Enredado y farragoso, como tantas veces se ha repetido durante este primer año de Gobierno, la administración del Presidente Gabriel Boric llevó a cabo el viernes un segundo cambio de gabinete mayúsculo, con grandes sorpresas, omisiones y, por qué no, también correcciones.

La audacia de una suerte de refundación de Cancillería con Alberto van Klaveren, Gloria de la Fuente y Claudia Sanhueza (por Urrejola, Fuentes y Ahumada) fue, a todas luces y más allá de la frustrada nominación de Marta Maurás, el mayor gesto de gobernabilidad y liderazgo dado por el Mandatario, a sabiendas de que con la política exterior no se improvisa ni tampoco se juega.

Culturas y Deportes, ninguneados por la prensa capitalina y la política tradicional como carteras menores, también necesitaban de un cambio. Entendiendo que ambas esferas son quizás las mayores responsables de los cambios multidimensionales y sociales en las regiones, donde no existen ni en cantidad ni en calidad las áreas verdes, las multicanchas, ni los centros culturales y de esparcimiento que tiene Santiago, la llegada de gente experimentada y con pasado ejecutor como el exfutbolista Jaime Pizarro y el exdirector de TVN, Jaime de Aguirre, se agradece.

Extraño es lo de Ciencia, ministerio al cual no se la ha sacado ningún lustre y que anteayer vio llegar a Aisén Echeverry, su tercera secretaria de Estado sin que los dos anteriores hayan dejado algo para el recuerdo.

Y, por último, el reemplazo de Juan Carlos García por Jessica López en Obras Públicas fue una especie de crónica de una muerte anunciada. Nombrado más como cuoteo al Partido Liberal y guiño al presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, no contó nunca García con el expertise ejecutivo (de hecho, en nuestra Región hizo buena parte de su carrera gerenteando el Centro de Neurociencia, famoso por sus innumerables primeras piedras y cuyo futuro aún ni siquiera puede vislumbrarse). Súmese a ello baja ejecución presupuestaria y escasas concesiones para conformar un año más perdido que ganado.

Seguramente los 15 nuevos subsecretarios serán los que marcarán la agenda de este segundo año, a la espera de que de una buena vez por todas se termine de conformar un buen gabinete regional que tendrá por delante un sinfín de desafíos: echar a andar los diálogos que anteceden a la licitación del transporte público del Gran Valparaíso, no zozobrar por lo que pase o deje de pasar con el Consejo Constitucional, apoyar las tres grandes reformas (Pensiones, 40 horas y Salud) después del fracaso de la Tributaria y conseguir bajar los índices delictivos locales.

Por último, y no menos importante, la peculiar irrupción de Macarena Ripamonti como nombre en Educación, más allá de si se lo ofrecieron o no, cosa que ella niega, nos habla de una generación más pendiente de jugar al ajedrez político que de otra cosa. Es decir, si La Moneda o el propio RD pensaron seriamente en ello, sería un craso error. La alcaldesa todavía no termina de hacer bien una cosa para estar pensando en otra. Su responsabilidad con la ciudad y los habitantes de Viña del Mar excede cualquier supuesta oferta en Educación o Vocería, enrocando a Camila Vallejo, como se especuló el viernes.

Constituida la Comisión Experta que deberá redactar el primer borrador de un nuevo texto constitucional para nuestro país, respetando los lineamentos generales (bordes) ya fijados como bases constitucionales inamovibles -por las que velará un Comité Técnico de Admisibilidad-, corresponde que ahora inicie su trabajo para entregar, no probablemente un texto articulado, sino un desarrollo y ordenamiento más o menos completo de las 12 bases ya acordadas, sin perjuicio de incluir otros aspectos que den carácter de Carta Fundamental al texto que elaboren.

Demás está extenderse en resaltar la importancia de este primer paso y la responsabilidad de la Comisión en alcanzar los acuerdos necesarios para que su trabajo sea fructífero y pueda luego ser continuado en una segunda etapa por el Consejo Constitucional -íntegramente elegido-, que redactará el texto articulado, completo y definitivo que se nos propondrá para aprobarlo o rechazarlo en un plebiscito ciudadano.

Estructurado así el proceso constituyente, cabe preguntarse qué participación le cabrá a la sociedad civil, esto es, a personas, agrupaciones gremiales, partidos políticos, centros de estudios, universidades y tantas otras organizaciones de la civilidad que tengan interés en hacer llegar sus planteamientos, ideas e incluso intereses particulares para que sean considerados en el debate y resoluciones de ambas instancias redactoras colegiadas. Es este un tema no menor, ya que una acertada resolución del asunto otorgará mayor legitimidad al proceso y a su resultado final.

