LA TRIBUNA DE LA CANDIDATA Descentralización: una mirada a las propuestas para un desarrollo sostenible y equitativo
POR LUIGINA PRUZZO GUERRA, PRESIDENTA DE LA CÀMARA DE TURISMO DE OLMUÉ Y CANDIDATA A CONSEJERA CONSTITUCIONAL
En los últimos años, se han aprobado en Santiago varios proyectos con potencial impacto negativo en el medioambiente de distintas regiones del país. Algunos ejemplos son el intento de construir la termoeléctrica Los Rulos, en la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas, que finalmente no se llevó a cabo debido a la fuerte oposición local; la construcción de las megatorres de alta tensión de Cardones-Polpaico, que han dejado una cicatriz dolorosa en la zona; y el daño permanente causado en Quintero-Puchuncaví.
Los casos mencionados anteriormente han llevado a la comunidad a organizarse junto a las autoridades locales para protegerse en asuntos que deberían haberse discutido y decidido a nivel regional, si se tratara en un país verdaderamente descentralizado. En este sentido, la convivencia y el equilibrio entre el desarrollo económico, comunitario y social deben ser regulados, planificados y trazados conjuntamente con la participación real de las comunidades. Sin embargo, en Chile, que es uno de los países más centralizados de la OCDE, esto no ocurre, lo que crea un escenario negativo tanto para las regiones como para Santiago. Todo lo anterior hace inevitable la pregunta acerca de cómo se puede cambiar una cultura predominantemente centralista.
Para abordar este problema, en primer lugar se deben establecer reglas de descentralización fiscal que aseguren y hagan efectiva la autonomía presupuestaria de los gobiernos regionales y locales. Esto permitiría que las regiones se beneficien de forma más directa de las actividades que se desarrollan en ellas, manteniendo el equilibrio macroeconómico y fiscal, y evitando las disparidades entre los territorios.
Otra propuesta es la creación de un sistema de organización territorial basado en regiones o macrorregiones, con el modelo ya instalado de un gobernador elegido popularmente y no nombrado por el gobierno central, pero con reales y amplias competencias y poder de decisión en planificación del ordenamiento territorial, transporte, descontaminación, infraestructura, entre otras materias. En definitiva, un modelo que logre equilibrar competencias, poder de decisión, recursos y participación ciudadana, lo cual es esencial para un desarrollo sostenible y equitativo.
Finalmente, es importante que el Estado reconozca a los pueblos originarios, como parte de una sola nación, manteniendo la condición de territorio especial y generando estatutos específicos que protejan, por ejemplo, a Rapa Nui y su pueblo, como pilar de la descentralización.
La descentralización es una oportunidad para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en Chile. Y no sólo eso. La descentralización podría mejorar la calidad de vida de las personas al permitir que las decisiones se tomen a nivel local y se adapten mejor a las necesidades específicas de cada región. Asimismo, al descentralizar la toma de decisiones se abre la puerta para que las regiones tengan más libertad para experimentar con nuevas políticas y soluciones creativas a los problemas locales, lo que podría impulsar la innovación. Y en última instancia, cuando atravesamos una profunda crisis de legitimidad de nuestra institucionalidad, la descentralización también juega un papel fundamental en relegitimar decisiones que se toman de manera más local y participativa.
Todo lo anterior cobra especial relevancia en el marco del proceso constitucional que atraviesa nuestro país. De ahí la importancia de que quienes sean los encargados de redactar la próxima propuesta constitucional pongan énfasis en generar reglas de descentralización fiscal, un modelo de regiones o macrorregiones con mayores competencias y poder de decisión, ampliar los mecanismos de participación ciudadana y reconocer a los pueblos originarios como parte de una sola nación. Así, podremos avanzar hacia un país más justo y próspero para todos.
"Es importante que el Estado reconozca a los pueblos originarios, como parte de una sola nación, manteniendo la condición de territorio especial y generando estatutos específicos que protejan, por ejemplo, a Rapa Nui y su pueblo, como pilar de la descentralización".