Redacción/Efe

El Presidente Gabriel Boric usó su cuenta oficial de Twitter para criticar duramente al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, luego de que éste hace algunos días despojara de la nacionalidad a 94 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Giocolda Belli, quienes lucharon a su lado durante la revolución sandinista que derrocó en 1978 al dictador Anastasio Somoza, y que ahora forman parte de 222 opositores expatriados por el mandatario.

El jefe de Estado chileno aprovechó un tuit de Belli, una intelectual cercana a él que viajó a Chile para el cambio de mando de marzo pasado, para arremeter contra Ortega.

A la cita de un poema de la escritora, Boric respondió: "Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. ¡No están solos!".

De esta forma entregó el apoyo más claro a quienes han sido afectados por el régimen de Ortega, quien además de esta acción reñida con tratados internacionales de Derechos Humanos, en 2021 encarceló a todos los opositores que quisieron medirse con él en la última presidencial.

¿Está solo?

Sin embargo, la reacción del Gobierno chileno, también expresada por la canciller Antonia Urrejola, quien calificó la decisión de Ortega de los 222 exiliados hace una semana como "de la más alta gravedad", no ha tenido eco en otros líderes latinoamericanos de izquierda.

Con más cautela, el gobierno que encabeza en Colombia Gustavo Petro expresó su "preocupación" por los recientes acontecimientos en Nicaragua, que ya suma 317 decretos de retiro de nacionalidad.

A su vez, el Gobierno de México, liderado por el también progresista Andrés Manuel López Obrador, se declaró el jueves "atento" a los acontecimientos en el país centroamericano.

"Nosotros respetamos mucho al presidente Boric, como respetamos a todos los presidentes, más en su caso, que viene de un movimiento de izquierda, y desde luego que es completamente libre para manifestarse, para expresarse", dijo López Obrador.

Otros Gobiernos progresistas de la región, como los de Argentina y Brasil, no se han manifestado públicamente sobre los recientes sucesos en Nicaragua.

Ante ello el exvicecanciller chileno y profesor de Derecho Constitucional Edgardo Riveros, afirmó que "la solidaridad internacional es imprescindible con aquellos que defienden los principios democráticos y la vigencia de los derechos humanos en los Estados que sufren violaciones sistemáticas a ellos, como es el caso de Nicaragua".

"En esto puede ser eficaz la sumatoria de pronunciamientos no solo de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, sino también de los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, foros especializados y entidades académicas, entre otros", añadió.

El retiro de nacionalidad a opositores nicaragüenses viola una serie de tratados internacionales, explica el exvicecanciller chileno Edgardo Riveros: "Al despojarse arbitrariamente de la nacionalidad a una persona se están violando una serie de instrumentos y tratados internacionales". Entre otros mencionó la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) y la Convención sobre Derechos de Niño (1989).

A raíz de las críticas al trabajo de los fiscales en la investigación por el caso SQM expresadas en una carta del Grupo de Puebla y firmada entre otros por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) sostuvo que "no vamos a aceptar que se denigre la esforzada labor" del gremio.

El grupo centró sus cuestionamientos en la situación de Marco Enríquez-Ominami, imputado en el caso de presunta corrupción, debido a la dilación que ha tenido el proceso judicial, iniciado hace más de ocho años. "Una justicia demorada es justicia denegada", expresó dicho texto.

Frente a estas declaraciones, la ANF manifestó su absoluto respaldo al trabajo de los fiscales que "han estado a cargo de una indagatoria complejísima y que se ha extendido por años, no por retardos ni gestiones desarrolladas en el Ministerio Público, sino que por las propias acciones y presentaciones judiciales de los intervinientes y especialmente las defensas de las personas imputadas".

"El trabajo profesional de nuestros colegas ha quedado de manifiesto en sendas resoluciones judiciales y en autorizaciones emanadas desde el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y ahora en el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal capitalino, que comenzó esta semana a desarrollar la etapa final del proceso", continúa la declaración.

Asimismo, la ANF sostuvo que "esta crítica no solo es improcedente, sino que una injerencia indebida y absolutamente fuera de los marcos de respeto que nos debemos como naciones independientes, que autoridades extranjeras se pronuncien en contra de las actuaciones de las y los fiscales de otra República, empleando frases completamente destempladas y ajenas a la realidad y al sentido común, vinculando el ejercicio legítimo de la persecución penal a una supuesta tendencia política, crítica que desconoce que en Chile las y los fiscales hemos demostrado absoluta independencia y autonomía, persiguiendo penalmente hechos, no ideologías".