Una de las principales implicancias que tendría fijar zonas de riesgo por incendio en los PRC es que muchos campamentos, si no la mayoría, se emplazan en ellas, y el Estado tendría que hacerse cargo de la mitigación o erradicar las viviendas, "no hay dos opciones", indica el urbanista.

"Si están delimitadas las zonas de riesgo, se puede exigir responsabilidades y por lo tanto va a haber mucho más incentivo a evitar que se instalen tomas en esas áreas", agrega.

El instructivo de 2014

Después del trágico mega incendio de Valparaíso, el entonces jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda, Pablo Contrucci, envió a 23 destinatarios -entre ellos los intendentes regionales, seremis Minvu, directores regionales de Serviu, directores de Obras Municipales y Secpla- la Circular 269, del 18 de junio de 2014, conocida como DDU 269, sobre "Definición de áreas de riesgo por amenaza de incendio en los instrumentos de planificación territorial".

Se remite al artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que señala que en los planes reguladores "podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un peligro para los asentamientos humanos", en la forma de "zonas no edificables" o bien "áreas de riesgo", entendidas como "aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos".

"Habiéndose identificado un riesgo en el correspondiente estudio fundado, dicho riesgo podrá ser incorporado al respectivo plan regulador mediante la definición de un área de riesgo", agrega la circular, que instruye "a los municipios para que incorporen el riesgo por amenaza de incendio en la formulación y/o modificación de sus respectivos Planes Reguladores Comunales (PRC)" y a las seremi Minvu "para efectos de la formulación y/o modificación de Planes Reguladores Intercomunales", así como para que fijen plazos en tal sentido "a aquellas municipalidades cuyos territorios poblados presenten inminente riesgo de incendio".

También plantea que en esos casos la formulación y/o modificación de los PRC "deberá realizarse a la brevedad" y para ello deberá considerarse "la identificación del territorio bajo amenaza de riesgo por incendio en un estudio fundado" y "la definición del área de riesgo correspondiente, en el plan regulador respectivo, en base a dicho estudio".

Después de dos gobiernos de distinto signo político, y a casi una década del instructivo, el riesgo por incendio sigue sin estar incorporado a los PRC en el Gran Valparaíso y las ciudades más pobladas de Marga Marga, aunque el concepto sí se está considerando en los municipios donde esos instrumentos están en fase de modificación.

Valparaíso, viña del mar y concón

A este respecto, la Municipalidad de Valparaíso indica que en el marco de la actualización del PRC que lleva a cabo, "se está realizando la revisión de todos los estudios complementarios que componen este instrumento, dentro de los cuales se integra el Estudio Fundado de Riesgo, el que incorpora el riesgo de incendio a través de la identificación de una serie de variables que permitan generar zonas vulnerables". Concluido este proceso, "generaremos una propuesta tanto de gestión como normativa urbana para la actualización del PRC".

La Municipalidad de Viña del Mar expone que la actualización en curso de su PRC contiene diversos estudios, entre ellos el Fundado de Riesgo al que alude la DDU 269 del Minvu. El equipo técnico, agrega, lo está abordando "a partir de antecedentes existentes, otros estudios levantados por organismos técnicos y centros de investigación, y experiencias recientes en esta materia, lo que permitirá identificar detalladamente los riesgos del territorio considerando una serie de variables técnicas, sociales y territoriales", entre ellas la alta preocupación de los vecinos por el peligro de incendio detectado en los talleres participativos.

Señala también que en la normativa generalmente las restricciones asociadas a los riesgos están orientadas a incorporar medidas de mitigación que permitan la edificación, más que a un aspecto de conservación natural, "y por otra parte, las definiciones de los usos de suelos permitidos no se hacen cargo de la gestión y mantenimiento de sitios abandonados por los privados donde generalmente existe una alta vulnerabilidad ante el riesgo de incendios, por lo cual es importante definir cuál es la mejor estrategia para abordar este factor".

En Concón, en tanto, la alcaldesa subrogante Mariela Flores, señala que el actual PRC "fue elaborado por gestiones anteriores, considerando los lineamientos del Concón de aquella época, sin una mirada a largo plazo" y que la actual administración que encabeza el alcalde Freddy Ramírez inició un proceso de actualización de ese instrumento "que tomara en cuenta aspectos como los riesgos antrópicos (incendios), los cuales no habían sido considerados". Agrega que ya comenzó "un estudio para evaluar estos riesgos con el objetivo de poder levantar, en el corto plazo, un nuevo PRC".

Quilpué y villa alemana

La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillan, plantea que el PRC fue aprobado en el año 2019 por el concejo municipal y el exalcalde Mauricio Viñambres "bajo un manto de gran polémica por parte de la ciudadanía y las organizaciones civiles de nuestra comuna, ya que existía una serie de demandas y observaciones que no fueron incluidas", entre ellas la vinculada con la DDU 269 sobre riesgo de incendios, "pese a la necesidad de contar con este instrumento para planificar de mejor forma la ciudad".

La jefa comunal recuerda que la ciudad ha tenido un crecimiento muy importante de campamentos emplazados en zonas de riesgo, y que hoy existen 25 que requieren de cuidado especial por peligro de incendio forestal, por lo cual la modificación del PRC tiene como uno de sus principales argumentos la integración de las mencionadas disposiciones "para generar medidas de prevención, zonificar adecuadamente las zonas más expuestas a los riesgos y proteger a la población, ya que sabemos que el cambio climático está instalado y que la planificación es fundamental para evitar las grandes tragedias que hemos visto en el último tiempo".

