Antes que el fracaso de la reforma tributaria se transformara en un golpe a la línea de flotación de su Gobierno, el Presidente Gabriel Boric decidió dar un giro a la forma cómo se había gestionado la iniciativa que lideraba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, e inició una ronda de reuniones, consultas y análisis con distintos sectores del país, antes de escoger alguna de las varias opciones que tiene para reflotar la idea. La actitud del Mandatario es un claro mensaje a su propia Coalición, que había estructurado su programa en un plan de transformaciones financiado con los mayores impuestos propuestos por el equipo de Hacienda y veía en el rechazo de la iniciativa en el Congreso un conflicto mayor para cumplir sus promesas de gobierno, con tres intensos años electorales por delante. Un proceso renovado abre la oportunidad a que cada asociación vinculada a la economía, la industria o la academia haga sus propias propuestas sobre el mejor camino para que el país pueda financiar las soluciones a sus necesidades más urgentes.

A nivel local, el presidente de la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva), Gerald Pugh, postula que antes de imponer nuevos impuestos, el Estado debe mejorar su eficiencia, evaluar los programas que sustenta y eliminar aquellos que hayan demostrado ser innecesarios e ineficientes. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), sede Valparaíso, Gabriel Benavente, reflexiona en esta misma página sobre el giro que debe dar el Ejecutivo en su planteamiento para alcanzar una mayor recaudación. Su propuesta, bastante asertiva, es que en un escenario de alta incertidumbre económica la mejor solución para conseguir mayores recursos es reimpulsar la inversión, cerrar las brechas abiertas en los últimos años y retomar el diálogo y los grandes acuerdos como principales herramientas para avanzar hacia el desarrollo nacional.

Tanto Pugh como Benavente coinciden en que cualquier medida que busque reactivar la economía regional pasa por acelerar la aprobación de nuevos proyectos de inversión. Esto no solamente significa destrabar la eterna burocracia que entrampa los proyectos, sino también ajustar los procesos de tramitación ambiental para que entreguen las certezas adecuadas sobre el destino de las iniciativas. Actualmente, cualquier gran propuesta debe pasar por tantas capas distintas de tramitación, que pueden pasar años -una década en algunos casos-, antes que ese proyecto obtenga sus primeros permisos, si es que sus impulsores no terminan hastiados entre tanta maraña administrativa.

En tiempos en que todos pueden instalar un programa de inteligencia artificial en su teléfono, resulta inexplicable que el Estado no haya sido capaz de implementar mecanismos de evaluación más eficientes, rápidos y certeros, porque al final de cualquier análisis, esa es la principal exigencia que hacen los dirigentes empresariales del país y la Región; no menores impuestos, sino certezas de que los buenos proyectos contarán con los permisos necesarios para aumentar el crecimiento y, por lógica añadidura, fortalecer las arcas del Estado para los exigentes desafíos que debe enfrentar.

Sólo por el hecho de gravar el ahorro y la inversión, ya era un mal proyecto y por eso es una buena noticia el rechazo de la propuesta de reforma tributaria, especialmente porque tendría un impacto negativo en empresas medianas y pequeñas, vitales para la actividad y el empleo regional, en un muy mal momento para la economía y luego de años de pandemia, crisis económica y endeudamiento.

Pero, además, creemos que si el objetivo es generar recursos para financiar las legítimas demandas y satisfacer las necesidades de los chilenos y chilenas, especialmente de las familias más vulnerables, es el camino incorrecto.

Por cierto, el Estado necesita recursos permanentes para cubrir las demandas de la ciudadanía de manera sostenible, pero dado el momento que vive el país y los problemas de la economía, hoy debemos concentrar nuestros esfuerzos en promover la actividad y facilitar a todo nivel las tramitaciones de proyectos, la materialización de inversiones trabadas o postergadas y atraer nuevas.

Un ejercicio simple nos permite proyectar que un aumento de 5% de la inversión provocaría un incremento de 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Y por cada punto que crece el PIB, aumenta en 2% el empleo y en 1% la recaudación fiscal.

Por eso proponemos aumentar la recaudación fiscal, vía un enfoque que impulse la inversión. Si se dan estímulos correctos a la inversión privada, el Estado puede recaudar recursos frescos para los programas sociales. Y facilitar el trabajo y financiamiento, y apoyar el crecimiento de la las pymes, es una buena opción para hacerlo.

Junto con ello, es un deber de todos los actores del Estado mejorar la eficiencia del gasto público, eliminando la burocracia que desalienta el emprendimiento, y aumentar la formalidad; del mismo modo que los representantes del mundo privado debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias, que son necesarias para cumplir con los compromisos sociales del país.

Pero para lograr todo esto, debemos primero recuperar la buena política. Por eso el llamado hoy, a todos los sectores, es a recuperar la amistad cívica y a dialogar, sin descalificaciones ni prejuicios, para alcanzar los consensos básicos y amplios necesarios que permitan generar condiciones de estabilidad, respeto a la institucionalidad, certeza jurídica y seguridad ciudadana, que es lo reactivará las inversiones y toda la economía.

Este es el camino que permitirá que haya más y mejores empleos, oportunidades y bienestar para todos y todas, que es lo que la ciudadanía reclama.

Mejorar la calidad de vida de las y los chilenos es nuestra misión y fue un objetivo que inspiró a los socios que fundaron nuestra Cámara. Y por cierto que es un propósito que compartimos con el Gobierno y con parlamentarios de todos los sectores. Por eso creemos que lo mejor para Chile es que trabajemos unidos para lograrlo. Para ello, como gremio siempre estamos disponibles.