Claudio Ramírez

En octubre de 2021, cerca de 250 trabajadores de la excaleta Sudamericana se movilizaron desde Quintero hacia la bahía de Valparaíso en búsqueda de soluciones, luego que se venciera el plazo para su estadía en la vecina localidad y quedarse sin un lugar físico para desempeñar sus labores.

En medio de las protestas se produjeron una serie de incidentes entre los pescadores y personal de la Armada, tanto en el muelle como también en el mar, lo que incluso provocó la intervención directa del gobernador regional, Rodrigo Mundaca. A raíz de todos esos episodios, ayer se concretó la formalización de 22 trabajadores de los sindicatos que participaron en las manifestaciones -Sipsa y Sipelanch- luego de sendas querellas presentadas por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y miembros de la Armada que resultaron lesionados.

Plazo de investigación

En una audiencia, encabezada por el magistrado Juan Carlos Maggiolo, uno a uno los trabajadores fueron formalizados, fijándose un plazo de 90 días para realizar la investigación. Además, se calendarizó una próxima audiencia para el 25 de abril donde se discutirá la posibilidad de llegar a un acuerdo y así contar con una salida alternativa.

"Se llevó a cabo una audiencia de formalización en la investigación por desórdenes públicos en el caso de los sucesos ocurridos en avenida Errázuriz y en el Muelle Prat por parte de pescadores. Se dieron 90 días de plazo de investigación en los cuales se realizarán diligencias pendientes", comentó el fiscal Javier Carrasco.

También en ese tiempo se pueden realizar otras diligencias a solicitud de las partes y ver la opción de una salida alternativa o bien seguir la tramitación hasta su conclusión definitiva. "A todos se les imputó la calidad de autores", comentó el abogado Mario Zumelzu, que defiende a 10 de los trabajadores imputados, principalmente del sindicato Sipelanch. "El día 25 de abril se fijó una audiencia para ver una suspensión condicional de procedimiento y en un caso en particular una salida alternativa, vía acuerdo reparatorio, pues no tiene una atenuante de salida de suspensión condicional", agregó el profesional.

Asimismo, detalló el momento que viven sus representados donde hasta ahora, subrayó, el progreso es menor respecto a la posibilidad de encontrar una solución definitiva respecto a un problema que, en definitiva, motivó las protestas por las cuales hoy enfrentan a la justicia.

"La verdad que todos nuestros representados hoy son itinerantes, no tienen una caleta donde fondear, no se admitió en definitiva que se quedaran en Caleta Sudamericana. Está vencido el contrato con El Manzano (Quintero) y no hay caleta. Yo en lo personal soy muy pesimista respecto de que este gobierno vaya a cumplir la promesa de anteriores administraciones, también en el sentido de dotar de una nueva caleta a la gente de Sipelanch y del otro sindicato afectado por esta materia", manifestó, añadiendo que "estamos teniendo reuniones pero la verdad que los grados de avances son nulos".

Por su parte Felipe Olea, que tiene la representación de los 12 formalizados restantes que pertenecen al sindicato Sipsa, manifestó que "lo curioso, lo paradójico es que ese día las principales víctimas fueron nuestro representados", dijo, recordando que varios resultaron impactados por balines.

También fue crítico, sobre todo de la acción legal interpuesta por la empresa portuaria. "Creemos que la actuación de EPV es para establecer una mordaza, lo que están tratando de hacer en este caso es criminalizar la protesta".

En cuanto a un eventual acuerdo añadió que hay disposición, siempre y cuando esto no implique determinadas restricciones para sus defendidos.

"Vamos a buscar todas las formas para que estos pescadores no resulten responsables de estos hechos. Evidentemente se podrán evaluar salidas alternativas, pero si lo que EPV pretende es que los pescadores firmen un acuerdo por el cual se les prohíba el ingreso al Muelle Prat en los años venideros, desde luego que para ello no estamos disponibles", dijo.

Algunos trabajadores también manifestaron su extrañeza ya que, señalan, que al momento de los hechos no se encontraban en la zona. "El día de los desórdenes yo estaba en Antofagasta. Y sé que varios de los armadores estaban en otros puertos. Cada embarcación tiene una numeración y allí seguramente buscaron al dueño de las embarcaciones", dijo Cristián Gallardo.

Este medio se contactó con la estatal para tener alguna declaración sobre lo acontecido, pero no emitió ningún comentario al respecto.

"Se llevó a cabo una audiencia de formalización (...) por desórdenes públicos en el caso de los sucesos ocurridos en avenida Errázuriz y en el Muelle Prat".

Javier Carrasco, Fiscal del caso

"Creemos que la actuación de EPV es para establecer una mordaza, lo que están tratando de hacer en este caso es criminalizar la protesta".

Felipe Olea, Abogado defensor