La confusión sobre los narcofunerales
El ministro de Educación calificó de "buena decisión" la suspensión de clases en 10 colegios. Poco después la ministra del Interior rectificó esa posición.
Por cierta casualidad difícil de escrutar, en el mismo momento en que varios colegios y universidades de Playa Ancha suspendían clases debido al clima de inseguridad que se percibía ante el inminente funeral de Camilo Noé Rojas Chepulich, de 27 años, conocido como el "Ñaju", y acribillado hasta la muerte por integrantes de una banda rival la semana pasada, el Congreso aprobaba una actualización a la persecución penal de los delitos vinculados al crimen organizado. El proyecto, visado por la mayoría de los diputados en su tercer trámite, adapta la legislación nacional a las nuevas formas de organización criminal y, en particular, consagra medidas especiales de protección para las víctimas y testigos de estos casos, hasta igualarlas a las que están vigentes para la Ley 20.000.
Sin embargo, todos los signos de euforia o entusiasmo surgidos de los parlamentarios que sesionaban en el edificio de calle Pedro Montt quedaron opacados por la dura realidad que se vivía a algunas cuadras de allí, en el municipio porteño, donde Carabineros, alcalde y autoridades regionales analizaban las medidas de resguardo para evitar que los amigos del "Ñaju" provocaran desórdenes como los vistos en otros funerales vinculados al narcotráfico -hace menos de diez días hubo once detenidos en Gómez Carreño-, aunque el daño principal ya estaba hecho. Los escolares y universitarios perdieron clases, muchos vecinos se enclaustraron en sus casas por temor al poder del crimen barrial y varias calles cercanas a la sede social donde era velado el delincuente fueron cerradas por sus cercanos para evitar el paso de vehículos, alejar a invitados indeseados y demostrar quiénes son los verdaderos dueños del sector. Para el bronce de la jornada quedan las palabras de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien hizo una velada crítica a las autoridades locales por la suspensión de clases -de pasada le quitó el piso al ministro de Educación, que la consideró una buena medida- y planteó con su acostumbrado énfasis que "no podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar". La sugerencia llega tarde, porque esto ya ocurre, pero sólo como el síntoma de un problema más estructural y preocupante, ante el cual no se aprecia por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales, es decir, del Estado en su conjunto, una respuesta clara, contundente y capaz. Hay una ola de violencia que se ha tomado los cerros en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y muchas otras comunas del país y para la cual no existen nuevas soluciones, sino pequeños maquillajes a los viejos planes y estrategias aplicados desde hace años. En este ambiente de confusión total pueden surgir ideas de alcance dudoso, como la expuesta ayer por el diputado Tomás Lagomarsino, que propone restringir los funerales narco al periodo entre las 23 y las 5 horas, a decisión del delegado presidencial, según indica el artículo único del proyecto de ley firmado por el parlamentario. Para qué arruinar la jornada escolar diaria, cuando se puede garantizar una noche de fuegos artificiales y disparos al aire por toda la ciudad, parece sugerir el parlamentario.
Todo esto muestra la falta de decisión política para hacer lo se requiere en estos casos: una intervención policial mayor, capaz de invertir los papeles, para que no sean los escolares y sus familias quienes queden encerrados en sus casas con temor, sino los delincuentes que hoy campean por las calles.