Desde la Municipalidad de Villa Alemana, el profesional de Asesoría Urbana de la Secretaría Comunal de Planificación, Francisco Ramírez, señala que en el proceso de actualización del PRC "se considera la variable de riesgos a los cuales se ve enfrentada la comuna" y que se definen en el artículo 2.1.17 de la OGUC, vale decir zonas inundables, propensas a remoción en masa o expuestas a eventos como actividad volcánica.

También remarca que aun cuando la DDU 269 exige la identificación del territorio bajo amenaza de riesgos por incendio basada en un Estudio Fundado para la aplicación de las disposiciones pertinentes, y el Estado no ha definido procedimientos ni metodología para aquello, "el presente estudio ha contemplado la variable de incendio forestal en su proceso, incorporándose como factor crítico de decisión para el diseño de su imagen objetivo, analizándose el desarrollo histórico y las zonas de interfaz propensas a incendios forestales".

Urge actualizar planificación porteña

El concejal de Valparaíso Daniel Morales, arquitecto especialista en Proyectos Urbanos Regionales, dice que en la comuna el PRC base es de 1984, con una serie de modificaciones, "y no existe ninguna área de riesgo incorporada -incluida la de incendio-, como lo exige la normativa urbana general". Agrega que "lo que ha trascendido, es que se ha desarrollado un análisis del riesgo de incendio, sin embargo eso no está asociado a la modificación del instrumento".

"Lo que se requiere con suma urgencia es actualizar la planificación urbana comunal, y que esta considere los efectos del cambio climático, y con ello articular medidas para la gestión del riesgo", plantea el edil y arquitecto.

Ejemplifica con la incorporación de estas variables en el Pladeco, "no permitiendo que la ciudad siga extendiéndose informal e ilegalmente en sus partes altas e incorporar otras gestiones, como un departamento de medio ambiente robusto o actualizar el de emergencias, que hoy tiene hoy un enfoque obsoleto" y reactivo, cuando debería ser de anticipación, preparación y reducción del riesgo de desastre; de incendio en verano, pero de inundación y remoción en invierno, o de marejadas".

Muchas esperanzas en la regulación

Ignacio Aravena, doctor ( c ) en Planificación Urbana en la London School of Economics e investigador de Fundación Piensa, considera que "tenemos puestas muchas esperanzas en que la regulación por sí sola puede solucionar problemas complejos", pero la experiencia demuestra que sin una visión sistémica es difícil prevenir muchos de estos eventos.

"Si bien es cierto que nuestra regulación está obsoleta y que no responde a diversos problemas cotidianos, como lo son los incendios, estos hechos también ocurren por falta de gestión y control en terreno", como que grandes siniestros en la zona se han originado en quemas ilegales o fumadores de pasta base que arrojan residuos en quebradas llenas de basura junto a campamentos. "La zonificación es importante, pero también existen acciones que no requieren cambios normativos y que pueden ser efectivas".

¿Y qué pasa con el problema de las ocupaciones ilegales que habitualmente se instalan en zonas de riesgo? "Valparaíso sabe muy bien de esta historia ya que la mayoría de sus campamentos están en zonas definidas de riesgo; pese a ello, estos siguen construyéndose donde mismo, pues el problema trasciende los planes reguladores", y no es solo técnico sino también político.

"La planificación sin un control adecuado no es efectiva. Un ejemplo de esto son los campamentos en Rodelillo y Forestal, los cuales volvieron a construirse en la misma ubicación después de los siniestros de 2011", remarca. 2

No incluir riesgo de incendio en los PRC debería ser causal de abandono de deberes".

Se requiere con suma urgencia actualizar la planificación urbana comunal".

Sin una visión sistémica es difícil prevenir muchos de estos eventos".

Ignacio Aravena Experto en Planificación Urbana, investigador Piensa

Si están delimitadas las zonas de riesgo, se puede exigir responsabilidades".

"

"

"

"

En nuestra Región existen numerosas tomas y campamentos en zonas de riesgo por incendios, "y a pesar de esa amenaza las autoridades con competencias nada han hecho, por lo que pueden tener responsabilidades si se producen desgracias", plantea el consejero regional Manuel Millones, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core.

Dice que de las desgracias de 2014 y 2022 en la zona "aprendimos, pero a medias, por cuanto el gobierno de la época vía Ministerio de la Vivienda modificó a mediados del primer año la ordenanza e incorporó a los incendios como factor de riesgo, estableciendo la obligatoriedad de incluir esa restricción en los planes reguladores comunales e intercomunales", responsabilidad que les cabe a los municipios en los primeros, y al Minvu en los segundos.

El consejero regional afirma que "el problema es que esa norma ha sido letra muerta, por cuanto en muy pocos casos estas entidades los han incorporado en la actualización de los planes de ordenamiento territorial". Esa omisión, agrega, "podría traer consigo eventuales responsabilidades penales y/o administrativas si trae como consecuencia la muerte de personas o daños materiales que se pudieron evitar estableciendo zonas de riesgo con las mitigaciones correspondientes".

Ante la posible repetición de desastres como los ocurridos, plantea que no incorporar el riesgo de incendio en los PRC "debería ser causal de abandono de deberes respecto de los alcaldes y en el ámbito regional implicar sanciones a los seremis de Vivienda". 2.