Es valiosa la disposición que tienen los alcaldes y sus organizaciones para trabajar en la lucha contra la delincuencia, problema prioritario que afecta a toda la población y a sus actividades.

Esta disposición se debe expresar en una coordinación de esfuerzos y recursos, siempre escasos, pero posibles de maximizar mediante un aprovechamiento mutuo. Para Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades Chilenas, existe disposición para trabajar, pero luego afirma que "no hemos tenido las respuestas que esperábamos del Gobierno". Ahí está la cuestión eterna de los recursos y del reforzamiento de las fuerzas policiales, que no siempre se destinan en la cantidad adecuada para las necesidades y las condiciones variables de cada comuna, como es el caso de aquellas que multiplican su población en vacaciones.

Por su parte, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, espera un avance en la mesa transversal de seguridad que "hasta ahora ha sido un fracaso". Critica el retiro de algunos partidos de esa instancia de trabajo, calificándolo de "irresponsabilidad", retiro que respondió al cuestionado indulto que dejó en la calle a elementos peligrosos y en cierta medida legitimó la violencia que tanto daño ha causado a nuestras ciudades, caso concreto Valparaíso.

De cualquier modo, lo primero es dejar de lado el prisma político y en el nivel local y regional mejorar con urgencia la coordinación vertical y horizontal. Horizontal, con la participación de todas las municipalidades y autoridades regionales, y vertical, con la presencia en cada comuna de sus organizaciones sociales, vecinales, deportivas y culturales, entre otras. La delincuencia afecta a todos y, en consecuencia, todos deben participar en frenar el problema con sus facultades, conocimientos y experiencias.

Hay situaciones que se deben abordar con una mirada global, como es el comercio ilegal que está en Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quillota… en fin, en cada rincón de la zona, y que es posible combatir en terreno, pero también con una tarea de inteligencia que identifique proveedores de este tráfico de especies.

Se debe trabajar también en una coordinación de medios operativos, con sistemas de movilización y radiocomunicación que pueden vincularse con las policías.

Punto importante refiere a las inversiones en mejor iluminación y cámara de seguridad, materia donde las adquisiciones se pueden hacer en forma conjunta logrando mejores precios en compras por volumen. Sin dejar de lado el logro de mayores atribuciones, es fundamental el trabajo municipal conjunto, derrotando desconfianzas y consignas, pues la tarea, para todos, es la misma: derrotar la delincuencia.

Entre los aspectos del denominado "audio de la Cancillería" se menciona el "gesto" ofrecido a Argentina respecto a "un barco inglés" al cual se le habrían impuesto restricciones en el estrecho de Magallanes.

El régimen jurídico que opera en este estrecho descansa en gran medida en el Tratado de Límites con Argentina (1881), cuyas aguas quedaron neutralizadas a perpetuidad y asegurada su libre navegación para las banderas de todas las naciones. Demás está señalar que este tratado definió el límite a lo largo de más de 5.000 kilómetros, lo cual devela su gravitación como eje central de la consolidación del país.

Del audio difundido no queda claro si Chile prohibió servicios portuarios en Punta Arenas a una embarcación británica, bajo el argumento de un compromiso político con la llamada "causa de Malvinas", asumido por Chile en el marco de Unasur y/o Mercosur.

Al respecto, el académico de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Jorge G. Guzmán, ha aseverado que dichas restricciones o prohibiciones resultan lesivas a la obligación permanente de Chile con la "neutralización" del estrecho de Magallanes, establecida en el tratado mencionado. Sostiene, igualmente, que Chile está obligado a asumir en el estrecho de Magallanes una conducta de imparcialidad, distinta y simultánea a la obligación con el respeto de la libre navegación y a la prohibición de fortificar dicho pasaje interoceánico. Es más, argumenta que con esta obligación, Chile debe brindar en el estrecho de Magallanes un trato igualitario a todas las partes y, al mismo tiempo, adoptar toda clase de medidas que prevengan actos de hostilidad contra algún Estado.

Este experto en tema marítimos y antárticos sostiene, en otras palabras, que conforme con el espíritu y la letra del Tratado de Límites de 1881, Chile no puede (ni debe) instrumentalizar el estrecho de Magallanes para tomar partido en una disputa entre dos o más países, por ejemplo, aquella que compromete a Argentina y el Reino Unido. Ello importaría faltar a la obligación con la "instrumentalización permanente del estrecho".

Resulta obvio, entonces, que una obligación jurídica que emana del Tratado de 1881 no puede ser afectada por un compromiso político pactado, además, más de 130 años después de decretada la "neutralización del estrecho".

Lo que resulta complejo es que la inobservancia de esa eventual obligación legal puede tener consecuencias para la implementación de la correcta doctrina de límites sobre la que se asientan los tratados de límites que Chile ha suscrito con sus vecinos.

Dos senadores ya han levantado la voz y manifestado su preocupación al respecto. Por lo mismo, resulta necesario, con premura, una aclaración y precisión respecto del tenor y alcance del pasaje que surge del audio filtrado y profundizar sobre la naturaleza de las obligaciones derivadas del Tratado de 1881 respecto del estrecho de Magallanes. Lo que no puede ocurrir es que se sienten precedentes que puedan comprometer tratados vitales para la seguridad y el interés permanente de Chile.