Avanzando en la materia, la Comisión Experta ha entregado ya los primeros lineamientos al establecer cuatro mecanismos de participación ciudadana, a saber: iniciativas populares de norma, diálogos, consultas ciudadanas y audiencias. Ha comunicado, también, algunas normas que regirán estas instancias para asegurar una participación seria, ordenada y efectiva de la ciudadanía en este trascendental proceso que fijará en un texto madre las normas básicas del futuro institucional, político, económico, social y cultural de nuestro país.

La participación de los ciudadanos en este proceso constituyente se dará no solo con la intervención directa en el seno de los órganos redactores, sino también por medio de un amplio, variado y enriquecedor debate público a través de los distintos medios de comunicación, quienes, entonces, se convertirán en importantes y decisivos protagonistas del mismo y colaborarán de una manera determinante en formar la opinión pública que decidirá aprobar o rechazar el texto final en un plebiscito ratificatorio. Por lo demás, esto quedó de manifiesto en el fallido proceso constituyente anterior, de modo que bien harán los constituyentes en considerar este punto de manera relevante.

Por otra parte, en esta materia resultan inaceptables las presiones por medio de la violencia o la amenaza de ejercerla -como ya lo ha anunciado el Partido Comunista, llamando a movilizaciones sociales- para torcer la autonomía de los redactores e imponerles por el temor que el texto que redacten contenga tales o cuales definiciones o instituciones que a ciertos sectores de raigambre totalitaria les resulten adecuadas para alcanzar el poder político, la estatización de la sociedad y el control de los ciudadanos.

Al respecto, resulta necesario recordar que corresponde al Gobierno la responsabilidad de la mantención del orden público y de garantizar un clima de tranquilidad y de seguridad que permita a los constituyentes trabajar sin presiones ni temores y poder, así, con plena autonomía, culminar su trabajo. Esperemos que la actual administración, en este punto, esté a la altura de las circunstancias.

Lo que pasó el pasado 8 de marzo en la Cámara de Diputados y Diputadas es una oportunidad desaprovechada, oportunidad para quienes quieren un país con mejor distribución de la riqueza, para quienes han luchado por pensiones dignas, por el fortalecimiento del sistema de salud, para quienes exigen mayor presencia policial en las calles. Una oportunidad de ampliar garantías de derechos sociales e impulsar la diversificación productiva y la descentralización. Una oportunidad para avanzar en el desarrollo del país. Se hipotecan así los sueños de la clase media trabajadora, las mujeres, las mipymes, los más vulnerables, a costa de los defensores de sus privilegios.

El portazo a la idea de legislar la reforma tributaria impide alcanzar estos objetivos y deja sin financiamiento iniciativas en directo beneficio de aquellos que más lo necesitan, como el aumento de la PGU a $ 250.000, el acceso universal a sala cuna, el sistema nacional de cuidados, el aumento de la asignación familiar y el subsidio único familiar, la reducción de la lista de espera y el incremento de recursos para la atención primera de salud, entre otros. Sin recursos no hay más seguridad, no hay mejor salud, no hay mejores pensiones. Es decir, el sector político que votó en contra de la reforma tributaria lo hizo en contra de las personas más necesitadas de nuestro país

Entonces, ¿cómo se explica que una propuesta que beneficia a una mayoría de un país se haya rechazado? Esta es la consecuencia de un sector político que, justo cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, intenta hacer que las cosas no cambien, defendiendo una postura ideológica, olvidando que en el centro de las decisiones políticas deben estar las personas y su bienestar político, económico y social. Con este rechazo solo ganan quienes buscan evadir y eludir impuestos y enriquecerse a costa de todo Chile; gana una minoría privilegiada, estancando a Chile y cerrándole la puerta a la gente.

Desde el Gobierno reafirmamos el compromiso de avanzar hacia una reforma tributaria que pueda ser realidad en Chile y que responda a las urgencias que la ciudadanía exige que hoy sean resueltas. Para eso, seguiremos buscando todos los mecanismos que habiliten un debate serio en el Parlamento, para tener finalmente un sistema tributario que nos permita recaudar lo que se requiere para financiar los anhelos de los chilenos y chilenas y las ayudas sociales. En este camino, esperamos que exista también la voluntad real de la oposición y de otros sectores. El diálogo fructífero, el entendimiento y la unidad son el único camino a fin de avanzar hacia una mayor justicia tributaria y un país digno y justo para todos y todas, donde el centro sean las personas y una mejor calidad de vida.