En declaraciones a este Diario, parlamentarios de la región, pertenecientes a colectividades de oposición, piden al Presidente de la República que priorice el tema de la seguridad en la zona. El llamado, si bien procede de un sector político, tiene una acogida general, pues la materia afecta la vida diaria de las personas, ya sea por un creciente temor, como por hecho reales, algunos de mucha gravedad, como son los homicidios.

Y un ejemplo dramático lo tenemos en pleno centro de Viña del Mar donde una persona fue ultimada a puñaladas.

El senador de RN Francisco Chahuán afirma que "la violencia, los delitos y la inseguridad no pueden seguir impunes en nuestra región y las autoridades locales deben darse cuenta que no basta solo con discursos y frases hechas". Insiste el parlamentario en la incorporación de municipios y alcaldes en el frente de la seguridad. Tienen la voluntad de trabajar en esa dirección, pero, afirma, "están prácticamente solos y sin herramientas".

La diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, aludiendo a la inseguridad, la migración, el terrorismo y el narcotráfico, demanda "acciones urgentes y no decorativas como el despliegue de las FF.AA. en el norte, sin capacidad de actuar". Insistió en una materia que en seguridad es importante: "devolver a Carabineros de Chile el poder para actuar contra la delincuencia". Y ese poder que pide la parlamentaria debe significar respaldo a las policías, materia que resulta incómoda para algunos sectores del oficialismo. Por su parte, su par y correligionario Luis Fernando Sánchez se refirió a una materia que, justa o injustamente, flota en el ambiente: "Iniciativas del Gobierno que casi buscan proteger más a los delincuentes que a las víctimas".

A su vez, el diputado de Evópoli Hotuiti Teao recuerda que está pendiente desde casi un año el pedido al Ministerio del Interior de "un plan concreto que incluya medidas para combatir el narcotráfico, la inmigración ilegal y el crimen organizado".

Todos los puntos de vista planteados son de interés general y exigen decisiones urgentes, existiendo responsabilidades de los mandos policiales, del Ministerio Público, ahora con aires de renovación, y particularmente del Ejecutivo. En este último aspecto el plan concreto a que alude el diputado Teao debe traducirse en una iniciativa legal amplia acorde con la gravedad de la situación que estamos viviendo.

Hay que empoderar a las policías, sin reservas, y también se deben modificar las disposiciones legales en extremo garantistas que permiten aquella generosa puerta giratoria, cuya clausura ha sido solo un anuncio reiterado. En la lucha contra la delincuencia hay que pasar de las palabras a decisiones que sean reflejo de una real voluntad de terminar con un flagelo cuyas estadísticas en rojo no son únicamente trazos de tinta, sino que huellas de sangre.

El pasado lunes se cumplieron 13 años del terremoto del 27 de febrero de 2010, donde una importante parte de la infraestructura del país se vio comprometida. Desde entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Hoy estamos como país mejor preparados para enfrentar un terremoto de esa magnitud?

Claramente lo estamos. Las ciudades y localidades costeras cuentan con señalética de evacuación, sistemas de alarma temprana y lugares específicos establecidos como zonas seguras. Se identificaron e incorporaron en los planos reguladores las zonas de riesgo tanto por deslizamiento de tierra como por inundaciones por tsunami. Poblados completos, que antes estaban junto al mar, fueron trasladados a lugares seguros, como es el caso de la Caleta Tumbes.

También se diseñaron y construyeron viviendas antitsunamis para quienes prefirieron quedarse en su lugar de origen o donde la alternativa de reubicación no era viable, como en Dichato. Junto a esto, nuestra exigente normativa sísmica fue adecuada, incorporando los aprendizajes obtenidos de los estudios realizados posterremoto y en la actualidad podemos decir -con mucho orgullo- que contamos con una de las normativas de cálculo estructural para edificaciones más estrictas y seguras del mundo. Cualquier edificio que se haya construido en Chile siguiendo lo establecido en la NCh 433 debiera poder sobrellevar, sin grandes inconvenientes, sismos de alta magnitud, incluso como el ocurrido en Valdivia el 1960.

Pero los terremotos y tsunamis no son los únicos desastres naturales que se presentan en Chile. De hecho, Chile está permanentemente expuesto a siete de los nueve grandes desastres naturales que ocurren en nuestro planeta. Una muestra de ello es lo que está ocurriendo en la zona que abarca desde el Maule a la Araucanía, donde el fuego de los incendios forestales ha arrasado con cerca de 500.000 hectáreas de bosques y vegetación, ha cobrado 25 vidas humanas y consumido casi 2.000 viviendas, dejando cerca de 8.000 personas damnificadas.

Los sistemas de respuesta oportuna a este nivel de afectación están instalados para dar una respuesta relativamente rápida a las necesidades más urgentes, pero la tarea más dura comienza cuando la emergencia va en retirada y las expectativas de una rápida reconstrucción obligan a las autoridades a actuar con premura en la recomposición de las estructuras habitacionales y productivas, y que producto de la burocracia, normalmente, tardan más de lo necesario. Es aquí donde aún nos falta avanzar, en modernizar y automatizar los sistemas de respuesta del Estado que permitan un fluido proceso de reconstrucción, pero además que nos permitan hacerlo con la posibilidad de construir de forma más resiliente. Si bien es complejo resolver la ecuación de realizar una rápida reconstrucción y recomponer el tejido social y productivo, buscando edificar minimizando los riesgos, es imperativo que lo hagamos. Todo proceso de reconstrucción debiera hacerlo, de manera que contemos cada vez con una infraestructura de soporte social que sea más resiliente a los permanentes desastres naturales que nos remecen.