Correo
Proceso y FF.AA.
Inesperado inicio del nuevo proceso constituyente. Queda fuera del proyecto el Capítulo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, instituciones que son el pilar de la estabilidad democrática en la medida que no sean politizadas. Se ha ignorado que de no otorgarse garantías y protección constitucional al ingreso, carrera funcionaria, ascensos, retiros, autonomía disciplinaria, exclusividad en uso de las armas y otros aspectos sustanciales, dejan de ser instituciones del Estado y se convierten en guardias pretorianas de los gobernantes de turno, que tienen así el control de la fuerza y la opción de perpetuarse en el poder. Sobran los ejemplos históricos y actuales.
La reciente aventura golpista del expresidente peruano habría prosperado de haber contado con la anuencia de las instituciones armadas y policiales. Mantener las armas en buenas manos es la única garantía real de democracia y alternancia en el poder ante gobiernos civiles sin convicción democrática. Nicaragua, Cuba y Venezuela dan fe de ello.
Mario Cortés Cevasco
Rango constitucional
La decisión de la Comisión Experta de incluir a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el capítulo relacionado a la Administración de Gobierno, eliminando el Capítulo XI de la actual Constitución que las consagra expresamente, resta a nuestros institutos armados el debido rango constitucional del que siempre han gozado y, desnaturalizando su función -existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional-, las convierte en reparticiones públicas administrativas controladas por los gobiernos de turno.
Quienes quieren eliminar el carácter profesional y tomar el control político de nuestras FF.AA. alegan que estas deben quedar "supeditadas al poder civil", escondiendo la verdadera intención, esto es, que queden "supeditadas al poder político", lo que resulta inaceptable y de un alto riesgo para el desenvolvimiento de nuestra futura democracia. Las FF.AA. deben lealtad no a los gobiernos, sino a la patria y a la institucionalidad vigente.
De prosperar la idea de ciertos constituyentes de negar a las FF.AA. su debido rango constitucional y dejarlas bajo el control del Ejecutivo, será, por el peligro que encierra, causa suficiente para volver a rechazar la propuesta constitucional que se nos proponga.
Francisco Bartolucci Johnston
Uso de la fuerza
Luego de un nuevo asesinato de un carabinero, el Gobierno anuncia que dará urgencia a 16 proyectos de seguridad y orden público y que ingresará prontamente un proyecto sobre "Uso de la fuerza en Carabineros", lo que esperamos se concrete pronto y con reglas que sean aplicables y seguras para los que otorgan seguridad a la ciudadanía.
Es preciso destacar que si hoy un miembro de las Fuerzas Armadas se ve sometido en forma similar al trágico evento a que se vio enfrentado el mártir cabo primero Álex Salazar en una zona de Estado de Excepción o una zona fronteriza, es muy probable que con los decretos supremos vigentes del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa sobre Reglas del Uso de la Fuerza, le pase prácticamente lo mismo. No tengo espacio en esta carta para explicar los ocho pasos y reglas que se deben cumplir para poder usar un arma de fuego, pero basta leer con detenimiento lo dispuesto en ambos decretos supremos para comprobar que son impracticables e insuficientes para proteger la vida de los que dan su vida por sus semejantes.
Carlos Fanta De la Vega
Proyecto de 40 horas laborales
El proyecto de ley de 40 horas en lo esencial se traduce en una modificación del Código del Trabajo que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, considerando cierta gradualidad anual. Sin embargo, parece no considerar que existen funcionarios públicos que se regulan por dicho cuerpo legal por remisión de normas estatutarias, a los cuales se les debería aplicar esta reducción de jornada.
Según la Dipres, en el gobierno central hay cerca de 35.000 funcionarios en esta situación (8%) y en el mundo municipal, si bien son menos (cerca de 1.600), el tema se complica por cantidad de trabajadores de las corporaciones de salud y educación. Lo cuestionable es que en áreas sensibles, como salud y educación, la administración central municipal de esos servicios tendrá una jornada distinta (40 horas) a la que tengan docentes, asistentes de la educación o profesionales de la salud (44 horas), sin que dicha diferencia de jornada tenga algún sustento que impida calificarla como arbitraria e, incluso, inconstitucional.
Christopher Gotschlich Abogado y académico UCEN
Relaciones diplomáticas
Si Chile tiene un mínimo de autoestima, debe romper relaciones diplomáticas con Venezuela y no aceptar ningún nacional de ese país en nuestro territorio, sea ilegal o legal, y retirarse de todo tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas que tengan que ver con el derecho de migración.
Renzo Follegati Ghio
Los impactos del metaverso
La palabra metaverso fue introducida por el escritor Neal Stephenson en 1992, en la novela de ciencia ficción Snow crash. En el libro se describe como una especie de espacio virtual colectivo compatible y convergente con la realidad. Hoy, debido a las fuertes inversiones de los gigantes de la informática en las tecnologías que se necesitan para interactuar dentro del metaverso, como Oculus VR (realidad virtual), gafas AR (realidad aumentada) e interfaz cerebro-máquina a través de la neurorrealidad aumentada (NeR), debemos ampliar la definición. ¿Cuánto más? Podría ocurrir que el metaverso sea sólo una estrategia de marketing para vendernos gafas, pero también podría suceder que se convierta en una futura internet más invasiva, capaz de colarse en todas nuestras experiencias de vida.
Esta realidad hiperdigital en poco tiempo podría llegar a reconfigurar las reglas del juego en cuanto a la forma en que nos relacionamos. Las consecuencias frente a este incipiente fenómeno deben pensarse en serio porque tendrán impacto en los mercados y en la plasticidad neuronal de las personas, siendo los niños y niñas los más vulnerables.
Habrá que preguntarse por los impactos en la identidad, agencia de las personas, integridad mental y libertad cognitiva, además de aspectos de propiedad intelectual y demás consideraciones patrimoniales. Debemos discutirlo en varios frentes, desde los derechos fundamentales de las personas, así como el impacto en la innovación y sustentabilidad de las tecnologías inmersivas y las consecuencias distópicas de la inmersión hiperdigital en las poblaciones. ¡Tenemos mucho que analizar!
Dra. María Isabel Cornejo Plaza Investigadora del Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile