En medio de la preocupación que ha generado en el país la crisis financiera a la que se enfrentan las isapres luego del fallo de la Corte Suprema que obliga a aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en 2019 y devolver a los cotizantes todos los cobros en exceso desde esa fecha, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, informó a la comisión del ramo en el Senado que el Gobierno estima en 1.400 millones de dólares lo que deberán pagar las aseguradoras a sus afiliados, es decir cerca de 1,13 billones de pesos chilenos.

La secretaria de Estado detalló los tres principales lineamientos de la propuesta: flexibilización de pagos de excedentes con un plazo de 24 meses; refuerzo de Fonasa con la figura del seguro complementario para mejorar la cobertura; y mayores facultades para la Superintendencia en fiscalizaciones y multas.

"Esperamos ingresar el contenido del proyecto a fines de marzo, como habíamos dicho desde un principio; los contenidos tienen que ver con que se dé cumplimiento a las devoluciones y se comience con ese ejercicio, de acuerdo a lo que definió la Corte, que es el régimen de excedentes", expuso la ministra.

El propósito es que "tengamos una aplicación progresiva en el sentido de otorgar un plazo para el acatamiento total de la tabla de factores. Posterior a eso comenzaría la aplicación de la tabla y la suspensión de los cobros a los menores de dos años".

Preocupación

Estas cifras y propuestas fueron bien recibidas por algunos parlamentarios, pero hubo otros que manifestaron su preocupación por el riesgo que corre el sistema de salud del país.

El presidente de Comisión de Salud de la Cámara Baja, Tomás Lagomarsino (PR), manifestó que los representantes del Gobierno "han hecho propuestas claras y concretas, que anticipo que tienen una transversalidad política para poder avanzar rápidamente en ambas cámaras del Congreso".

El senador Iván Flores (DC) explicó que parte de lo propuesto está en el reforzamiento de Fonasa y que "se está trabajando con mucha delicadeza para que el sistema pague lo justo, lo que corresponda legalmente, pero que se haga en un plazo que les permita mantenerse".

Sin embargo, en Chile Vamos hay más pesimismo. El senador Francisco Chahuán (RN), dijo que "la propuesta de la ministra cumple con los elementos de la progresividad en la aplicación del fallo en términos de las tablas de factores", pero advirtió a radio Cooperativa sobre la eventual "avalancha o una migración masiva de afiliados de isapres a Fonasa" si es que no se resuelve el asunto de la certeza jurídica para los usuarios del sistema privado, lo que generaría "un incremento radical en las listas de espera".

Y para el senador Javier Macaya (UDI) resulta difícil que se cumpla el pago en el plazo estipulado: "Estamos hablando de 1.400 millones de dólares que representan las utilidades del sistema isapre de más de 20 años. ¿Alguien piensa que esa cifra puede ser pagada en 36 o más meses y asegurar la sostenibilidad del sistema y el efecto en cadena que puede implicar que caigan las isapres sin garantía para los afiliados de mantener su cobertura?".

"Propuesta tiene una transversalidad política para poder avanzar rápidamente en ambas cámaras del Congreso".

Tomás Lagomarsino, Diputado (PR)

"¿Alguien piensa que esa cifra puede ser pagada en 36 o más meses y asegurar la sostenibilidad del sistema?"

Javier Macaya, Senador (UDI)

La Fiscalía inició su investigación acerca del incidente en el que se ha visto involucrada en los últimos días la disputada Maite Orsini (Revolución Democrática) luego de que se la acusara de intervenir ante Carabineros para que se liberara al exfutbolista Jorge Valdivia luego de que este fuera detenido en enero pasado, lo que ha sido negado tajantemente por la parlamentaria.

El lunes declaró como imputada la legisladora y se espera que en los próximos días hagan lo propio la general de Carabineros Karina Soza y la esposa del exdeportista, Daniela Aránguiz, citadas en calidad de testigos, ante el Ministerio Público para entregar sus versiones de lo ocurrido.

La investigación fue abierta por el fiscal jefe del Centro de Justicia Patricio Cooper, de la zona metropolitana Centro Norte, luego de que recibiera la autodenuncia de la congresista.

En ese documento, ella pidió que se la indagara a raíz de las afirmaciones de Aránguiz, en el programa "Mucho Gusto", de Mega, en que le atribuyó influencia sobre fiscales y el poder de "hacer desaparecer papeles".

Las acusaciones se dieron en el marco de la detención de su excónyuge, ocurrida hace cerca de dos meses en Vitacura, dado que tras el procedimiento Orsini hizo una gestión ante la encargada de Derechos Humanos de Carabineros (la general Soza).

Las versiones

La legisladora reconoció el lunes en el Congreso una comunicación telefónica con la oficial, pero sostuvo que la realizó "únicamente para ponerle conocimiento de que habría una persona de alto conocimiento público (Valdivia) que estaría poniendo una denuncia" por apremios ilegítimos y detención ilegal.

También la jefa policial había admitido el contacto hace unos días y dijo que la legisladora le comunicó que "habría habido una vulneración de derechos de Jorge Valdivia". Debido a que, por ahora, no existen antecedentes sobre gestiones de la diputada que involucren a persecutores, como acusó Aránguiz, el Ministerio Público centró las pesquisas de la autodenuncia en el llamado telefónico a la general.

Así, la investigación se centrará, por ahora, en el eventual delito de tráfico de influencias. Esto, porque aún no existen antecedentes que den cuenta de otros posibles ilícitos.

Se espera que Soza concurra, de manera presencial, a las dependencias de la Fiscalía, para explicar su versión. Con esa diligencia se buscaría ahondar, comentan quienes conocen las diligencias del caso, en las declaraciones que hizo a la prensa, en las que menciona que fue contactada por la diputada.

Además, el Ministerio Público pedirá los antecedentes del sumario que inició Carabineros por la detención de Valdivia, en el contexto de un control de identidad.

Igualmente, esta semana Aránguiz debería acercarse al Centro de Justicia de Santiago, donde se emplaza la Fiscalía, para declarar presencialmente.