una. Así, primero partieron los servicios, las notarías, las sucursales y luego -tras el vandálico estallido social-, los medios de comunicación, los restaurantes, los cines y los locales emblemáticos.

De hecho, si no fuera porque sus oficinas no pueden irse de Valparaíso -menos después de la costosa y absurda renovación del piso 19- el gobernador regional y la delegada presidencial (ambos con biografías identificadas con Petorca y Quillota) ni siquiera debiesen estar buena parte de sus días en el Puerto, sino en otros lugares donde ocurren cosas tanto o mucho más graves, pero que, como bien sabemos, a nadie le importan.

Si hoy nos asustamos por la escalada delictual en Viña del Mar es sencillamente porque eso mismo en Valparaíso ya no tiene marcha atrás. Las facultades de la delegada y de Carabineros chocan en el Puerto con la indiferencia y la complicidad pasiva del municipio. En Viña, en cambio, aún hay esperanza, por cuanto la alcaldesa Macarena Ripamonti -pese a todo- ha mostrado en los últimos meses una disposición genuina a colaborar en la lucha contra el comercio ilegal, la delincuencia y el narcotráfico.

Valparaíso, en tanto ciudad, se perdió aquel verano de 2020 después de que ésta fuera destruida impunemente y las bandas se tomaran las calles y veredas ante la oprobiosa cobardía municipal y gubernamental. Pasear hoy por sus calles, el último martes por ejemplo, es encontrarse con cogoteos a día claro, un río de aguas servidas y desperdicios bajando por la escala Concepción porque se reventó una cámara en la subida al cerro, y esa afrenta sanitaria y social que es el Mercado Cardonal y sus alrededores.

Ojalá, Viña del Mar, nunca te ocurra lo mismo.

En las últimas semanas hemos conocido algunas excelentes noticias que aportan algo de tranquilidad al convulsionado escenario económico, como por ejemplo, la relacionada al superávit fiscal del año recién pasado. Sin embargo, es importante no perder consciencia respecto al momento que vivimos y que, probablemente, seguiremos viviendo durante el año 2023.

Un buen complemento a las cifras económicas que constantemente vamos conociendo es la percepción de las familias chilenas respecto a su propia situación laboral y financiera. Bien sabemos que no es fácil obtener datos periódicos de calidad que recojan estos temas, menos cuando se trata de territorios o zonas periféricas o alejadas de la capital. Por lo mismo, la reciente Encuesta de Calidad de Vida en la Región de Valparaíso, elaborada por Fundación Piensa y Caja 18 -cuyos resultados conocimos hace pocas semanas- resulta especialmente valiosa.

Hay varios aspectos interesantes a destacar cuando hablamos de seguridad económica. Por ejemplo, a diferencia de lo que sucedió el 2021 -periodo muy marcado por el fin de la pandemia-, los participantes del estudio tienden a mejorar la evaluación de varios aspectos relacionados a las condiciones laborales. El tiempo libre disponible, la estabilidad de sus posiciones y la cercanía a sus hogares son aspectos que aumentaron la valoración positiva en el último año. Pero, lamentablemente, estas buenas noticias no se traducen en igual valoración de los aspectos meramente económicos. Por ejemplo, solo la mitad de los encuestados de las comunas de Valparaíso y San Felipe creen que sus ingresos están acordes al mercado laboral. Algo similar sucede en otras comunas emblemáticas -como Concón, Villa Alemana y Quillota-, quienes consideran que sus trabajos les entregan menos seguridad económica que antes.

De esta forma, los resultados muestran una especie de dicotomía que debe ser analizada con cautela. Mientras la seguridad laboral tiende a estar mejor evaluada que el año pasado, la seguridad económica retrocede. Esta situación no es menor, pues desde hace bastante tiempo sabemos que cerca del 70% de los habitantes de la Región de Valparaíso declara no tener ninguna capacidad de ahorro. En el contexto de crisis económica que se avecina -marcada por la inflación y la incertidumbre-, este dato resulta particularmente complejo. Hablamos de ciudadanos que han alcanzado una estabilidad demasiado frágil y que viven con el constante miedo de no poder sobrellevar una dificultad inesperada.

Esto último no es baladí, en cuanto tiene potenciales efectos relevantes en la salud individual y familiar de los chilenos. La misma Encuesta de Calidad de Vida nos muestra datos bastante inéditos al respecto. Por primera vez hemos podido observar que absolutamente todos los indicadores relacionados al bienestar individual -como la salud mental, física y la satisfacción con la propia vida- disminuyeron significativamente respecto del periodo anterior.

Todo lo anterior nos muestra que las necesarias medidas de reactivación económica que se requieren en la Región de Valparaíso -situación extensible a muchas otras ciudades de nuestro país- no solo son relevantes en términos macro, sino que también en función de mejorar el día a día de nuestros habitantes.

El pasado 3 de enero se hicieron públicos los puntajes obtenidos por los estudiantes que rindieron en 2022 la primera PAES. Y en este debut no solo hubo expectación por parte de los jóvenes, sino también por parte de todos los académicos y docentes del país, ya que la gran interrogante era: ¿la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior cumplirá con la promesa de democratizar el acceso de universidades de nuestro país?

Posteriormente, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) transparentó parte de su análisis comparativo entre los resultados obtenidos en 2022 versus los de 2023, dividiendo su análisis por género, dependencia y rama.

Y es acá donde me quiero detener, ya que estos son datos fundamentales para poder concluir si es que la aplicación de la PAES consiguió o no un cambio significativo en cuanto a ser un instrumento que genere un acceso más equitativo a la educación superior, incluyendo jóvenes de todos los estratos sociales, en igualdad de condiciones, sin importar su género o si es que estudiaron en un colegio particular, municipal o subvencionado.

En base a las cifras entregadas por el DEMRE, podemos concluir que, de la cantidad total de participantes del proceso 2023, los hombres representan el 44% de participantes y las mujeres un 56%, situación similar a la del proceso 2022. Ahora, respecto a la cantidad de hombres que rindieron en el proceso 2023, hubo un aumento del 19% respecto al proceso 2022, en tanto que en la cantidad de mujeres que rindieron en el proceso 2023 hubo un aumento significativo del 22% respecto al proceso 2022.

Comparando los porcentajes de seleccionados del año 2023 respecto al año 2022, ha habido una variación porcentual positiva del 8% en el caso de los hombres y un 16% en el caso de las mujeres. De esta información se desprende inequívocamente que hay una mayor participación de mujeres en el proceso de rendición y que en términos de selección ha habido un aumento doble de mujeres seleccionadas que hombres seleccionados, mostrando con esto, una mayor inclusión del género femenino en el ingreso de estudiantes a la universidad.

Respecto a la proveniencia de estudiantes según tipo de establecimiento educacional, los porcentajes de participación en el proceso 2023 se mantienen casi idénticamente a los porcentajes de participación del 2022: 18% a 17% en particular pagado, 55% particulares subvencionados, 24% a 25% municipales y un 3% Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

No obstante, en los porcentajes de selección se evidencia un alza significativa en los establecimientos municipales y SLEP respecto al año anterior, con una variación porcentual del 18% y 21% respectivamente. Esto indica que habrá una mayor presencia de estudiantes de colegios municipales y SLEP en el sistema universitario para este 2023, mostrando cómo la PAES ha acortado las brechas favoreciendo el ingreso de estudiantes de estos segmentos educacionales.