Por cierta casualidad difícil de escrutar, en el mismo momento en que varios colegios y universidades de Playa Ancha suspendían clases debido al clima de inseguridad que se percibía ante el inminente funeral de Camilo Noé Rojas Chepulich, de 27 años, conocido como el "Ñaju", y acribillado hasta la muerte por integrantes de una banda rival la semana pasada, el Congreso aprobaba una actualización a la persecución penal de los delitos vinculados al crimen organizado. El proyecto, visado por la mayoría de los diputados en su tercer trámite, adapta la legislación nacional a las nuevas formas de organización criminal y, en particular, consagra medidas especiales de protección para las víctimas y testigos de estos casos, hasta igualarlas a las que están vigentes para la Ley 20.000.

Sin embargo, todos los signos de euforia o entusiasmo surgidos de los parlamentarios que sesionaban en el edificio de calle Pedro Montt quedaron opacados por la dura realidad que se vivía a algunas cuadras de allí, en el municipio porteño, donde Carabineros, alcalde y autoridades regionales analizaban las medidas de resguardo para evitar que los amigos del "Ñaju" provocaran desórdenes como los vistos en otros funerales vinculados al narcotráfico -hace menos de diez días hubo once detenidos en Gómez Carreño-, aunque el daño principal ya estaba hecho. Los escolares y universitarios perdieron clases, muchos vecinos se enclaustraron en sus casas por temor al poder del crimen barrial y varias calles cercanas a la sede social donde era velado el delincuente fueron cerradas por sus cercanos para evitar el paso de vehículos, alejar a invitados indeseados y demostrar quiénes son los verdaderos dueños del sector. Para el bronce de la jornada quedan las palabras de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien hizo una velada crítica a las autoridades locales por la suspensión de clases -de pasada le quitó el piso al ministro de Educación, que la consideró una buena medida- y planteó con su acostumbrado énfasis que "no podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar". La sugerencia llega tarde, porque esto ya ocurre, pero sólo como el síntoma de un problema más estructural y preocupante, ante el cual no se aprecia por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales, es decir, del Estado en su conjunto, una respuesta clara, contundente y capaz. Hay una ola de violencia que se ha tomado los cerros en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y muchas otras comunas del país y para la cual no existen nuevas soluciones, sino pequeños maquillajes a los viejos planes y estrategias aplicados desde hace años. En este ambiente de confusión total pueden surgir ideas de alcance dudoso, como la expuesta ayer por el diputado Tomás Lagomarsino, que propone restringir los funerales narco al periodo entre las 23 y las 5 horas, a decisión del delegado presidencial, según indica el artículo único del proyecto de ley firmado por el parlamentario. Para qué arruinar la jornada escolar diaria, cuando se puede garantizar una noche de fuegos artificiales y disparos al aire por toda la ciudad, parece sugerir el parlamentario.

Todo esto muestra la falta de decisión política para hacer lo se requiere en estos casos: una intervención policial mayor, capaz de invertir los papeles, para que no sean los escolares y sus familias quienes queden encerrados en sus casas con temor, sino los delincuentes que hoy campean por las calles.

A cinco años del inicio de la década del agua para el desarrollo sostenible, la ONU llama a "acelerar el cambio" en el marco del Día Mundial del Agua, con el objetivo de cumplir con las metas comprometidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre "Agua limpia y saneamiento".

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se está desarrollando en Nueva York, nuestro país asumirá compromisos para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todas y todos, así como también en cuanto a transparencia de la información sobre calidad de las aguas, ciencia inclusiva para la seguridad hídrica y la gestión integrada de los recursos hídricos.

Nuestro norte es avanzar hacia una mejor institucionalidad y gobernanza del agua, tanto a nivel central como en las cuencas, por lo que a través del Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa -compuesto por los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas, Agricultura, Energía, Minería y Ciencias- se definió con gobernadores y gobernadoras las 16 cuencas piloto para comenzar la implementación de los Consejos de Cuencas, siendo en nuestra región la cuenca piloto Ligua, cuya experiencia y las de otras regiones servirán de insumo para un proyecto de ley que establezca las atribuciones y alcances de estos consejos y que se presentará este año en el Congreso.

De acuerdo a la normativa vigente, tanto el Código de Aguas como la Ley Marco de Cambio Climático establece la implementación de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en todas las cuencas, con estándares compatibles con las metas del ODS6 y actualizables periódicamente, por lo que contamos con estudios específicos de 48 cuencas que servirán de insumo para iniciar con su implementación de manera coordinada.

Si bien debemos apresurar el paso, hay avances que debemos reconocer. El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Y en el reformado Código de Aguas publicado en abril del año pasado, recién se estableció que la Dirección General de Aguas del MOP debe priorizar el uso para el consumo humano. Concretamente, esto se ha materializado a través de la obtención de autorizaciones temporales para los Servicios Sanitarios Rurales mientras tramitan su derecho de aprovechamiento de aguas.

Este 22 de marzo, en la celebración del Día Mundial del Agua, la ONU invita a asumir compromisos y contribuir con medidas a distintas escalas para el cuidado del agua. Desde la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas lo estamos haciendo, pero sabemos que el contexto de cambio climático requiere un esfuerzo de todos los estamentos, públicos y privados.