Violento incidente con un bus pirata
Los dirigentes del transporte piden mayor control de los servicios irregulares que surgen, en parte, por las deficiencias del sistema vigente. El Gobierno ya inició el proceso de mejoramiento para el sistema de transporte público en las cinco comunas del Gran Valparaíso. El problema es que este proceso licitatorio no dará frutos, al menos, hasta fines de 2025.
El violento incidente ocurrido cuando un bus irregular escapó de un control policial en Quilpué, vino a recordar que la situación del transporte público en la Región es, quizás, una de las más difíciles de resolver. No hay alcalde en el Gran Valparaíso que no haya levantado la voz contra los servicios que prestan las actuales empresas concesionarias y el cuestionamiento de los usuarios abarca un abanico tan amplio de problemas -desde la falta de recorridos en sectores de intenso crecimiento demográfico, hasta las respuestas malagestadas de algún chofer cuando los adolescentes tratan de pagar con su pase escolar-, que muchas veces la búsqueda de soluciones escapa del estricto ámbito en el que se mueve la Secretaría Regional Ministerial de Transportes.
A propósito de la persecución policial, que terminó con un conductor detenido y en prisión preventiva, el seremi Benigno Retamal aseguró que solo este año ya han realizado 3 mil fiscalizaciones en el transporte público, controles que serán reforzados a partir de marzo, con el objetivo de "sacar de circulación los vehículos irregulares o piratas". Es necesario reconocer que en el caso de estos buses fuera de norma, sus servicios son un reflejo y un efecto de los problemas de funcionamiento que vive el sistema licitado. Esto significa que las fiscalizaciones punitivas a los choferes y dueños de máquinas que operan sin permisos pueden sacar de circulación un vehículo que, por medidas de seguridad y falta de regulación, es un peligro en las calles, pero no resuelven las deficiencias presentes en el sistema y tampoco reducen los incentivos perversos que impulsan el surgimiento de estos traslados fuera de ley.
La respuesta que da el seremi Retamal ante este dilema es que el Gobierno ya inició el proceso de mejoramiento para el sistema de transporte público en las cinco comunas del Gran Valparaíso. Este elevará los estándares de seguridad, ya que uno de sus objetivos centrales es, justamente, terminar definitivamente con el transporte irregular. El problema es que este proceso licitatorio se extenderá, al menos, hasta fines de 2025, dos largos años de espera para los afligidos usuarios de microbuses que viven a diario los problemas de un sistema en crisis.
¿Es posible acelerar dichos plazos? La respuesta va más allá de las capacidades del seremi Retamal, porque involucra una serie de procesos internos del Ministerio de Transportes, la revisión de aspectos legales y la interiorización de los diálogos que sostiene la autoridad del ramo con alcaldes y comunidades para definir las mejores bases de licitación. En palabras simples, a los afligidos usuarios no les queda más que esperar por la solución definitiva.