Seguridad: faltan medidas concretas
Más allá de las reuniones con las policías y altos mandos, aún no aparecen a la vista recursos y nuevos planes para enfrentar la violencia en Viña.
Aunque aún no existe respuesta formal, que se sepa, para la petición hecha por la alcaldesa Macarena Ripamonti de un fiscal con dedicación exclusiva para investigar los homicidios ocurridos en la parte alta de Viña del Mar en las últimas semanas, desde el Ministerio Público han planteado reticencia a la idea, bajo el argumento de que este tipo de ilícitos se aborda a través de las unidades especializadas dedicadas a los delitos violentos. En esa respuesta también hay un reconocimiento a las dificultades que enfrenta el ente persecutor, que en la Región de Valparaíso cuenta con 66 fiscales y una dotación de 264 funcionarios, para abordar incidentes en un territorio cuya superficie es de 16.396 km2, poco más del 2% de la superficie del país, y en la que viven casi un millón 540 mil habitantes, el 10,2% de la población nacional. Más aún, la fiscal regional Claudia Perivancic tiene sobre sus hombros algunas investigaciones emblemáticas de alcance nacional y su equipo debe preocuparse de delitos ocurridos desde la cordillera al mar, literalmente. En ese escenario, no es fácil que un persecutor abandone todo para dedicarse a un caso específico, aunque la conmoción pública provocada por los homicidios incite la formulación de este tipo de exigencias extremas. La misma estrechez de contingente rige para las policías -Carabineros e Investigaciones-, que por estos días quedaron sin el refuerzo que reciben para el verano, y para las unidades especiales de apoyo a la comunidad, que sufren las mismas precariedades propias de cualquier gestión municipal, no importa los cambios de nombre aplicados por la administración de turno, de Seguridad Ciudadana a Seguridad Humana en el caso de Viña del Mar.
En la última sesión del Concejo Municipal viñamarino, el edil Jorge Martínez advirtió de esta situación. Tras reunirse con el director de la unidad respectiva, el concejal expuso que Viña del Mar sólo cuenta con 24 patrulleros, siete de ellos con licencia médica, por tanto, los 18 restantes deben dividirse los tres turnos diarios que abarcan toda la comuna. El resultado es insuficiente para cubrir una comuna de las dimensiones que tiene la Ciudad Jardín, pero además resulta poco razonable si la real preocupación de las autoridades -alineada como debe estar de aquella que expresan cada día los vecinos- es la seguridad pública. Para que las peticiones a otras instituciones tengan un sustento que vaya más allá de dar una imagen pública de preocupación por la violencia desatada en los cerros, el municipio y la administrración que lidera Ripamonti deben poner sobre la mesa señales concretas de que abordará el problema con decisión y recursos. No basta con la foto junto al general de Carabineros.
La misma regla rige para la delegada presidencial regional, Sofía González, quien ayer se reunió con los mandos policiales y la Fiscalía para abordar el problema en los cerros viñamarinos. Los resultados de esa cita fueron los previstos: más coordinación, una fuerza de tarea en el sector y el aliento siempre necesario para que todas las instituciones trabajen en los objetivos. Pero aún falta que la delegada baje las buenas intenciones a recursos concretos, destinados a mejorar la vigilancia de los cerros problemáticos y darle, de una vez por todas, un respiro de tranquilidad a los viñamarinos que no pueden dormir por la delincuencia.