Sebastián Mejías O.

Desde hace varias semanas que el Presidente de la República es presionado por los partidos oficialista para mover algunas piezas de su gabinete y reequilibrar también las fuerzas a nivel de las secretarías regionales ministeriales (seremis) en la Región de Valparaíso. Una toma de decisiones que para algunos dirigentes de partidos se está ejecutando demasiado lejos de los círculos de poder locales, donde la última palabra la tiene el Ministerio del Interior, las demás carteras y las cúpulas de los partidos en Santiago.

El secretario regional del PPD, el core Manuel Murillo, contó sobre "la escasa incidencia que las directivas de los partidos a nivel regional pueden tener en la realización de algún tipo de cambio, en relación al mal funcionamiento de una autoridad regional". En ese sentido, lamentó que "las decisiones, finalmente, se tomen a nivel nacional, a través de las cúpulas partidarias, en conjunto y en conversación con los parlamentarios".

En este proceso, explicó que "las bases y la militancia nunca son consideradas y ojalá que esto algún día pueda cambiar en favor de una real participación desde las regiones, los territorios y sus intereses particulares".

Por su parte, el presidente regional de Comunes, Bernardo Álvarez, puso el énfasis en la necesidad "de que las regiones tengan más injerencia en los procesos de ajustes de gabinetes, ya sea a través de los partidos, con sus directivas regionales, o de parte de las delegaciones regionales". A su juicio, "debiesen ser más que sugerencias las que se hacen desde las regiones, para poder ir trabajando en metodologías más claras y establecidas de cómo se definen los nombres para los cargos disponibles en el Gobierno".

"es improcedente"

Desde el Congreso, la diputada de Comunes por el Distrito 7, Camila Rojas, dejó en claro que este tema le debería corresponder a "los partidos a nivel comunal y regional y así lo ha reiterado el Presidente Gabriel Boric".

Sobre la posibilidad de cambios que favorezcan a su tienda, la parlamentaria contó que "han seguido el conducto señalado, que es mediante el partido a nivel regional". Lógicamente, advirtió, "en estas definiciones hay incidencia de los ministros y ministras, si a eso se refieren con que las decisiones se toman en Santiago, lo que considero improcedente".

Al diputado Tomás de Rementería, como subjefe de la bancada del PS, le "parece que cuando se hagan los cambios deben ser consideradas las regiones, las autoridades regionales, los alcaldes incluso o la propia delegada presidencial". Cree que "lo básico de un gabinete regional que funcione y que esté compuesto por cargos que lo hagan funcionar, es que sean consultadas las bases y las personas de las regiones donde ellos van a ejercer sus funciones, más allá de que se defina todo en Santiago".

Liberales piden cargos

Contrario a esta crítica hacia el excesivo centralismo a la hora de ejecutar algunos cambios en el gabinete local, el presidente regional del Partido Liberal, Sebastián Tobar, aseguró que "al menos nosotros tomamos decisiones regionales y de ahí se envían las propuestas de nombres a Santiago, entendiendo que reúnen las competencias para poder asumir el cargo al cual se les postula".

"Somos nosotros los que conocemos cómo funciona la región y nosotros mismos mandamos los nombres para asumir cargos acá", indicó.

Sobre el interés que tiene el Partido Liberal en el cambio de gabinete que para algunos es inminente, su presidente regional comentó que "luego de haber perdido la Delegación de San Felipe, entendemos que prontamente debería haber una reestructuración de fuerzas". En este reequilibrio, agregó, "el Partido Liberal debería ser considerado y estamos haciendo las negociaciones para ver qué nos va a tocar".

"evitemos roces"

Sobre las modificaciones que se vienen, la diputada CS por el Distrito 6, Francisca Bello, aseguró que el "Gobierno hace una constante evaluación del desempeño de sus autoridades a nivel regional, y por supuesto en estas evaluaciones se consulta a las autoridades locales del oficialismo, que tienen el arraigo territorial y el conocimiento de las urgencias de cada localidad".

Lo importante, recalcó, es "que aquí quien tiene la atribución de designar nombres no es más que el Presidente Boric". Además, Bello hizo un llamado a "que estas conversaciones políticas se den a través de las orgánicas que tienen las alianzas de Gobierno y no por la prensa". "Evitemos generar pequeños roces innecesarios y aboquémonos al trabajo responsable que nos exige ser oficialismo", subrayó.

Preocupación de marzán

Por su parte, y aclarando que los nombramientos son de competencia del Presidente y los ministerios y que, a lo más, desde el nivel regional se pueden proponer nombres, la diputada Carolina Marzán (PPD) reconoció que su verdadera "preocupación es posterior al nombramiento. Tiene que ver, planteó, sobre "cómo somos capaces de generar coordinaciones que nos permitan llegar a la comunidad de mejor manera, sobre cómo se trabaja en conjunto y de manera mancomunada hacia el objetivo común que tenemos como Gobierno."

La legisladora piensa que "se habla mucho de los equilibrios políticos" y que a ella más bien le "gustaría hablar de aquel equilibrio que permita hacer bien la pega y llegar con respuestas a las personas que han depositado su confianza en nosotros".

"Deben ser más que sugerencias las que se hacen desde las regiones, para poder ir trabajando en metodologías claras de cómo se definen los nombres".

Bernardo Álvarez, Presidente de Comunes

"Estas conversaciones se deben dar a través de las alianzas de Gobierno, no por la prensa".

Francisca Bello, Diputada (CS)

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Por múltiples denuncias por negligencia médica contra el Hospital San Camilo de San Felipe, el diputado Andrés Longton (RN) anunció que oficiará a la Superintendencia de Salud para que fiscalice los procedimientos y protocolos que está poniendo en práctica la institución.

Asimismo, el parlamentario anunció fiscalizaciones "al Hospital San Camilo para que entregue información respecto a los sumarios administrativos realizados en los últimos 5 años, las medidas disciplinarias para cada uno de estos y qué acciones han efectuado para resarcir daños o perjuicios ocasionados con motivo de las malas praxis. "Acá se debe realizar una investigación minuciosa porque no es posible que la lista de casos siga creciendo y el personal de salud, en vez de fiscalizar, permita que se protejan entre ellos", lamentó Longton.

En ese sentido, el parlamentario contó que está impulsando cuatro proyectos de ley que perfeccionan la reacción de las instituciones ante negligencias médicas y dan mayor protección a los pacientes.